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1.700 personas exigen a la Xunta y el Ayuntamiento de Lugo que ejerzan la acusación en la Carioca

La ley autonómica contra la violencia machista recoge que el Gobierno gallego se persone para defender los intereses de las víctimas, en este caso más de 200 mujeres

Mónica González, de la Plataforma contra la Impunidad de la Carioca, tras la entrega de firmas en la Xunta.
Mónica González, de la Plataforma contra la Impunidad de la Carioca, tras la entrega de firmas en la Xunta.

La Plataforma Ciudadana contra la Impunidad de la Carioca ha presentado “más de 1700 firmas” en el registro de la Xunta en Lugo reclamando que tanto el Gobierno gallego como el Ayuntamiento de Lugo asuman la acusación particular en la operación Carioca, investigación que lleva la juez Pilar de Lara, sobre redes de proxenetismo y sus conexiones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ante el archivo de varias piezas en que se dividió esta investigación y las polémicas decisiones tomadas por la fiscalía, que ha exculpado a algunos proxenetas y la inmensa mayoría de los agentes investigados, desde este colectivo se argumenta que “en Lugo más de 200 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual siguen sin encontrar justicia". Esto, recuerda la plataforma ciudadana, "después de sufrir una de las formas más terribles de violencia machista” que existen.

Una de las portavoces, Mónica González, ha estimado que cuentan con más de 1700 firmas, “pero aún a día de hoy seguimos recogiendo, por lo que puede subir el número”. González ha precisado que su presencia en el registro se produce en un momento “clave para lograr justicia para las víctimas por inacción de la fiscalía, que en otras piezas (de la Carioca) demostró que en vez de estar defendiendo a las víctimas de trata con fines de explotación sexual está justificando actividades ilícitas por parte de los imputados”. Varias de las piezas en las que el ministerio público propuso dejar sin castigo a policías, guardias civiles y algún proxeneta al frente de un burdel donde ejercían menores de edad fueron asumidas por dos fiscalas, y sus decisiones fueron duramente criticadas por la Rede Galega contra la Trata y partidos como Esquerda Unida.

Además es “un momento clave porque tanto la Xunta como el concello, como Administraciones, tienen la responsabilidad de asegurar que se haga justicia para las mujeres", ha insistido la activista contra la trata. "Además, la ley gallega contra la violencia machista reconoce la trata con fines de explotación sexual y también la capacidad de la Xunta para personarse como acusación popular para que obtengan castigo los proxenetas imputados”, ha reprochado Mónica González a la Administración gallega. “Las administraciones deben de garantizar que la justicia funcione, y por eso reclamamos una mayor implicación por parte de la Xunta, que además tiene capacidad para personarse como tal como el concello más que nada porque en el ayuntamiento de Lugo fue donde tuvo lugar este caso”.

Han pasado más de diez años desde que se abrió la Operación Carioca, por la que todavía permanecen imputados el propietario de los locales Eros y Queen, José Manuel García Adán, y agentes de la Guardia Civil, de la policía nacional y de la Policía Local de Lugo.

El Poder Judicial pospone su decisión sobre Pilar de Lara

P. Seijo

El abogado de la titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, espera que se lleve al pleno del Consejo General del Poder Judicial de finales de este mes, o si no ya en septiembre, el recurso presentado contra la sanción de siete meses y un día, que implica pérdida de destino, que se le impuso por la comisión disciplinaria del gobierno de los jueces por supuestas “dilaciones indebidas” en las múltiples causas que lleva. Agustín Azparren ha recordado que “de momento está pendiente el recurso de alzada contra la decisión de la comisión disciplinaria que va al CGPJ", se esperaba que fuese al pleno de junio, celebrado el viernes pasado, pero por alguna causa que se desconoce, el recurso "no fue". El plenario no se volverá a reunir hasta finales de julio, y después, ya en septiembre, con el lapso vacacional de agosto.

De esta manera son ya tres meses para una respuesta, después de que el abogado presentara el recurso a mediados del mes de mayo, un plazo que se podría ver ampliado incluso hasta un año. "Es un plazo de tres meses y, si pasan, se puede sobreentender que se ha desestimado el recurso, pero normalmente lo resuelve el pleno del Consejo aunque sea fuera de plazo. Incluso en algún caso, se tardó en resolver casi un año, pero eso no es lo normal”, ha explicado Azparren a El País. “Lo normal es que esté solventado a los tres, cuatro o cinco meses. Si no entra en julio entrará en septiembre”, se atreve a aventurar el letrado y exmagistrado del CGPJ.

En cuanto a su clienta, la juez Pilar de Lara, ha constatado que está “tranquila” y que “está sacando todo lo que puede y acabando” con todas las instrucciones que lleva, entre otras Carioca sobre redes de prostitución o la Pokémon sobre mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas. Azparren ha afirmado que precisamente la jueza esta tratando de acelerar todos los procesos para, con ello, “evitar que se pudiera producir algún perjuicio si al final se le confirmara la sanción, o parte de la sanción, y tuviera que dejar el juzgado o incluso que estuviera suspendida durante unos meses". La idea es clarificar lo más posible la situación de colapso de este pequeño juzgado de provincias con las mayores causas sobre corrupción de Galicia, "por lo menos para evitar el retraso considerable que supondría la llegada de un juez nuevo que tiene que conocer desde el principio los asuntos".

“Ella lo que va a hacer en todo el tiempo que le queda es intentar acabar todo lo que depende de ella, lógicamente” ha recalcado el abogado de Pilar de Lara en este procedimiento disciplinario que debe de dirimir el pleno del CGPJ. La sanción de siete meses implica la pérdida de destino para ella, y según ha defendido en estos meses su abogado, gran parte de los retrasos se deben a la falta de medios humanos y materiales en el juzgado, a la lentitud de los trámites con otras instancias y organismos y a otros trabajadores de la justicia de los que dependen también las diligencias en marcha desde hace años.

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