Vecinos y entidades de Ciutat Vella presentan alegaciones para frenar el Hermitage

La Plataforma por un Puerto Ciudadano, que agrupa a entidades y vecinos de la Barceloneta (no todas, porque hay otras a favor) y otros barrios de Ciutat Vella, ha presentado este martes 15 alegaciones al Puerto de Barcelona para frenar la apertura de un museo Hermitage en la nueva bocana, junto al hotel vela. En sus 15 alegaciones, la plataforma pide a la Autoridad Portuaria que "deniegue la concesión administrativa del uso del suelo portuario" solicitada por los impulsores del proyecto.

Un museo que la plataforma ve "innecesario e inapropiado" y que considera que tendría afectaciones negativas sobre la movilidad, el medioambiente o el espacio público y la vida cotidiana de la Barceloneta, uno de los barrios más presionados por el turismo. Además, critican la "falta de transparencia" del plan, que cuenta con la firma del arquitecto japonés Toyo Ito. El edificio también es objeto de críticas: lo ven "desfasado" y "falto de compromiso ambiental".

El Hermitage solicitó formalmente instalarse en el Puerto hace un mes, y la última palabra sobre su instalación la tiene el Ayuntamiento. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau siempre ha recelado de un proyecto que encarna aspectos que los comunes rechazan, como el turismo masivo, la propiedad privada de un equipamiento cultural o la última reforma del Puerto, aprobada en su día por CiU. La propia Colau cuestionó la viabilidad económica del proyecto y alertó de que no aportará ni un duro de dinero público.

Una de las principales alertas que lanzan las alegaciones de la plataforma es sobre el impacto que el Hermitage tendría en la movilidad del paseo Joan de Borbó o sobre el transporte público. El proyecto prevé casi un millón de visitantes al año que entienden que saturarían todavía más la zona. Además, les preocupa el impacto ambiental del futuro museo --"producirá un nuevo foco de contaminación"-- y aseguran que el estudio realizado por el puerto es genérico y poco riguroso. El proyecto, dice la plataforma, "no tiene por objeto cubrir ninguna necesidad ni aspiración cultural de la ciudadanía, ni la mejora social, ni económica de la ciudad de Barcelona y menos de la Barceloneta, herida por una gentrificación galopante". "La principal finalidad del proyecto es la obtención de beneficio de sus promotores", remacha.

Las alegaciones también apuntan a cuestiones de gestión, como el hecho de que la tasa anual que debería pagar el museo es de 345 euros por metro cuadrado, una cantidad que consideran "insuficiente y fuera de mercado". O que los solicitantes de la concesión sean dos sociedades mercantiles y que la beneficiaria sería una tercera empresa, sobre la que no aportan todos los datos. Las alegaciones también apuntan a que el proyecto vulnera la Ley de puertos que "solo admite usos portuarios en el dominio público portuario".

La Plataforma por un Puerto ciudadano agrupa a las asociaciones de vecinos de L’Òstia, Gòtic, La Xarxaire y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS). Uno de sus portavoces, Dani Pardo, ha subrayado que “el Puerto no lo ha puesto fácil, con un plazo ridículo de 20 días hábiles para evaluar y enmendar un proyecto de 800 páginas”, en el que se utilizan “de forma reiterada lenguas no oficiales”. Pardo también ha reprochado al Ayuntamiento de Barcelona que no haya presentado alegaciones.