Los intentos de acotar el turismo en Ciutat Vella chocan con la justicia

El Ayuntamiento de Barcelona lleva una década tratando de reducir la presión a la que el turismo está sometiendo al distrito de Ciutat Vella. Aunque con estrategias y umbrales de regulación diferentes, los sucesivos gobiernos de Jordi Hereu (PSC), Xavier Trias (CiU) y de Ada Colau (BComú) han aprobado planes especiales para limitar la apertura de nuevos hoteles y establecimientos de restauración. Todos han chocado con sentencias judiciales que las han anulado. Expertos consultados consideran que parte del problema se halla en la no renovación del Plan General Metropolitano, que facilita la promoción hotelera.

Hace dos años llegaron las primeras sentencias en contra del intento de regular la presión turística en Ciutat Vella. Anulaban el Plan de Usos de Ciutat Vella, aprobado en primera instancia en 2010 por el Ayuntamiento gobernado por Jordi Hereu y que después había sido modificado por el Ejecutivo de Xavier Trias. En contra de lo decidido por los socialistas, con una idea más radical de la necesidad de trabar la concesión de nuevas licencias hoteleras y de restauración, Convergència había decidido habilitar algunas zonas donde sí se permitía dar nuevas autorizaciones, para alivio de algunos empresarios.

Aquella flexibilización no le libró del varapalo judicial, de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), argumentado por contradicciones de la normativa: por una parte en la memoria justificativa se defendía que no podían aumentar las plazas hoteleras, pero a la práctica se permitían. La decisión judicial llegó en 2017, con Trias ya fuera de la alcaldía y con Colau afirmando que la sentencia había perdido todo el valor porque ya se había aprobado el nuevo plan especial urbanístico de alojamientos turísticos, más conocido como Peuat. Efectivamente, llevaba dos años aprobado, pero también con decenas de recursos en el contencioso que lo tenían contra la pared.

Este verano se ha confirmado ese riesgo con otras sentencias no firmes del TSJC que anulan la totalidad del plan. Esgrimen la necesidad de una memoria económica del plan que el Ayuntamiento de Barcelona no elaboró cuando aprobó su normativa. El Consistorio ha pedido una aclaración para intentar salvar de la anulación total el Peuat o, como alternativa, recurrir ante el Tribunal Supremo. Algunas fuentes sostienen que, de optar por esa segunda vía, el Ayuntamiento podría intentar mientras tanto aprobar una nueva normativa. La cuestión es, sin embargo, si ésta podría prosperar. Algunos expertos sostienen que Barcelona tiene un tótem difícil de superar para luchar contra la proliferación de nuevos hoteles: el Plan General Metropolitano de Barcelona (PGM).

“La madre de todos los problemas es que el uso residencial y el uso hotelero no están separados en el Plan General Metropolitano. Urbanísticamente el propietario de un piso puede convertirlo en un hotel. Eso hace que se pueda acudir a los tribunales”, afirmaba hace una semana a este diario Maria Sisternas, arquitecta que trabajó en la Administración Trias. El actual director del Incasòl, Albert Civit, coincide. Civit considera que al ser de un rango superior, la documentación de un plan especial tiene que ser de muy alta calidad para que no quede condicionada por el PGM y no lo haga susceptible de anulación judicial. Además, el PGM dota de flexibilidad urbanística a nuevas zonas, pero no justamente a las más consolidadas, como es el caso de capital catalana.

El problema es que justo ahora se empiezan los trabajos de redacción del futuro Plan Director Urbanístico Metropolitano, que sustituirá al PGM. Hasta dentro de cinco o seis años, señalan desde el Área Metropolitana de Barcelona, no se prevé su aprobación. Uno de los padres de aquel plan creado hace 40 años, Joan Antoni Solans, subraya que hace ya años, si no décadas, que el PGM tendría que haberse remozado, porque ha cambiado tanto la población de la metrópolis como la tecnología que utiliza su población y sus necesidades. “Está claro que las problemáticas no tienen nada que ver ahora con las de hace 40 años”, apunta. La teniente de alcalde Janet Sanz, responsable de Urbanismo, niega, sin embargo, que el problema judicial con el que ha topado el Ayuntamiento llegue del PGM, teniendo en cuenta las últimas sentencias.

Eduardo Bolaños, exconcejal popular que apoyó el plan de usos del PP afirma la necesidad de regular, pero considera que el error ha sido querer “hacer una regulación radical, en vez de paso a paso”, en referencia a las normas aprobadas por el PSC y Barcelona en Comú, que, en su opinión, han tenido efectos negativos para la ciudad: “Mucha actividad hotelera ha acabado yéndose a otros municipios vecinos. Eso es malo para Barcelona”.