La desmovilización de las bases complica la respuesta independentista a la sentencia del ‘procés’

El movimiento independentista comprobó este miércoles que no es inmune a los enfrentamientos de los partidos políticos que lo impulsan y protagonizó la manifestación de la Diada menos numerosa desde que en 2012 dio comienzo el proceso secesionista. Meses de tensión entre las diferentes facciones soberanistas, desacuerdos notorios dentro del Gobierno catalán y la falta de un plan común para responder a una eventual condena de los líderes del procés derivó en una menor movilización en las calles de Barcelona. La Guardia Urbana cifró en 600.000 los manifestantes, una cifra sensiblemente inferior a la ofrecida otros años. La desmovilización de las bases añade complejidad a la respuesta que partidos soberanistas y entidades civiles están intentando consensuar a la sentencia del Tribunal Supremo.

La movilización en las calles de Barcelona, impulsada por la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y convenientemente apoyada por el Gobierno catalán y los medios de comunicación públicos de Cataluña volvió a ser masiva y colorista pero se quedó lejos de la demostración de fuerza singular que buscaban sus organizadores a pocas semanas para que se conozca la sentencia del procés. Los llamamientos de última hora a la participación, comenzando por el presidente Quim Torra, presentaron la manifestación como un primer acto de protesta contra unas sentencias que prevén condenatorias. “Hoy se cierra una etapa y se comienza a responder ya a las sentencias, poniendo el objetivo de la independencia en el centro de la acción política”, dijo Torra al tiempo que calificaba de “éxito” la manifestación.

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Pero las llamadas de los últimos días a la participación, tanto por parte de las formaciones políticas como de las entidades secesionistas no bastó para mantener el nivel de movilización de otros años. Desde que en 2012 la Asamblea Nacional Catalana le diera la vuelta a la Diada y la convirtiera en el momento de máxima expresión independentista las cifras de participación se habían movido entre un millón y casi dos millones de personas, según datos de la Guardia Urbana. Ayer tuvieron que conformarse con 600.000.

Los organizadores restaron trascendencia a la menor movilización que ya se apreciaba en las calles antes de comenzar la concentración y que este año tenía por lema “Objetivo Independencia”. De hecho, los días y horas previas a la Diada los diferentes actores del independentismo se esforzaron más en recalcar sus diferencias estratégicas y matices que en llamar a la movilización unitaria. Como botón de muestra, Òmnium Cultural centró ayer sus fuerzas en organizar un acto antes de la manifestación que no estaba focalizado en la independencia sino en pedir la absolución de los políticos encarcelados y procesados, entre ellos su presidente Jordi Cuixart. Este acto, que contó con la participación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue el más unitario que el soberanismo organizó ayer. También Esquerra Republicana optó este año por organizar un acto previo a la manifestación independentista. Ahí se puso el foco en defenderse de las críticas que les llegan desde los sectores que siguen defendiendo la independencia unilateral como camino a seguir. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián se defendió atacando. “Tal vez nos seamos los que más gritamos, pero somos los más valientes”, resumió. Durante la manifestación también hubo señales de que la supuesta unidad de acción independentista, si es que ha existido en algún momento, es cosa del pasado. Los representantes de los diferentes partidos optaron por no mezclarse entre ellos y hubo un detalle que no pasó desapercibido: el máximo representante de Òmnium en el acto, Marcel Mauri, optó por no ponerse la camiseta azul con la que la ANC convoca cada Diada y cuyas ventas —a 15 euros la unidad— sufragan las actividades de la asociación.

Lo cierto es que el independentismo llega al nuevo curso político sin haber hecho los deberes que se había autoimpuesto: tejer una respuesta a la sentencia del procés que ponga en entredicho todo el entramado institucional de España. A ello ha contribuido la creciente competencia electoral entre los herederos de Convergència Democràtica y Esquerra Republicana para hacerse con la hegemonía del movimiento independentista. Pero también destacan las crecientes diferencias estratégicas entre ambos partidos. El giro pragmático de Esquerra choca con las posiciones unilateralistas y de “confrontación” que siguen defendiendo los seguidores de Carles Puigdemont.

El ruido de toda esta batalla, que ya ni los movimientos propagandísticos de sus protagonistas logran tapar, está acabando con la paciencia de parte de las bases y de entidades como la ANC. En su discurso desde el escenario instalado en la cabecera de la manifestación de ayer, la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie reprochó a los partidos que “discutan en público el reparto de las migajas” en vez de trabajar por la independencia, un objetivo hacia el cual no solo no se ha “avanzado” desde octubre de 2017 sino que, según ella, se han dado “pasos atrás”. Admitió que la de ayer fue la manifestación “más difícil” de todas las que ha organizado la ANC, debido al “desánimo, el desencanto y las divisiones” partidistas, Paluzie y exigió a los partidos que “no desarmen” la vía unilateral hacia la independencia, generando “expectativas de un diálogo que nunca llega o es un simple engaño”. No hizo referencia explícita a Esquerra Republicana, pero estas palabras hicieron aflorar de nuevo la desconfianza entre la entidad, próximas a las tesis de Carles Puigdemont, y los de Oriol Junqueras.

Ahora, la intención de los dirigentes independentistas es que el desánimo no cunda entre sus bases y que la verdadera manifestación masiva de este año sea la que previsiblemente organizarán para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Y la duda es si esa marcha será o no el inicio de un ciclo de “movilizaciones permanentes” como piden los sectores más radicalizados. El otro elemento a dirimir es cuánto combustible le queda al gobierno de Quim Torra. La mitad de su ejecutivo, en manos de ERC, ya está pensando en un adelanto electoral.