Leyes, derechos y pobreza energética

Lucía paga cada mes entre 13 y 15 euros de luz. Tiene 64 años, vive en el barrio barcelonés del Besòs y como es “vulnerable severa”, Endesa le descuenta un 40% del recibo. “Sé perfectamente cuánto pago porque he de administrar la prestación de 430 euros mensuales como parada de larga duración y mayor de 55 años”, explica. Se quedó sin trabajo en 2011 y desde entonces ha tenido que aprender a sobrevivir en la precariedad. Primero la querían desahuciar del piso, pero pactó un alquiler social con el banco, régimen en el que sigue en la actualidad. No tiene deudas porque, al contrario que muchos profetas de calamidades, nunca ha vivido por encima de sus posibilidades. Su peripecia vital la convirtió primero en activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y luego en militante de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

<TB>Sabe que en Cataluña la ampara la ley 24/2015, que va más allá del bono social y veta los cortes de luz y gas a los usuarios si las suministradoras cuentan con el preceptivo informe de los servicios sociales. También está al corriente de cómo se vulneran esos derechos por parte de las grandes compañías, aun exponiéndose a multas. De hecho, deberían haberse firmado convenios entre las administraciones y las eléctricas para paliar la pobreza energética. No se han firmado. “El peso de los oligopolios es tremendo; no es extraño que algunos políticos cuando se retiren sean bien acogidos como asesores gracias a las puertas giratorias”, sentencia.

Las tres principales eléctricas —Endesa, Naturgy e Iberdrola— obtuvieron en 2018 unos beneficios netos de 5.770 millones de euros. Pese a ello tanto el acceso a los modestos bono social como al bono térmico chocan con una tupida tela de araña que frena cualquier asomo de gesto solidario. A algunos perceptores de pensión mínima se les ha denegado la ayuda para 2019 porque en su cuenta corriente se ha “detectado” un ingreso extra de siete euros anuales. Además, la regulación burocrática fija que para acceder al bono hay que presentar una fe de vida o, en un ejemplo asambleario sin precedentes, que los mayores de 16 años empadronados en la vivienda deben dar su consentimiento para que se aplique el descuento.

El caso es que el bono de marras cuenta con 600.000 beneficiarios menos que el año anterior. Hay normativas que nacen para ser incumplidas y derechos que existen para ser ignorados. El propio Ministerio de Industria en la memoria justificativa del decreto de 2017 calculaba que solo un 45% de quienes tenían derecho al bono se acogerían a él. Pero la maraña burocrática, ya sea con la izquierda o con la derecha en el poder, contrasta con la buena pesca que las eléctricas obtienen: entre 2006 y 2016 la factura del consumidor medio subió un 70%. Y entre agosto de 2017 y agosto de 2018, un 11%.

Mientras, solo en Barcelona 170.000 ciudadanos son víctimas de la pobreza energética. Se calcula que un 10% de la población catalana no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada. Hace unas semanas, y tras años de negarse a acuerdo alguno, Endesa ha propuesto compartir el 50% de la deuda acumulada de 21 millones de euros con las administraciones. Pero lo ha hecho con el tono de quien tiene la sartén por el mango, ya que si no hay “reparto solidario” cortará el suministro a los usuarios a partir del 1 de octubre, en clara vulneración de la ley 24/2015 del Parlament que lo impide. La diferencia entre el bono ministerial y la ley catalana es que esta última, mucho más generosa, nació de una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 150.000 firmas y a la que ningún partido se opuso.

Por eso ahora más de un centenar de ayuntamientos catalanes, las administraciones más activas en proteger a la ciudadanía, se han rebelado contra el tono amenazante de Endesa. “Las eléctricas deben hacerse cargo de la deuda”, asegura la concejal barcelonesa Lucía Martín. El gobierno municipal de Barcelona ha impuesto en los últimos años más de 20 sanciones a las suministradoras, ha evitado 32.000 cortes de luz y ha asesorado sobre sus derechos a 85.000 ciudadanos. Por contra, el Gobierno catalán solo ejecutó el 40% de lo presupuestado para vulnerabilidad energética en 2017. Pero claro, qué decir de un Ejecutivo que prorroga presupuestos sin tregua desde hace tres años y que lo que destina a sanidad, educación y servicios sociales es ahora un 20% inferior a 2009. La Generalitat tiene ahora la oportunidad de mostrar con hechos que asume y abandera la ley 24/2015 —que en el terreno de la pobreza energética nunca estuvo suspendida— y enmendar con medidas políticas su reiterada dejadez social.