Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La ley catalana de educación cumple diez años sin ejecutar sus objetivos

La comunidad educativa denuncia la falta de democracia en los centros y la reducción del gasto público en la enseñanza

Alumnos de una clase de educación infantil.
Alumnos de una clase de educación infantil.

La Ley Catalana de Educación (LEC) ha cumplido esta semana 10 años con muchas cuentas pendientes y cada vez menos apoyos. El consenso político con el que contaba cuando se aprobó ya no existe y algunos de los objetivos con los que nació están lejos de cumplirse. La norma recoge que el presupuesto educativo tiene que ser del 6% del PIB, pero hoy apenas llega al 3,5%. Los conciertos con colegios privados que avala la ley mantienen el rechazo de buena parte de la comunidad educativa. Y la segregación escolar, principal problema del sistema educativo, sigue creciendo sin que la LEC despliegue herramientas para combatirla.

La LEC se aprobó en 2009 con un 89% de los votos favorables(ERC, PSC, ICV y CiU), aunque ICV —que formaba parte del gobierno con ERC y PSC— votó en contra de algunos artículos. Pero este consenso, que sustentó la norma durante una década pese a los cambios de gobierno, se ha esfumado. Entre otras cosas porque Ciudadanos, que votó en contra, es ahora el principal partido de la cámara. Además, buena parte de la comunidad educativa que entonces rechazó la norma, mantiene aún su negativa a esta ley.

Pero independientemente de los eventuales apoyos que pudiese tener ahora, la LEC tampoco ha logrado ejecutar los objetivos que se marcó. Especialmente, aquellos que se refiere al gasto público en educación. La norma contempla que, en ocho años, el montante debería estar, “como mínimo”, en torno al 6% del PIB. Una década después, está en el 3,56%. “Para que las cosas funcionen se necesita dinero. Hay cosas que proponía la LEC, como la formación de los maestros o la escuela inclusiva, que no se pueden hacer porque no hay dinero”, sostiene Maria Vinuesa, de la Asociación de profesores Rosa Sensat, que en 2009 se posicionó en contra de la ley. El Govern presentó un decreto para potenciar la escuela inclusiva, pero no se ha desplegado por falta de presupuesto. “Estamos muy lejos del 6%. Estamos más lejos que hace 10 años”, lamenta Manel Pulido, de CC OO.

“Si no se ha avanzado más es por la losa de la crisis financiera que ha provocado muchos recortes”, justificaba el pasado jueves el consejero de Educación, Josep Bargalló, en décimo aniversario de la LEC. “Y el contexto político no ha sido propicio para desplegar la LEC”, agregaba, en alusión a la intervención de la Generalitat con el artículo 155 de la Constitución. En estos años, el PP también llevó la norma, que blinda la inmersión lingüistica, al Tribunal Constitucional. Los magistrados avalaron casi toda la ley, aunque no tocaron el artículo del catalán como lengua vehicular porque éste no fue recurrido.

“La LEC ha dado más pérdidas sociales”

“La LEC, como la LOMCE, es una ley neoliberal que se debería derogar”, dice, tajante, Belén Tascón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fapac). Tascón asegura que la norma “ha reducido la democracia en las escuelas” e introduce, además, la competencia entre centros, “por lo que se deja de cooperar”.

“La LEC ha dado más pérdidas sociales a la escuela que ventajas al sistema. Lo único bueno era el aumento de la provisión de recursos y no ha sucedido. Se han reducido”, lamenta Tascón. La presidenta de Fapac sostiene que “si el sistema educativo no ha naufragado es por el trabajo de los docentes y de las familias, no por la ley”.

La LEC también creó el Servicio de Educación de Cataluña, integrado por escuelas públicas y privadas concertadas. Este sistema equiparaba, de facto, las dos redes (antes la concertada era subsidiaria de la pública), lo que generó el rechazo de la comunidad educativa. La ley recoge, además, que, para garantizar la gratuidad de la educación, los centros concertados tienen que tener financiación suficiente y prohíbe que se impongan cuotas a las familias. Sin embargo, ninguno de estos artículos se ha cumplido y hay centros concertados que cobran hasta 800 euros al mes por cada niño escolarizado.

Esta situación alienta, según sindicatos, familias y docentes, la segregación escolar, el principal problema de la escuela en Cataluña. “Los conciertos son un multiplicador de la segregación”, zanja Ramon Font, de USTEC. “La LEC no ha conseguido revertir la parte segregadora que ya anunciábamos que sería mantener esta doble red”, agrega Vinuesa. Bargalló anunció que revisará los conciertos y no los renovará a los centros que segreguen por sexo.

Otro de los elementos más conflictivos de la norma fue la cesión de más poder a las direcciones de los centros. La ley daba más autonomía a los colegios al reforzar el papel de los directores ampliando sus competencias en gestión pedagógica y de recursos humanos. Estas medidas han pasado factura a la democracia de los centros. “Cosas que estaban bien, como la autonomía de centro, se han pervertido. Las direcciones tienen una capacidad de gestión del personal muy importante. Tienen mucha carga y se descuida el liderazgo pedagógico. Hay bastantes conflictos”, apunta Pulido.

El poder de las direcciones


Vinuesa añade que el aumento de poder de las direcciones ha ido en detrimento del de los equipos. “En estos 10 años, en la escuela ha habido cambios espectaculares en la práctica educativa que no van de acuerdo a la ley. Los cambios han ido por delante de la ley. Los han promovido las escuelas poniendo el acento en el equipo, en un proyecto en el que todos se sientan implicados. El proyecto educativo no tiene que descansar en la figura de una sola persona”, agrega la docente.

Algunos actores coinciden en la necesidad de revisar la LEC y adaptarla a los nuevos retos del sistema. Otros apuestan por evaluar la propia ley o incluso, derogarla. “La LEC quería una educación mejor para Cataluña y no lo ha logrado: el descontento, más allá de las cuestiones económicas, es creciente”, apunta Vinuesa. “Vamos peor que hace 10 años: más segregación, menos democracia en los centros y peor financiación”, concluye Font.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información