La CUP abre una nueva etapa sin reparar la agresión a Boya

La CUP afronta hoy en una asamblea en Celrà (Gironés) su renovación estratégica y política sin resolver el caso de agresión psicológica que Mireia Boya denunció el 29 de marzo por parte de un compañero en su etapa en el Parlament. La exdiputada dimitió como portavoz del secretariado nacional y tres dirigentes siguieron sus pasos. La comisión feminista de la CUP está abordando las medidas para reparar a la exdiputada y asegura que cumple con sus tempos. El acusado mantiene su militancia.

La revelación de Boya generó un enorme impacto en la CUP, una entidad feminista y que habla en femenino. Tres miembros del secretariado, Maria Ballester, Aina Delgado y Núria Alcaraz dimitieron en abril disgustados por cómo se encaró el caso y para no dar “una respuesta burocrática a la demanda”. Su marcha no se divulgó hasta después del 26-M para no dañar electoralmente a la CUP. Boya dimitió para no reencontrarse con el acosador con el que coincidió entre 2015 y 2017 cuando era diputada en el Parlament. Él no lo era. En la red, Boya dijo que debía cuidarse de sus problemas de salud por “la agresión psicológica continuada” que sufrió.

El caso sacudió a la CUP, entonces en plena crisis al haber decidido dos semanas antes la corriente Poble Lliure concurrir al 28-A. Ni entonces ni ahora reveló el nombre del agresor al sostener que la decisión corresponde a las afectadas —lo harían si lo pidieran— y que en caso contrario romperían el compromiso de confidencialidad. Cuatro asambleas locales de la CUP ya discreparon en marzo al alegar que así se desprotegía a Boya y se amparaba al acosador. Natàlia Sànchez, diputada y miembro de la comisión nacional feminista, explica que están tratando el caso de forma “prioritaria y con contundencia” y rechaza precisar en qué fase está más allá de citar reuniones presenciales y de gozar con la asesoría de profesionales externos. “Asumimos la parte de autocrítica necesaria”, admite lamentando que la CUP no hubiera reaccionado con antelación para evitar el acoso descrito por Boya que, como el de cualquier otra víctima, no se cuestiona “desde el minuto cero”.

La CUP ha abordado en dos años 19 casos de agresiones machistas, alguna zanjada con la expulsión. Sànchez se acogió a la “confidencialidad” y no confirmó ni desmintió si otras dos militantes denunciaron a raíz del caso de Boya al mismo hombre. Cuando trascendió, la CUP no preveía la suspensión cautelar de militancia de un agresor. En junio aprobó un extenso protocolo para prevenir y abordar la violencia de género que ahora sí prevé la suspensión —aunque sobre el papel no para los acosos psicológicos—. El agresor sigue en la misma situación: militante de base.

El documento persigue crear espacios seguros para las víctimas; medidas reparadoras y “transformar al agresor”. Prevé varios tipos de acosos: físicos, sexuales, ambientales, económicos y psicológicos con su correspondiente grado de violencia. El texto fija tres fases para tratar un caso y uno como el de Boya requeriría dos meses. El plazo habría excedido pero Sànchez recalca que el proceso se inicia cuando la víctima denuncia y quiere abordarlo. “Los tiempos son flexibles. Lo único que nos preocupa es que los marque la mujer”, dice recordando que la guía fija que los plazos se adaptan y no son “fórmulas matemáticas”.