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Los consejeros cambian (llevamos cuatro en menos de cuatro años) pero las políticas culturales permanecen, con todas sus miserias presupuestarias y su inconfeso sesgo lingüístico
La nueva e inexperta consejera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, ha tenido la prudencia de esperar 100 días —dedicados al estudio de su consejería— antes de comparecer en el Parlamento de Cataluña. Su intervención ante la Comisión de Cultura del pasado 3 de julio puso de manifiesto una constante de los últimos tiempos: los consejeros de Cultura cambian (llevamos cuatro en menos de cuatro años) pero las políticas culturales permanecen, con todas sus miserias presupuestarias y su inconfeso sesgo lingüístico.
Hablemos primero del presupuesto. El 23 de febrero de 2016, en su primera comparecencia parlamentaria, el nuevo consejero de Cultura, Santi Vila, anunció que estaba trabajando con un proyecto de presupuestos que permitiría pasar a su departamento de 241 millones de euros —el 0,74% del presupuesto de la Generalitat— a 298, lo que situaría a Cultura en el umbral del 1% del presupuesto global. Como es sabido, en 2016 el presidente Puigdemont no logró aprobar las cuentas, prorrogó las de 2015 y Vila tuvo que conformarse con los mismos 241 millones de euros del ejercicio anterior. Un año después Puigdemont sí que logró aprobar unos presupuestos, pero Vila no vio colmadas sus aspiraciones: en lugar de subir a 298 millones de euros y alcanzar el 1% del presupuesto de la Generalitat, se quedó en 261 millones y apenas el 0,8% del presupuesto autonómico.
El sucesor de Santi Vila, el efímero Lluís Puig, ni siquiera tuvo tiempo de entrar en especulaciones presupuestarias. La impetuosa Laura Borràs, que accedió al cargo de la mano de Quim Torra en mayo de 2018, no tuvo mayor suerte. El 10 de julio de 2018, en su primera comparecencia parlamentaria, Borràs subió la apuesta de Vila y fijó como objetivo llegar a los 320 millones de euros en una primera legislatura y alcanzar los 480 millones al término de la siguiente. Como es sabido, en 2018 no hubo presupuestos, ni los habrá en 2019, con lo que Borràs y su sucesora Vilallonga se han tenido que conformar con los mismos insuficientes recursos que Vila en 2017, ahora cifrados en 247 millones. Hay que decir que en su comparecencia Vilallonga no intentó emular a sus antecesores. En lugar de forjar castillos en el aire, se limitó a decir que “Cultura necesitaría tener mucho más dinero”.
Donde sí flotó una sensación definitiva de déjà vu fue en el apartado lingüístico.
El 10 de julio de 2018 el diputado de Ciudadanos, Héctor Amelló, afeó a Borràs que hubiera firmado el manifiesto Koiné y le preguntó si lo volvería a firmar como consellera de Cultura. En lugar de responder, Borràs leyó el punto cuatro del manifiesto (el que habla de la voluntad de articular la lengua catalana como eje integrador de nuestra ciudadanía en un marco de asunción pública del multilingüismo como riqueza individual y social) y se exclamó de que alguien no pudiera suscribirlo, como si no hubiera más posibilidades de integrar a la ciudadanía en un marco de asunción pública del multilingüismo.
Pues bien, el pasado 3 de julio, el mismo diputado de Ciudadanos afeó a Vilallonga que hubiese firmado el manifiesto y le preguntó si “ratificaba” su adhesión. En lugar de responder, Vilallonga volvió a leer el punto cuatro del manifiesto. La diferencia es que esta vez el diputado Amelló logró “cazar” a la consellera. Vilallonga anunció que su gestión pivotaría en torno a tres ejes, el primero de los cuales es la protección y promoción de la lengua catalana, del aranés y de la lengua de signos catalana. Antes las presiones de Amelló, interesado en conocer las intenciones de la consellera respecto a la lengua castellana, Vilallonga acabó cediendo: “Que hay tres lenguas, sí. No lo he dicho, está claro: catalán, castellano y aranés. Y velamos por las tres lenguas, esto es evidente, y la Dirección General de Política Lingüística lo hace”.
La verdad es que en el decreto que regula la susodicha Dirección General la palabra “castellano” no aparece ni una vez. El fomento y la protección siempre van asociados al catalán, el aranés y la lengua de signos catalana. La Oficina de Garantías Lingüísticas se ocupa de atender consultas, quejas o denuncias referidas exclusivamente al uso de la lengua catalana. Sin perjuicio del imperativo constitucional y estatutario de proteger el catalán, el aranés y la lengua de signos catalana, no parece que Vilallonga y su gobierno Catalan only estén por la labor de hacer realidad ese “marco de asunción pública del multilingüismo” que ella cree que suscribió al firmar el manifiesto Koiné.
Albert Branchadell es profesor a la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.
