El plan de usos que enfada a todos

Ciutat Vella tendrá más hoteles, restaurantes y bares. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer la modificación del Plan de Usos de Ciutat Vella, que ponía coto a esas actividades con el objetivo de mejorar la convivencia de los vecinos con la actividad turística. La reforma llega gracias al pacto entre CiU y PP. El texto establece dos métodos para abrir nuevos hoteles y crea diez áreas especiales para hostelería. Algunos hoteleros, los empresarios de los pisos turísticos, la mayoría de los vecinos y la oposición critican con diferente intensidad la medida. La nueva norma podría entrar en vigor en verano.

Desde el Gremio de Hoteleros, su presidente, Jordi Clos, consideró que es “es bueno y sensato para todo el mundo” que haya más hoteles, aunque añadió que otra cosa es que se puedan llevar a cabo. Otras voces del sector creen que las condiciones benefician a quienes ya tenían proyectos estancados, no a los nuevos inversores. David Riba, de la Asociación de Apartamentos Turísticos, consideró el anuncio de “muy negativo”. Y María Mas, presidenta de la Asociación de Vecinos del Casc Antic, avisa que pone en peligro la ya delicada convivencia. El Gremio de Restauración también pone en duda la efectividad del nuevo plan.

En 2005 y después en 2010, el Ayuntamiento de izquierdas puso en marcha el plan de usos para intentar acotar la actividad turística. La última fue dirigida por la entonces regidora socialista Itziar González, CiU se abstuvo y el PP votó en contra. La norma acotaba el número de camas hoteleras y licencias de hostelería y, además, imponía límites de densidad en el número de restaurantes o establecimientos en cada zona o calle. Si se quería hacer un nuevo hotel, por ejemplo, había que comprar la licencia de otro hotel y que este cerrara y respectar que no hubiera otros establecimientos cerca. Los vecinos lo consideraron insuficiente en su día y varios proyectos de cinco estrellas se quedaron en la cuneta. Hay unas 65.000 camas hoteleras en Barcelona, unas 17.000 en Ciutat Vella (el 26%), según datos oficiales de 2012.

En la pasadas elecciones municipales los convergentes y los populares prometieron cambiar la norma y hacerla más permisiva. La máxima de la regidora del distrito, Mercè Homs (CiU), siempre ha sido clara: “Tener una terraza puede traer más beneficios que no tenerla”. Tan pronto como Xavier Trias se hizo con la alcaldía, ambas formaciones se sentaron a dialogar la reforma. El PSC lo puso como una de sus líneas rojas para pactar la hoja de ruta del mandato, cosa que CiU obvió.

Lo pactado es una modificación de la normativa, aunque los vecinos insisten que es una “nueva” ley que abre la puerta a hoteles de hasta 200 habitaciones y a más bares y restaurantes. Se permitirá la construcción de nuevos establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas, sin restricciones por densidad, en los perímetros del distrito, como la calle Trafalgar, el paseo Marítimo o el Paral.lel. La única condición es que los edificios donde se ubiquen estén vacíos.

Dentro del perímetro podrá haber plazas de nueva creación solo si se acomodan en fincas patrimoniales que estén calificadas con la letra B y donde no vivan vecinos. Estos hoteles solo podrán tener un máximo de 100 habitaciones. La norma establece que un nuevo establecimiento tendrá que superar dos tramitaciones, una de modificación del Plan General Metropolitano y cada proyecto tendrá que tener su propio plan urbanístico. Los hoteles que deseen ampliar tendrán que rescatar licencias de otros que cierren.

Homs compareció ayer para explicar el acuerdo —el martes ya lo había hecho el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz— y aseguró que “no hay ni un mínimo ni un máximo” de hoteles que se podrán crear. “El límite es la restricción que haga el pleno”, dijo la edil. En términos reales, esto implica que el PP sea el árbitro, pues es el único partido con el que CiU puede formar una mayoría ante la negativa de los socialistas a realizar la modificación. Unas 400 fincas de Ciutat Vella tienen calificación B pero tendrían que pasar la inspección de bomberos y cumplir otras condiciones. El Ayuntamiento busca conservar así fincas que de otra manera terminarían en ruinas.

Los vecinos piden aplicar la norma pactada en 2010 por Itziar González

Respecto a la restauración hay dos novedades. Se crean diez áreas de tratamiento específico, como la calle Reina Cristina o la plaza de Vicenç Martorell. Estos espacio, según Homs, “necesitan revitalización”. Allí se darán más licencias específicas para potenciar ciertas actividades. De otro lado, se restringen los locutorios y clubes cannábicos y se aumenta la distancia que debe haber entre los supermercados, bazares y locales de comidas para llevar.

También habrá una moratoria de seis años más para que los pisos turísticos se unifiquen en edificios independientes y dejen de compartir escalera con vecinos. Según cálculos del distrito hay unos 613 legales. El Ayuntamiento calcula que puede haber entre 1.000 y 8.000 ilegales.

La regidora aseguró que la modificación tiene la obsesión de “que no se pierda el equilibrio entre vecinos y actividad económica” y está más adaptada a la nueva realidad económica de la ciudad. Homs garantizó que los nuevos baremos no ponen en riesgo la vida vecinal por un aumento en la actividad turística y que el Consistorio ya posee herramientas para evitar el mobbing. Para Fernández Díaz, el verdadero problema de Ciutat Vella no son los siete millones de turistas que pasan por sus calles, sino la inmigración. “En los últimos 12 años, los extranjeros han pasado del 19% al 42% de la población de Ciutat Vella. Si dejamos las cosas como hasta ahora, año tras año los vecinos de toda la vida serán menos, y sus hijos y nietos continuarán sin venir a estos barrios y cada vez habrá más extranjeros”.