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El parón en la industria dispara los despidos por ERE un 77%

El 42% de estos despidos procedan de esta área económica, pese a que solo aporta el 18,4% del empleo

Entrada de la fábrica del grupo Prysmian en Malleu, donde la compañía tiene previsto hacer un ERE y cerrar las instalaciones

Las rescisiones de contratos a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) se han situado en las cotas más altas del último lustro. Hasta agosto —último mes con datos disponibles— el número de despidos (3.418) por EREs ha aumentado un 76,8% respecto al mismo periodo de hace un año. El parón que sufre la industria, que acumula tres trimestres con caídas, ha provocado que el 42% de esos despidos procedan de esta área económica, pese a que solo aporta el 18,4% del empleo. El aumento de los despidos en el sector servicios fue muy inferior, del 26%.

Un ataúd de cartón presidía el jueves la puerta de la fábrica de General Cable —propiedad del grupo italiano Prysmian desde principios de este año— en Manlleu. Es el símbolo escogido por la plantilla ante el anuncio de la clausura de las instalaciones, a la que apenas faltan tres años para cumplir el centenario. El cierre supondrá el despido de 334 personas, a las que se sumarán las 153 que también perderán su empleo por la clausura de otra fábrica de la compañía en Montcada i Reixac. “Los cierres suponen 487 puestos de trabajo directos, pero solo en la comarca de Osona creemos que afectará a 2.400 trabajadores de pequeños talleres, servicios de limpieza, transporte... La multinacional ha comprado General Cable para eliminar a la competencia”, lamenta Jaume Mata, portavoz del comité de empresa.

Las malas noticias de Prysmian no se han trasladado todavía a las pésimas estadísticas de los expedientes de empleo de las que dispone la Generalitat. Tampoco los EREs que gestiona el Ministerio de Trabajo están incluidos en este cálculo. Pero los datos registrados sí son una señal de que lo sucedido hasta agosto continuará en el futuro. “Habrá muchos más EREs antes de Navidad, no podemos dar nombres de empresas, pero, por lo que sabemos, habrá nuevos anuncios”, advierte Alícia Buil, portavoz de UGT FICA. El balance del sindicato es mayor al que explican los expedientes presentados a la Generalitat: más de 5.000 empleados afectados, un 82% más, según los datos del INE.

Los datos son preocupantes. El viernes, sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, afirmó que, según los datos del servicio de estudios de la entidad, la situación no es tan grave como parece. Y defendió no hacer más ruido para no agravar la situación.

Regulaciones de calado de 2019

Nissan. Recorte de 600 empleos en la fábrica de la Zona Franca. 

General Cable. Los cierres en Manlleu y Montcada i Reixach suponen 487 despidos, a los que se deben añadir los 121 de las oficinas centrales.

CaixaBank. Pactó un ERE de más de 2.000 personas, cuya afectación será, sobre todo, fuera de Cataluña.

Venca. La compañía de venta de moda por catálogo ha anunciado 68 despidos.

TE Connectivity. Uno de los últimos EREs planteados, que afecta a un centenar de personas.

Amplifon. El grupo propietario de GAES ha presentado dos expedientes distintos para despedir a un total de 188 personas.

Gallina Blanca. Agrolimen anunció el cierre de la planta de Sant Joan Despí, que supondrá el despido de 70 personas.

Pero la cuestión de que el repunte de los despidos llegue de la mano de la industria, puntal económico por su capacidad exportadora y laboral por sus mayores salarios, provoca que la situación sea preocupante. Y el caso de Prysmian toma relieve por la afectación que tendrá en términos de empleo en Osona. Con ese desmantelamiento, la comarca pasará a ser más dependiente de la industria cárnica, cubierta por una larga sombra de sospecha de precariedad, después de que en los años noventa desapareciera la industria textil.

“Ha sido una decisión tomada en Italia ante la que no hemos podido ni pedir explicaciones ni buscar alternativas”, se queja Àlex Garrido, alcalde de Manlleu, un municipio que tiene una tasa de desempleo del 13%. “Prysmian no ha venido a invertir, ha venido a destruir y a trasladar la producción a países donde tenga costes laborales más bajos”, lamenta Mata. El líder sindical reivindica que la actividad catalana es suficientemente rentable como para que, cuando General Cable se puso a la venta, otras compañías se interesaran por su negocio.

La economía se resiente cada vez más del pesimismo que ha generado la batalla comercial iniciada desde Estados Unidos y las consecuencias del Brexit. Las empresas se preparan para el peor escenario. “Están actuando con un exceso de sensibilidad respecto a cosas que pueden pasar pero que no son seguras”, lamenta Ricard Bellera, secretario de trabajo de CC OO de Cataluña, muy crítico con la política que han seguido algunas empresas en los últimos años. En su opinión, aprovecharon un contexto de reducción de impuestos, facilidad del crédito a bajo precio y menores costes laborales para reducir deuda y repartir dividendos, pero en pocos casos para reinvertir y mejorar la competitividad. Y ahora, ante el horizonte que se viene encima, reducen los riesgos.

Buil considera, además, que la reforma laboral ha creado una ventanilla permanentemente abierta para que las empresas puedan presentar expedientes de regulación pese a no poder esgrimir pérdidas económicas. “Ahora lo tienen muy fácil para aplicar ajustes preventivos”, dice, recordando otro caso similar: el cierre de la planta de Gallina Blanca en Sant Joan Despí para trasladar la producción a otra fábrica con el objetivo de realizar una operación inmobiliaria a las puertas de Barcelona.

Los sindicatos reclaman a las administraciones una política clara para apuntalar la industria en determinadas zonas. Y lamentan que los últimos años de parálisis gubernamental también han afectado a lo que sucede ahora.

Trato familiar en una multinacional

Josep Roqué puso en marcha en 1923 Conductores Eléctricos Roqué, una empresa que desde sus orígenes ha ido cambiando de manos hasta convertirse en la General Cable. En ese tiempo también se ha visto afectada por continuos expedientes de regulación de empleo, más numerosos desde el estallido de la última crisis económica: en 2009, en 2012, en 2015 y, en 2019, que se prevé el último, porque supondrá el cierre definitivo.

En sus instalaciones llegaron a estar empleadas más de 600 personas y muchos de ellos han seguido trabajando. Hoy, la media de antigüedad supera los veinte años. “Si muere la empresa, muere parte de la comarca. Hay familias que han tenido aquí a varias generaciones, parejas de matrimonio que comparten también el lugar de trabajo”, explica el portavoz del comité de empresa, Jaume Mata. “Entré a trabajar en 1996 y mi padre llevaba más de 30 años. De alguna manera, los familiares de los empleados teníamos preferencia para entrar. Ahora nos espera un futuro incierto”, se lamenta Salvador Prat, uno de los veteranos de la compañía.

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