La antigua red de cauces inutilizados que agravaron la inundación de la Vega Baja

El agua que cae en tromba, como ha sucedido recientemente en la Vega Baja del Segura (Alicante) no se puede controlar. Buena parte del territorio de la comarca más meridional de la provincia de Alicante está ganado al mar y la posibilidad de que se inunde es siempre elevada. Por este motivo, "ya en la Edad Media se tejió una red de azarbes", los canales que reciben el agua sobrante de riegos o lluvias, "cauces que tienen que evacuar hasta el mar las aguas que inundan la Vega Baja". Sin embargo, esta red se encuentra "en un completo estado de degradación", según denuncian desde la asociación ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que prevén que el anegamiento de tierras se prolongue más de lo deseable.

Las vías de salida del agua caída, desbordada del Segura y acumulada en los terrenos agrícolas o urbanos se han estrechado, cimentado, impermeabilizado, taponado y descuidado, según denuncian Sergio Arroyo y Miguel Ángel Pavón, miembros de AHSA. Por un lado, la Generalitat Valenciana ha invertido dinero público en "forrar de hormigón" los azarbes, con el fin de "modernizar los sistemas de regadío y ahorrar agua". Sin embargo, a juicio de Arroyo, lo que se ha conseguido es "estrechar e impermeabilizar su cauce", con lo que "se ralentiza" la salida del agua y se "disminuye la capacidad de drenaje del terreno", factores que favorecen el estancamiento. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la recanalización del Segura efectuada a partir de 1987 situó el curso del agua "por encima de los terrenos circundantes", con lo que se dificulta que pueda recoger el caudal estancado.

Tampoco ayuda, continúan, la falta de "trabajos de control, limpieza y mantenimiento del cauce del Segura", labor que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Arroyo asegura que este organismo, dependiente del Gobierno, abandonó esta tarea en 2015 y "achacó la culpa del estado del río a los ayuntamientos", a los que llegó a "incoar expedientes sancionadores", como en el caso de Guardamar, localidad en la que desemboca el río. Esta actitud, puntualiza Arroyo, "se rectificó en 2018", con la sustitución de la cúpula directiva de la CHS. Los nuevos dirigentes "ordenaron puntuales limpiezas de basura y vegetación en algunos puntos de la desembocadura del río".

Sin embargo, desde AHSA aseguran que la gestión de la confederación en los últimos episodios de lluvias ha sido deficiente. Como muestra, alegan que la barrera de contención de residuos que se instaló en el cauce viejo del Segura, a la altura de Guardamar, actuó de tapón durante los primeros días de temporal. "Y fue el propio ayuntamiento el que tuvo que abrir esta infraestructura, a pesar de que depende de la CHS".

El recorrido que hace AHSA por las "decisiones políticas cortoplacistas y adoptadas de espaldas a la realidad, a la naturaleza, a la emergencia climática y a las propias personas" en el cauce del Segura no se queda exclusivamente en la desembocadura ni en los azarbes que dan salida al mar, sino que se remonta a la frontera con la provincia de Murcia. "El río Chícamo", que vierte en el Segura, "no está canalizado desde el municipio de Benferri", a pesar de que era una actuación incluida en el Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova), firmado por el Consell en 2003. "Se presupuestaron 870 millones para obra civil y en la Vega Baja, prácticamente no se ha ejecutado nada", denuncia Pavón.

Cauce eliminado

"El cauce del Chícamo que existió ha sido aterrado y eliminado" por la extensión de terreno agrícola y la construcción de viviendas y el agua que debía conducir como "función natural", en realidad, "se desparrama libremente por todos los terrenos del corredor entre las sierras de Orihuela y Callosa, inundándolo todo a su paso". Es uno de los vectores "por los que ha entrado agua en Orihuela, Redován, Cox y Granja de Rocamora", advierte Arroyo. "El polígono del Campo Alto y el barrio de San Carlos", ambos en Orihuela, se han inundado por esta causa, añade Pavón.

Tampoco se han ejecutado, continúan los representantes de AHSA, los 600 millones de euros que el Patricova destinó a "medidas de restauración hidrológica forestal", es decir, la restauración de una cubierta vegetal que pretendía "reducir las escorrentías a favor de la absorción de agua hacia los acuíferos". Con lo que, en opinión de Pavón, el plan autonómico "se ha mostrado completamente insuficiente al no servir para atajar el descontrol urbanístico" ni las catástrofes naturales.

Finalmente, Pavón hace hincapié en el camping del grupo Marjal que se inundó estos días y obligó a su desalojo, situado en "unos terrenos no solo inundables, sino incluidos en un espacio natural protegido por el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana", junto a la desembocadura del río en Guardamar. Para Pavón, "lo más lógico sería desmantelar y cerrar" estas instalaciones, pero apunta que "nadie, ni el ayuntamiento, ni la CHS ni la Generalitat han hecho nada para corregir la situación".