Los identificados en la operación contra los robos en el metro de Barcelona acumulan 185 detenciones y 667 denuncias

Las personas identificadas ayer por los Mossos y la Policía Nacional en un dispositivo contra carteristas multirreincidentes en el metro de Barcelona acumulan 185 detenciones y 667 denuncias, la mayoría por hurto, según datos facilitados hoy por la policía catalana. Una de ellas ha sido detenida en 11 ocasiones y denunciada 86 veces.

Los Mossos ofrecen datos globales y no especifican si alguno de los 70 identificados ayer no tiene  antecedentes policiales. Pero subrayan que el operativo se centró en personas seleccionadas previamente, a los que la policía considera hurtadores reincidentes. De los 70 identificados, 44 son extracomunitarios, según fuentes de la operación. La Policía no detalla si entre los comunitarios (26) hay algún español. 22 personas acabaron detenidas por infringir la Ley de Extranjería. De estas, 16 pasaron a disposición del juez, de las cuales 11 ingresarán en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El dispositivo policial conjunto ha levantado críticas desde diversos sectores. La asociación Iridia, en defensa de los derechos humanos, denuncia "indicios de que la operación fue discriminatoria" basada en el "perfil racial a la hora de seleccionar a quién se identificaba y a quién no", asegura el abogado Andrés García Berrio, y pide que se "explique bien el mecanismo" que utilizaron los agentes. Fuentes policiales esgrimen que los datos de las detenciones y las denuncias demuestran que no se trataba de una redada aleatoria. 

"Se quieren coger atajos para de una manera rápida intentar generar la sensación de que se expulsa a personas", lamenta García Berrio, sobre el hecho de que se use la Ley de Extranjería como una herramienta en este tipo de operativo. Y añade que ya existen mecanismos recogidos en la ley que prevén la expulsión del territorio nacional. Iridia estudiará en septiembre si toma algún tipo de medida contra la acción policial, que está previsto que se repita de manera periódica. El colectivo no ha recibido ninguna denuncia por parte de las personas identificadas.

La expulsión: una herramienta compleja y polémica

La expulsión de personas en situación irregular en España es una herramienta compleja y polémica. Los datos a nivel nacional de 2018 muestran que el 58% (4.582) de las personas que fueron encerradas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (7.855) en 2018 fueron repatriados forzosamente. La mayoría de internados (70%) llegaron en patera. 

En la actualidad, la administración da prioridad al encierro de marroquíes y de argelinos, que pueden ser expulsados con más facilidad porque existen acuerdos de admisión con sus países de origen. Algo que no ocurre con los subsaharianos, que acostumbraban a agotar los 60 días de estancia máxima en un CIE y volvían a ser puestos en libertad. 

Los últimos datos disponibles del CIE de Zona Franca, en Barcelona, son de 2017, y revelan que el 83% de las personas que ingresaron no tenían antecedentes policiales. El 70% quedó libre después de los 60 días máximos que permite la ley, según los datos de la memoria de la Fiscalía de Extranjería provincial.

En la última operación policial de Mossos y la Policía contra los robos a pisos, medio centenar de personas de origen georgiano fueron expulsadas del país. Eso, aseguran esas mismas fuentes, unido a otras operaciones con ingresos en prisión preventiva, se tradujo en un descenso del 16% de este tipo de delitos en Barcelona. En las identificaciones que se llevaron a cabo en El Raval en una macrorredada en junio contra el tráfico de drogas, no se expulsó a nadie, según fuentes policiales, que cuestionan la efectividad de la repatriación forzosa.