Pontevedra suma tantas denuncias de seguridad ciudadana como las otras tres provincias juntas

Pontevedra se sitúa como la provincia gallega con mayor número de denuncias (8.731) relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana según el informe de actuaciones de 2018 difundido por la Subdelegación del Gobierno. La cifra, que se ha elevado respecto a años anteriores, suma más que el resto de las tres provincias juntas (8.651).

Estos datos recabados por el departamento de sanciones del organismo provincial han sido publicados por primera vez y lo ha hecho la propia subdelegada Maica Larriba en su apuesta por “una nueva política de transparencia” y para trasladar al ciudadano “la verdadera dimensión de una labor que hasta ahora había pasado desapercibida”.

Larriba ha hecho así balance tras su primer año de gestión al frente de la institución y ha valorado los datos como “muy significativos, en una provincia “donde tradicionalmente hay muchas denuncias por seguridad ciudadana, muy por encima de lo que habitualmente se venía produciendo en años anteriores”.

Del informe ha resaltado los 9.000 decomisos de heroína, cocaína y cannabis, que superan los 700 kilos. El consumo o tenencia de estupefacientes en lugares o establecimientos públicos genera la mayoría de las sanciones, con 74,6% del total. El objetivo de estas actuaciones es, según Larriba, "velar por la salud de los ciudadanos". “Es un trabajo callado, pero importante para detectar anomalías en importaciones procedentes de países extranjeros donde la legislación es más permisiva", ha añadido.

Sobre los casos más trascendentales de su gestión, Larriba ha destacado la explosión de la nave pirotécnica ilegal de Paramos, en Tui, que se saldó con dos víctimas mortales y decenas de familias damnificadas. La zona obtuvo la declaración de especial emergencia en apenas dos meses, logrando ayudas y facilitando que estuviesen exentan de tributación en la declaración de la renta de las personas afectadas, según informó la subdelegada.

Larriba ha recordado que la pasada semana se comunicó la resolución de más de 1,4 millones de euros para que el Ayuntamiento de Tui pudiese recuperar las inversiones realizadas en el desescombro de las zonas dañadas por la deflagración, informa Europa Press.

"A raíz de Paramos, esta Subdelegación está en permanente alerta", ha precisado Maica Larriba sobre la inspección a las empresas de este sector. Además ha informado que se ha extremado la presencia de técnicos del área de Industria, especialmente en el sur de la provincia de Pontevedra, donde se registran más negocios de este sector.

La supervisión de técnicos de Industria abarca no solo la provincia de Pontevedra sino también la de Ourense, donde se han desarrollado tareas de control en 120 explotaciones mineras de granito y pizarra, lo que supone cerca de mil operaciones de suministro de explosivos y la realización de 4.500 actas de voladuras, según informó Larriba.

"Galicia es la segunda comunidad autónoma, tras Valencia, en instalaciones de este tipo", ha subrayado la subdelegada del Gobierno en relación a los 11 talleres de fabricación de pirotecnia que también se han sometido a inspecciones. Una vigilancia que se ha extendido a los 95 establecimientos autorizados para la venta y comercialización de estos productos, junto con los 157 espectáculos de pirotecnia donde se han utilizado más de diez kilos de explosivos.

Maica Larriba también ha resaltado la gran profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al referirse a otros dos accidentes, como el incendio y hundimiento de un catamarán turístico hace ahora un año en O Grove, y el accidente un mes después en el festival O Marisquiño de Vigo todavía en fase de investigación judicial.