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La calle, el refugio de los jóvenes migrantes

El aumento de chicos sin hogar desborda al Gobierno catalán

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Jovenes migrantes la semana pasada en Sant Pau del Camp, en el Raval de Barcelona.

En un recoveco de los jardines de Sant Pau del Camp, en el corazón del Raval de Barcelona, un grupo jóvenes migrantes charlan sobre el césped. Uno de ellos aspira cola o pegamento de una bolsa. Desde hace un tiempo, ese parque es su casa. A medio camino de la comisaría de los Mossos d’Esquadra y el cuartel de la Guardia Civil, conviven allí con otro centenar de personas. Otros chavales como ellos, que han llegado a Cataluña procedentes del norte de África y sin ningún referente familiar que se haga cargo, duermen también en la ladera de Montjüic, a pocos metros de la turística Font Màgica. O escondidos por la falda de Collserola.

Los jóvenes migrantes que duermen en la calle son pocos, según la Generalitat. La mayoría está dentro del sistema de protección. Pero la presencia de algunos chicos durmiendo al raso en las calles de Barcelona ha puesto en jaque al Gobierno catalán y ha obligado a activar un plan de choque para reforzar a los educadores de calle. Las entidades admiten estar desbordadas.

Desde 2015, han llegado a Cataluña 7.248 adolescentes que emigran solos, 1.129 este año (hasta junio). De ellos, 4.203 chavales (501 en Barcelona) permanecen dentro del sistema de protección de la Generalitat. El resto han dejado de estar tutelados o, directamente, se han escapado del circuito asistencial. Como los del Raval.

“Sobreviven trapicheando con droga, robando móviles o, incluso, prostituyéndose”, lamenta Peio Sánchez, párroco de la iglesia de Santa Anna en el distrito central de Ciutat Vella, donde ayudan a personas sin hogar. El cura asegura que algunos jóvenes llegan a la iglesia muy deteriorados, con problemas de salud mental severos y adicción a sustancias, como la cola. Precisamente, la presencia de algunos de estos jóvenes descansando sobre los bancos del templo disparó esta semana las alarmas.

Los centros de justicia juvenil como solución

Los fiscales, los jueces y los Mossos han llegado a la conclusión de que una de las mejores formas de apartar a los menores migrantes del camino de los delitos más graves es encerrarlos en los centros de justicia juveniles de la Generalitat. Desde principios de año, la Fiscalía de Menores en Cataluña solicita la medida cautelar por un delito grave, y los jueces suelen concederla. El 38% de los menores en los centros de justicia juvenil catalanes (109) son migrantes, según datos de la Generalitat (un 1,6% de los menores migrantes llegados a Cataluña desde 2016). La medida se aplicó a tres menores acusados de agresiones sexuales en el Masnou y en Canet de Mar. Pero cuando los jóvenes cumplen la mayoría de edad ya no se cumple el mismo criterio.

Dentro de su plan de choque, la Generalitat ha desplegado un dispositivo para estudiar, uno por uno, los casos más complejos. Según Asuntos Sociales, la mayoría de los menores migrantes que llegan a Cataluña entran —y permanecen— dentro del sistema de protección. Pero hay “un pequeño porcentaje” —no han aclarado cuántos— que son “refractarios al sistema”. En cuanto ingresan en un centro de acogida, se escapan. Muchos de estos, agregan desde el Govern, vienen con dinámicas de calle desde el país de origen.

“Es un colectivo muy heterogéneo. El riesgo de caer en dinámicas de calle depende de factores como la realidad que tienen en su país de origen, el trayecto migratorio”, señala Montse Soria, coordinadora de Acción Social de la Fundación Pere Tarrés y experta en la atención a estos jóvenes. Trabajar su duelo migratorio o la falta de vínculos familiares también es complejo. “Ellos tienen unas expectativas del proyecto migratorio y, cuando llegan aquí, no es lo esperado. Eso genera una frustración y una rabia que se tiene que gestionar”, agrega Soria.

Desde junio de 2017, la Generalitat ha creado 3.000 plazas en 250 centros de acogida. También ha incluido 350 jóvenes en programas de ocupación. Pero los expertos reclaman más recursos. “Con necesidades tan diversas, necesitas tiempo para atenderlas. El problema es que los tiempos no los marca el chaval ni el educador, sino la burocracia”, dice Soria. Los educadores tienen que apurar para regularizar la situación de los chavales, que aprendan la lengua y tengan algún tipo de formación antes de cumplir los 18 años. Si llegan con esa edad cumplida, se quedan fuera del sistema de protección y el riesgo de terminar en la calle es aún mayor.

A Tancada Migrante Massana, un edificio cerca de La Rambla ocupado por migrantes que exigen derechos, han llegado este mes cinco jóvenes extutelados. Ya son, en términos administrativos, adultos y han ido al local buscando un techo donde dormir. “Desde que no estoy tutelado me he visto obligado a vivir en casas ocupas. No quiero problemas”, sostiene Mahdt Khou, de 22 años y originario de Marruecos. Cuando tenía 13 años se coló debajo de un remolque en Tánger y subió a un barco hasta Barcelona. Estuvo en varios centros de la Generalitat y cursó la ESO. Khou asegura que estos jóvenes ahora tienen más problemas: “Están drogándose, no hay un futuro para ellos”.

El cura de Santa Anna coincide en que los chicos que están en la calle son, además, muy agresivos. Según los vecinos del Raval, también son víctimas de las bandas criminales que operan en el barrio, pues los usan como “mano de obra” para robar a turistas o para trapichear con drogas.

Los Mossos tienen claro que los jóvenes migrantes no son los responsables de la mayor parte de los delitos que se cometen en Barcelona. Pero su llegada puede explicar parte del repunte que se vive desde hace más de un año, coincidiendo con la llegada de más jóvenes (el 2018 cerró con un incremento del 17% de la delincuencia en la ciudad). Un análisis de la policía catalana señala que el 18% de los que llegaron a Cataluña desde 2016 han delinquido. Esas cifras incluyen menores y también jóvenes mayores de edad que están fuera del sistema.

De estos, el 12% ha participado en delitos más graves, como hurtos y robos con violencia, y el 6% restante son investigados por cuestiones menos graves, como daños o robos de menos de 400 euros. Los Mossos han creado un plan operativo específico —bautizado como Poliédrico— y han activado a un grupo de agentes de paisano. El problema, aseguran fuentes policiales, son los jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad: “Tienen entre 18 y 22 años. Actúan en grupo. Nadie les ha enseñado cómo robar y usan la violencia”, explican. A ello se suma que estos jóvenes, ya mayores de edad, sirven de referente y de red para los menores que llegan. “Los utilizan”, insisten esas mismas fuentes. Son la escala más baja de grupos dedicados al robo de teléfonos móviles y relojes de lujo en la ciudad.

La criminalización social de estos jóvenes y las denuncias reales contra ellos por robos e incluso intentos de violación, ha alterado la convivencia en algunos municipios donde hay centros de acogida. En este contexto, apunta la Generalitat, grupos de extrema derecha han aprovechado para alentar actos violentos contra ellos, como el intento de asalto a un centro en El Masnou, que terminó con cuatro chavales heridos.

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