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Tusquets y Masià llevan al TSJC su intento de anular los resultados de la Cámara

Los dos candidatos también presentan un recurso de alzada ante el Departamento de Empresa para anular la votación

Joan Canadell, Montse Soler y Elisenda Paluzie, impulsores de la candidatura Eines de País, el pasado miércoles.
Joan Canadell, Montse Soler y Elisenda Paluzie, impulsores de la candidatura Eines de País, el pasado miércoles.

Solo una sorpresa de última hora impedirá a Joan Canadell erigirse el lunes como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona con su candidatura independentista. Su nombramiento, sin embargo, quedará bajo la sombra de la duda ante los recursos presentados por las candidaturas de Carlos Tusquets y Ramon Masià, con los que pretendían ayer paralizar el pleno constitucional.

Una de esas peticiones se presentó hace dos semanas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Mercedes Cuyás, responsable de armar y explicar la ofensiva jurídica para intentar anular los resultados, explicó que hace dos semanas se trasladó un recurso contencioso especial con el mismo objetivo ante el TSJC, que todavía no ha sido admitido a trámite. Cuyás defendió que el tipo de recurso presentado podría acelerar los plazos judiciales medios, aunque también admitió que no se han pedido medidas cautelares para paralizar el proceso.

Sí lo hicieron, en cambio, en el recurso de alzada que presentaron el jueves por la noche ante el Departamento de Empresa, encargado de la legislación sobre cámaras de comercio, con el objetivo de que se decida suspender la celebración de la sesión del lunes, en la que Joan Canadell debe convertirse en el nuevo presidente de la Cámara, en sustitución de Miquel Valls. Ayer el Departamento de Empresa negaba tener constancia de ese escrito, suscrito por 22 empresarios, entre candidatos a acceder al pleno de la corporación empresarial y electores que han querido mostrar su queja.

Entre ellos hay empresarios pakistaníes y chinos molestos por la dificultad de entender todo el procedimiento de voto“Si no se adoptan las medidas cautelares podría darse que los acuerdos que tome la cámara de Comercio entren en crisis y estén viciados en grado de nulidad”, advirtió ayer la abogada, que representa la unión de las candidaturas de Tusquets y Masià, algunos de cuyos miembros protagonizaron una pelea el último día de votación.

Si no hay cambios, el pleno cameral quedará integrado por 31 miembros pertenecientes a la candidatura independentista Eines de País, lo que les confiere la mayoría absoluta en el pleno cameral, en el que convivirán 60 miembros. Uno de los argumentos de los empresarios recurrentes es que podrían cambiar hasta ocho vocalías si se tienen en cuenta sus reclamaciones jurídicas. De esa forma, la plataforma secesionista se podría quedar sin esa capacidad para, sin depender de nadie más, nombrar al presidente y al resto del comité ejecutivo y marcar las políticas camerales de los próximos cuatro años.

Ilegalidades

El equipo jurídico que asesora a Tusquets y Masià considera que en el proceso electoral se han producido “irregularidades invalidantes” e “ilegalidades” que vulneraban derechos fundamentales de los electores y de los candidatos a cubrir alguno de los 40 asientos que se escogieron por voto directo.

Uno de ellos se refiere al sistema de voto electrónico y a las diferentes fórmulas que se emplearon para la votación presencial y la que se podía efectuar a distancia, que consideran “discriminatorios”. Denuncian que el voto a distancia carecía de un sistema de autentificación robusta —necesidad de dos niveles de autentificación—, lo que incumpliría la normativa aprobada. Y, además, consideran que ese elemento es crucial al tener en cuenta que el 85% de los votos llegaron de forma remota.

Otro de los argumentos esgrimidos se refiere a los más de 600 votos que se consideraron nulos por proceder de similares direcciones IP, lo que consideran una decisión arbitraria de la empresa encargada de la auditoría de las elecciones, que decidió que no se considerarían válidos aquellos escrutinios procedentes de IP desde donde se hubieran registrado más de siete votaciones. Las dos candidaturas consideran que, fruto de esos problemas, podría cambiar la designación de ocho vocalías. Y, además, según las denuncias, se habría vulnerado la protección de datos personales cuando Scytl hizo la comprobación de los votos anulados.

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