El juez reprocha a Torra que quiera recusarle por motivos “imaginarios”
El auto judicial acusa al 'president' de "dilatar indebidamente" el proceso judicial por desobediencia
Carlos Ramos, el magistrado que ha investigado a Quim Torra por desobediencia, ha rechazado de forma tajante la petición del presidente catalán de recusarle. No solamente por evidentes defectos de forma en la presentación de su solicitud, sino también porque los argumentos de Torra para apartarle de la causa son "imaginarios, ilusorios o arbitrarios". Torra se sentará con toda probabilidad en el banquillo de los acusados por negarse a retirar lazos amarillos del Palau de la Generalitat en plena campaña electoral. La Fiscalía pide que sea inhabilitado durante un año y ocho meses para ejercer cargos públicos, lo que le apearía -en caso de condena firme- de la presidencia.
Torra presentó la solicitud de recusar a Ramos sin firmar, como es preceptivo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le advirtió de ese defecto a través de su abogado, Gonzalo Boye. Pero no lo subsanó. Por ese y otros motivos, la recusación presentada "no reúne todos los requisitos" que exige la ley, por lo que es desestimada de plano. En un auto contundente, el magistrado Ramos acusa a la defensa del president de cometer un "notorio abuso de derecho" y un "fraude procesal" con la petición.
El magistrado concluye que el único objetivo de Torra es "dilatar indebidamente la tramitación de la causa" y descalifica los motivos empleados por el president para pedir su recusación. En su resolución, Ramos niega que las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) sean nulas de pleno derecho y confirma que ese órgano de control tiene plena competencia como "autoridad superior". Tampoco existe, añade, una "falta de imparcialidad" alegada por torra sobre dos vocales de la JEC.
De paso, Ramos desestima el recurso de Torra contra el auto que dio fin a la investigación. El presidente de la Generalitat se enfrenta a su inhabilitación por negarse a retirar símbolos independentistas durante la campaña de las elecciones locales y municipales del pasado 26-M pese a las advertencias reiteradas de la Junta Electoral Central.
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