La alcaldesa socialista de Lugo se compromete a tirar O Garañón en esta legislatura

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, se ha comprometido hoy jueves a que a lo largo de la presente legislatura se derribarán las torres de O Garañón, esa urbanización a los pies del parque Rosalía de Castro que fue paralizada judicialmente y cuya causa cierra ahora la juez Pilar de Lara, proponiendo que vayan a juicio, entre otros, su antecesor, Xosé López Orozco, y José Ramón Gómez Besteiro.

Antes de una sesión plenaria, Méndez a preguntas de los periodistas sobre si este sería el mandato en que se van a tirar estas torres asentía para seguidamente añadir que “hay un objetivo claro y una decisión clara, nosotros queremos tirar el Garañón y queremos que eso sea una zona verde, y baja esa premisa seguiremos trabajando pero siempre cumpliendo con la legalidad vigente y preservando los derechos de todas las partes implicadas”.

Al respecto del auto de cierre de la causa, Méndez aprovechó para echar un cabo a sus antecesores y compañeros de filas. Señaló que “esto tenía que haber llegado hace ocho años, no puede ser que un procedimiento, unas diligencias previas se abran en 2011 y finalicen ocho años después, que lo único que impidió fue que se pudieran defender [los investigados]”.

Los nacionalistas, socios de gobierno con el PSOE en la ciudad de las murallas, se pronunciaron a través del teniente de alcalde, Rubén Arroxo, que antes de nada quiso “ser respetuoso con lo que dictamine la justicia y sobre todo lo que queremos es que se solucione cuanto antes para que el Garañón pueda desaparecer, pueda recuperarse la legalidad en esos terrenos y los vecinos y vecinas de Lugo podamos disfrutar del parque de Rosalía como era en tiempo”. Finalmente coincidiendo con Méndez espera que este “sea el mandato” decisivo para derribar las torres, lo que no duda que “sería una buena noticia para la ciudad”.

Desde la oposición, el portavoz del Partido Popular, Ramón Carballo, no ha ocultado que en su grupo, “nos alegramos de que esta macrocausa que puso la imagen de Lugo deteriorada en el mapa político y en el mapa de España esté llegando a su fin”. “Esto es lo que siempre defendió el PP, que ahí había irregularidades en ese procedimiento y por tanto, siendo respetuosos con la justicia y con la presunción de inocencia, se pone de manifiesto que hubo irregularidades, y la alcaldesa después de cinco años no ha hecho nada para devolver esa situación a la legalidad a pesar de haber una sentencia que así lo pedía”, ha subrayado.

La también portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, ha puesto de relieve que “sabíamos que esto iba a saltar de un momento a otro, sabiendo que la juez Pilar de Lara estaba en una situación complicada (sobre la posible sanción por el CGPJ)”. “Sabemos que el tema del Garañón es un asunto muy complicado, un asunto de ciudad que precisa un consenso municipal y ahora hay esperar lo que dicta la fiscalía pero siempre respetando la presunción de inocencia”, concluía.

Besteiro y Orozco recurrirán el último auto de la juez

Tanto el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco, como el ex presidente de la diputación y ex secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recurrirán el auto emitido por la jueza del uno de Lugo, Pilar de Lara, cerrando la causa de O Garañón. Ayer la juez comunicaba a las partes el auto de transformación en procedimiento abreviado del caso Garañón, con lo que se da por rematada la instrucción de dicha causa abierta hace ya diez años, y en donde se propone que vayan a juicio tanto el exalcalde como Besteiro, que fue concejal de urbanismo con Orozco, además del promotor de la urbanización y otros investigados, incluidas dos funcionarias del INE.

López Orozco ha anticipado que recurrirá, y tirando de ironía incluso se permite “felicitar” a la juez por la “prisa”, dado que el auto llegaba la víspera de que se examine por el Consejo General del Poder Judicial el recurso a la sanción de siete meses y un día, que acarrea perdida de destino. “Tengo que felicitarla por la prisa, el día antes de que se confirme la sanción del Consejo General del Poder Judicial hace este auto, que recurriremos porque hay muchos puntos para recurrirlo. Ella sabe mejor que nadie que todos los funcionarios y los políticos actuamos conforme a derecho”, ha esgrimido.

Con respecto a la urbanización, el exalcalde volvía a presumir de que “es la primera vez en la historia del urbanismo español en que un equipo de gobierno rebaja la edificabilidad un 25 por ciento”. “Había que dar la licencia porque no darla sería prevaricar, con lo cual estamos tranquilos esperando que el abogado haga el recurso y se estudie con detenimiento por parte de una mente clara, precisa, una mente que busque la justicia. Sí finalmente se confirma la sanción (del CGPJ) se ve que esta jueza no actuó con justicia”, afeaba Orozco.

Además de esta causa, sobre el exalcalde, liberado de otras investigaciones, está también siendo investigado por el caso de la ORA, los aparcamientos en superficie, dentro de una pieza de la Operación Pokémon. Es por ello que el exalcalde de Lugo confía que acabe lo que da en describir como “una pesadilla judicial”. “Esto es de hace 10 años, y lo de la ORA de 2011, por lo tanto estoy deseando que acabe todo para, como decía hace unos días en una entrevista, ir con mi nieto (recientemente fue abuelo) a la escuela infantil con la cabeza bien alta porque tiene un abuelo honrado”, ha sentenciado.

Por cuanto a José Ramón Gómez Besteiro, su abogado también anticipaba que “se va a presentar recurso de apelación porque un recurso ante esta misma juez entendemos que no tiene sentido, dado que se tiene que decidir sobre su suspensión y su cambio de destino por la sanción que le fue impuesta por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial”.

Cándido Conde-Pumpido ha interpretado que “de forma apresurada y después de unos meses sin hacer nada con la causa, lo que hace [Pilar de Lara] es dictar un auto intentando causar el mayor daño posible en pleno periodo preelectoral, con el contenido político que tiene la causa y haciéndolo de forma que, a nuestro juicio, estamos valorando si puede ser incluso prevaricador [el auto judicial]”.