La Diputación de Barcelona pide la libertad de los políticos presos y la amnistía de los huidos

Es la segunda vez que Junts y ERC logran imponerse en el Diputación de Barcelona que es gobernada por los socialistas en coalición con Junts. La primera fue con la iniciativa de reponer en la fachada el lazo amarillo que ordenó retirar la presidenta de la institución, la socialista Núria Marín, al asumir el cargo. Hoy ha vuelto a ocurrir a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. En un pleno extraordinario, la Diputación ha aprobado una moción que pide la libertad de los políticos presos y la amnistía de los que están huidos y se compromete, también,  “con el derecho a la autodeterminación”. Al finalizar el pleno, la presidenta ha querido dejar claro que la Diputación “no hará ninguna acción contraria a la ley”.

De acuerdo con el literal de la moción que salió adelante, la Diputación “se suma a todas las movilizaciones de rechazo de la sentencia del Tribunal Supremo”. La iniciativa prosperó por 24 votos a favor (16 de ERC y siete de Junts) frente a los 18 en contra (16 del PSC y dos del PP), las abstenciones de los cinco de En Comú Guanyem y la diputada de Tot per Terrassa y la ausencia en la cámara de los cuatro diputados de Ciudadanos. La formación naranja anunció el jueves que no participaría en el pleno extraordinario por considerar que no era materia de competencia de la Diputación. Salvador Tovar, portavoz de C’s en la Diputación, precisó en un comunicado que las instituciones públicas “deben representar al conjunto de la ciudadanía y no estar al servicio de una ideología o de intereses partidistas”.

Por el contrario, para Neus Munté, la diputada de Junts que ha defendido la moción, la sentencia que condena a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los encausados, además de ser injusta para ellos va más allá: “les pido que reflexionen ante la gravedad, piensen que están en juego los derechos y libertades de todos. Esto hoy no va de independencia sino de democracia”. Mientras que ERC se ha alineado con esa tesis, los comunes quisieron introducir enmiendas, algo que no fue admitido. Finalmente, se abstuvieron por no compartir algunos puntos de la moción.

Por su parte, los socialistas han votado en contra “porque defendemos el diálogo dentro de la ley y si las leyes no son justas no hay que saltárselas, hay que cambiarlas”, según ha manifestado Pilar Díaz. El PP, además de votar en contra, ha aprovechado el debate para pedir a los socialistas que rompan el pacto de gobierno con Junts. La Diputación de Barcelona se ha convertido en la primera gran administración que se ha pronunciado tras la sentencia del procés, después de que el pleno del Parlament de hoy mismo no debatiera moción alguna y se limitara a la intervención del president Quim Torra y las réplicas de los diferentes partidos. El Ayuntamiento de la ciudad, que inicialmente lo iba a hacer hoy en un pleno extraordinario que convocó la alcaldesa Ada Colau, al final no lo ha hecho tras la desconvocatoria de la propia Colau. En el caso de la moción impulsada por Junts y ERC en la Diputación, se enmarca en el conjunto de pronunciamientos que están efectuando algunos ayuntamientos y consejos comarcales tras el fallo del Supremo.