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Torra se muestra desafiante ante el juez y admite la desobediencia al no retirar los lazos

El ‘president’ niega la autoridad de la Junta Electoral y asegura que solo el Parlament puede censurarle

Quim Torra, a la puerta del tribunal, antes del inicio del juicio.

Lo había anunciado la víspera: no pensaba defenderse, sino atacar. Y cumplió cuando convirtió su última palabra en un discurso político en el que cargó una y otra vez contra la justicia. Quim Torra afirmó este lunes ante el tribunal que le acababa de juzgar por desobediencia que, aunque le condene, él considera que su legitimidad como president seguirá intacta: “Solo el Parlament escoge a sus presidentes o los censura”. En una declaración en la que no renunció a la defensa jurídica, admitió haber desobedecido la orden de la Junta Electoral de retirar lazos amarillos en campaña; lo hizo, afirmó, porque pensaba que la orden era “ilegal”.


Quim Torra no es Artur Mas ni se sentó en el banquillo por organizar una consulta sobre la independencia, sino por negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de los políticos independentistas presos. Tampoco su juicio es el del procés ni se le piden penas de prisión, aunque puede perder el cargo si es condenado: la Fiscalía solicita 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. Todo eso explica el discreto apoyo que recibió el president en su cita en el Palacio de Justicia: unas 500 personas —el Govern, eso sí, casi al completo— le arroparon a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A la sala de vistas entraron solo su mujer, su hijo, su jefe de gabinete y un vicepresidente del Parlament. En la calle, la protesta se desinfló con apenas unas decenas de personas.

Sin embargo, Torra no perdió la ocasión de convertir su juicio en una suerte de mitin y, a su manera, en un desafío verbal al Estado. “A mí me escogió el Parlament, y es al único a quien debo obediencia”, dijo. “Me podéis condenar, pero no cambiaréis la voluntad del pueblo de Cataluña”, dijo de forma un tanto melodramática —llevaba anotada su intervención en hojas de papel— al hacer uso de la última palabra. Es un derecho que asiste a todo acusado para alegar algo a su favor. El tribunal fue el objeto de los continuos dardos de Torra. Le acusó de parcial —ha recusado, sin éxito, a dos de los tres magistrados—, se proclamó víctima de un “juicio político” y atribuyó a los jueces una agenda oculta cuyo objetivo sería “alterar el panorama político catalán”, apartándole del cargo. El president dio por hecha la condena. Y avisó: “Seguiré durante los meses que continúe como presidente hasta que el Parlament me retire su confianza”.

Adelanto electoral

Habló Torra de meses, y no de años, consciente de la volatilidad del panorama político. Y también de que una sentencia del TSJC que luego sea ratificada por el Tribunal Supremo —no hay plazos que permitan anticipar una fecha— supondría su final como presidente. Eso desencadenaría, muy probablemente, un adelanto electoral en Cataluña.

En vídeo, la declaración completa de Torra en el juicio.

La ofensiva la lanzó ya en su declaración inicial, en la que disparó contra la Junta Electoral Central (JEC) por obligarle a retirar símbolos independentistas de los edificios públicos durante la campaña electoral para las europeas y municipales de abril de 2019. Fue una intervención calculada, de apenas media hora, en la que solo respondió a su defensa. El president acusó a los miembros de la Junta Electoral Central de no tener competencias para darle una orden —que tildó de “acto de censura”—, pero también de prevaricar y hasta de cometer un delito de coacciones.

Gonzalo Boye, su abogado, trató de reproducir en la sala de vistas una escena de Hollywood con su cliente. “Como en las películas... ¿cumplió la orden de la JEC?”, le preguntó Boye. “No, no la cumplí. Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal”, recogió el guante Torra.

Poca tensión cinematográfica tuvo, por lo demás, una declaración que fue un calco de la que ya prestó en la fase de instrucción. Torra trató de llevar siempre su discurso al terreno político y se negó a contestar a las preguntas de Vox (y a las de la Fiscalía) por ser éste “un partido franquista”. “Este país ha sufrido 40 años de dictadura franquista...”, empezó antes de ser interrumpido por otro presidente, el que manda en la sala de vistas, Jesús Barrientos. “Tiene derecho a contestar o no, pero no voy a permitir descalificaciones”, le avisó.

Orden “ilegal”

Guiado por Boye —abogado también del expresident Carles Puigdemont—, Torra cuestionó el papel de la JEC y destacó comentarios de algunos de sus integrantes “despectivos con Puigdemont [el expresident fugado]” y contrarios al independentismo. La orden de retirar estelades y lazos amarillos era “ilegal”, dijo, y así se lo confirmaron a Torra los asesores con los que, supuestamente, consultó. Por eso, la alegada desobediencia no es tanto una confesión como un desafío político. Aunque con cuentagotas, no renunció a una defensa más técnica o jurídica. Alegó, por ejemplo, que si obedecía a la JEC estaría prevaricando él mismo y que no podía cumplir la orden porque no todos los edificios públicos son de la Generalitat: “No tengo que decirle a un director de escuela o de hospital qué debe decidir”.

Ventilado el ataque al organismo de control electoral, Torra insistió en que los lazos no son “propaganda” ni “partidistas”. Y se remontó a la Guerra de Sucesión y a los hechos de 1714 para recordar que “los austracistas [partidarios del archiduque Carlos de Austria] llevaban lazos amarillos”. En cuanto a la pancarta a favor de los “presos políticos”, también negó que sea favorable a las posiciones de los partidos independentistas.

El fiscal le recordó que, en periodo electoral, las instituciones deben ser neutrales. Francisco Bañeres criticó los “aspavientos” de Torra para “erigirse en paladín de la libertad de expresión” y la “ostentación de su voluntad de desobedecer”. “Se vino arriba”, resumió el fiscal. El defensor Boye, que pidió sin éxito la nulidad del proceso, atacó la “motivación política” de la JEC y dijo que no se puede pedir “neutralidad” en derechos fundamentales: “Si nos ponemos todos neutrales, nos vamos al Tíbet”. Tras escuchar el extenso informe de Boye y la épica última palabra de Torra —“Visca Catalunya Lliure”—, Barrientos hizo sonar la campanilla y dejó el juicio visto para sentencia.

El fiscal replica: los lazos “no son de todos”

El fiscal, el acusado y la defensa mantuvieron ayer una serie de réplicas y contrarréplicas a propósito de los lazos amarillos, los carteles a favor de los políticos presos y su significado. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijo que carteles y lazos no son símbolos partidistas sino “patrimonio de la gente”. Y subrayó que a “todos los catalanes” les repugna la judicialización de la política que denuncian esos símbolos y el encarcelamiento de los líderes independentistas condenados por sedición.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, replicó tajante: “El mensaje del lazo amarillo no es compartido por la totalidad de la ciudadanía de Cataluña”; y no es “neutral”, dijo. De ahí que la decisión de la Junta Electoral Central de retirarlos, sostuvo, fuera acertada. El abogado Gonzalo Boye le contestó, a su vez, en su informe final. Si lo que dice el fiscal es cierto, alegó, la presencia de una fotografía del Rey en la sala de vistas —que figura en su calidad de jefe del Estado— “tampoco es compartida por todos” los catalanes. Boye pidió al fiscal que se dirigiera a su cliente como “muy ilustre” y no solo como “el acusado” o “el señor Torra”.

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