La gran clarificación

Hay explicaciones que a primera vista pueden parecer batallas del pasado, pero no lo son. He aquí una. En 1979, inmediatamente después de las primeras elecciones municipales tras los 40 años de dictadura franquista, los socialistas de Felipe González y los comunistas de Santiago Carrillo sellaron un pacto que dio al PSOE las alcaldías de una gran cantidad de municipios, incluidos Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, por citar solo algunos de los más poblados. Los comunistas ganaron la alcaldía de Córdoba y entraron en los equipos de gobierno de muchos ayuntamientos y diputaciones. La izquierda tocaba poder.

Aquel pacto se negoció y firmó en un santiamén tras las elecciones locales del 3 de abril porque ambas partes sabían muy bien lo que querían: barrer al franquismo del poder local, cerrar el paso a la derecha. Sobre aquella base cimentó el PSOE su andadura institucional, que tanto le ha durado. Sobre aquel acuerdo lograron las izquierdas debilitar el poder institucional de unas derechas sólidamente ancladas en todos los ayuntamientos y diputaciones. En todos. Los habían gobernado en exclusiva durante cuatro décadas después de liquidar entre 1936 y 1939 a los alcaldes republicanos de la expeditiva forma que muestra Alejandro Amenábar en la película Mientras dure la guerra.

En los pactos de 1979 hubo algunas variantes. En Cataluña, participó el nacionalismo catalán de Jordi Pujol, es decir, la derecha democrática, además del PSC, el PSUC y ERC. La existencia en Cataluña y el País Vasco de una derecha democrática era una excepción en la España de la postdictadura. La derecha había sido franquista y ahora estaba en la recién creada UCD de Adolfo Suárez y en la Alianza Popular de Manuel Fraga. En Cataluña y Euskadi también, claro, pero ahí menos porque una parte de ella permanecía desde principios del siglo XX en el catalanismo y el vasquismo que en 1975 emergió de las catacumbas junto a la izquierda en el frente antifranquista que negoció la Transición.

El preacuerdo del martes pasado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias obedece a la misma lógica que el pacto de 1979 entre González y Carrillo. La situación es muy distinta, claro, ahora se trata de lograr que las izquierdas formen un gobierno de España de la única manera en que pueden hacerlo, dada la aritmética parlamentaria, es decir, mediante una coalición entre los socialistas y Unidas Podemos. No hay otra. Las urgencias son las mismas que hace 40 años: frenar a las derechas y hacerlo antes de que puedan maniobrar para mantenerse en el poder, en este caso, el Gobierno y la Administración General del Estado.

Esa capacidad de maniobra no debe desdeñarse. Se sirve de sus fuertes posiciones en la esfera económica y en lo mediático. A ellos se añade lo que actualmente se denomina fuego amigo. Es decir, la capacidad de maniobra de los sectores afines pero opuestos a que el PSOE comparta el Gobierno de España con los herederos de Carrillo. Su capacidad de acción supera el ámbito de lo declarativo. Pedro Sánchez lo sabe muy bien, porque eso fue lo que le defenestró de la secretaría general del PSOE en otoño de 2016. De ahí la discreción inicial y la celeridad del pacto la semana pasada.

Formar un gobierno de izquierdas ahora es posible porque esas elecciones que casi nadie quería han tenido por lo menos una virtud, han aportado una gran clarificación. Los electores han querido que la suma del PSOE y el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, dejen de dar mayoría parlamentaria. La clarificación ha dejado el camino expedito a la coalición de las izquierdas y ahora la única alternativa a ella sería un acuerdo entre el PSOE y el PP. La propia derecha se ha encargado de dejar claro que eso requeriría el sacrificio de Pedro Sánchez. Y eso es algo que solo se podría conseguir mediante toneladas de bombas de fuego amigo.

La debacle de Ciudadanos clarifica también el escenario político español. Finalmente, los electores han castigado una retórica engañosa y confusa que enturbiaba los debates. Un partido que se declaraba antinacionalista pero en la práctica profesaba un arrebatado nacionalismo españolista; un partido que se definía como socialdemócrata y liberal, pero a la hora de la verdad preconizaba duras políticas ultraliberales; un partido que criticaba la corrupción, pero que cuando tuvo la ocasión de actuar en consecuencia mantuvo en posiciones de poder al PP de las mil y una corrupciones. Un partido que se presentaba en toda España como perseguido en Cataluña, pero no cesaba de reclamar que metieran en la cárcel a sus adversarios catalanes. Demasiadas imposturas a la vez. Los electores han sentenciado que para eso ya están el PP y Vox.