El director general de Telemadrid: “Estoy a favor de desmontar chiringuitos, y lo he hecho”

El director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López, ha pedido este martes en la Asamblea responsabilidad a los partidos políticos para "evitar actuaciones que dañen el patrimonio común de los madrileños". López ha mostrado así sus discrepancias con quienes ponen en tela de juicio la función pública de la cadena: “Telemadrid no es una radio ni una televisión, es un servicio público de comunicación integral”. Durante su intervención, el director general ha explicado su gestión al frente del ente durante los dos últimos años, en los que ha logrado un superávit de 2,7 millones de euros y aumentar la audiencia. “Estoy a favor de desmontar chiringuitos, y lo he hecho”, ha asegurado sobre el funcionamiento de la empresa.

López ha salido al paso de las palabras de la portavoz de Vox, que ha criticado la política de contratación de Telemadrid. “El mérito y la capacidad han estado presentes en el ordenamiento jurídico siempre”, le ha reprochado el director general. A continuación, ha mostrado un listado con 240 autónomos contratados en la cadena entre 2004 y 2016, antes de su llegada. “Me he comido muchos falsos autónomos, incluso hubo una orden para que se interpusieran sociedades. Yo también estoy a favor de desmontar chiringuitos, y es lo que he hecho”. López ha revelado que antes de ponerse al frente del organismo “solo trabajaban cuatro o cinco productoras” y que ahora “lo hacen más de 20”. Además, ha explicado que durante su etapa se han publicado tres bolsas de trabajo y que este miércoles aparecerán convocadas nuevas plazas en el Boletín Oficial del Estado.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reconoció el 2 de septiembre, durante una entrevista en Esradio, que Telemadrid “ya no es un servicio esencial” y que se deberían priorizar otras inversiones. Díaz Ayuso reconoció su intención de revisar el funcionamiento, las cuentas y las audiencias del ente público. Una visión que comparten los tres partidos que se unieron para investirla presidenta (PP, Ciudadanos y Vox). Todos ellos coinciden en su deseo de impulsar una auditoría en todas las empresas públicas y cerrar aquellas que arrojen pérdidas. Días después, López solicitó comparecer de forma urgente en sede parlamentaria para informar sobre la labor que desempeña el organismo. Durante su discurso ha reconocido que es consciente de que “el Gobierno regional escucha y ve cosas que no le gusta, igual que le ocurre a otros grupos. Solo nos mueve la neutralidad y la profesionalidad”.

Inquietud de trabajadores

El director general ha tenido un tono duro. Ha puesto en duda que haya partidos que realmente quieran cerrar la cadena y ha comparado el ente público madrileño con Canal Sur, su homólogo andaluz, que recientemente ha aprobado un presupuesto anual de 140 millones de euros, “el doble de lo que aporta el Gobierno de Madrid siendo la comunidad con mayor PIB del Estado”. López ha subrayado que los principios de rentabilidad y audiencia no aparecen en ninguna normativa por la que se regula la radiotelevisión pública madrileña. “Hablemos de rentabilidad social, me parece más ajustado”. El dirigente ha desgranado que la cadena cuenta con una audiencia del 6%, por lo que ha crecido un 11% en el último año, y que la web ha pasado de 400.000 usuarios únicos a 3,1 millones. “Cada euro público que se invierte, 11,37 por habitante, se reinvierte en la región. La estamos vendiendo fuera”, ha confirmado López.

Las palabras de Díaz Ayuso fueron recibidas con inquietud por los profesionales de la cadena, que ven en peligro sus puestos de trabajo. La situación no es nueva para muchos de ellos. En enero de 2013 fueron despedidas 861 personas de una plantilla total de 1.169 empleados a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el Tribunal Supremo consideró no ajustado a derecho. La cadena tuvo que reconocerlos como despidos improcedentes e indemnizar a los trabajadores o readmitirlos en sus antiguos puestos. A esta situación se llegó tras un mes de negociación entre sindicatos y empresa, que planteaba 925 despidos en su plan de reestructuración. Durante el proceso, la pantalla se fue a negro, es decir, dejó de emitir.

“Nadie habla de cerrar Telemadrid. El Gobierno regional no ha cuestionado en ningún momento que sea un servicio público. Fueron los trabajadores quienes llevaron la cadena a negro”, ha reconocido Almudena Negro, diputada del PP. La parlamentaria ha solicitado a su director general el acta de la Inspección laboral. Según adelantó este periódico, el organismo revisó los contratos de la cadena y concluyó que debía abonar 387.000 euros en concepto de cuotas atrasadas a la Seguridad Social. Ana Cuartero, parlamentaria de Vox, ha solicitado que Telemadrid no se limite a cumplir los mínimos que requiere la ley en cuento a contrataciones. Además, ha pedido indicadores sobre el cumplimiento de la labor pública de la cadena. “Servicio público es informar 10 horas al día, dar cobertura a los pueblos y a la Semana Santa, que no se hacía antes”, ha respondido López.

Modificar la ley

Vanessa Lillo, diputada de Podemos, ha subrayado que Telemadrid debe fomentar una conciencia crítica, no una u otra ideología para que el ciudadano pueda emitir su propio juicio. “Cuando se ataca a Telemadrid lo que se intenta es volver al modelo de televisión de Esperanza Aguirre. Telemadrid ya no es un pesebre del PP”, ha insistido Hugo Martínez Abarca, parlamentario de Más Madrid. EL PSOE se ha mostrado partidario de reformar diferentes artículos de la Ley de Telemadrid, aprobada en 2015. El PP, en cambio, niega que haya que modificar el punto que regula las contrataciones, porque estas deben responder a los principios de mérito y capacidad.

Los trabajadores que han acudido a la comisión de control también han mostrado su descontento con los comentarios vertidos en Twitter por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Díaz Ayuso. Días después de que la presidenta abriese el debate de la cadena pública, Rodríguez aseguró en un tuit que la presentadora de un programa tenía “un contrato fraudulento en Telemadrid, como muchos otros”. En otro mensaje mencionó al director general y al de Informativos. “Forman parte de una trama de contratos irregulares que arrancó cuando presidía el tránsfuga Garrido”, hoy consejero de Transporte con Díaz Ayuso. El Comité de Empresa de Telemadrid salió entonces al paso de la polémica con un comunicado en el que solicitaba una reunión con la presidenta regional. Los sindicatos se quejan de que ni siquiera ha respondido.