Un escrito ante la Fiscalía denuncia un contrato de 785 millones de Ana Botella

Un grupo de denunciantes ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción un contrato municipal de la época de la alcaldesa Ana Botella (PP). El contrato, por un montante de 785,88 millones de euros, vigente hasta 2022, establecía la gestión energética del alumbrado público de Madrid. Los denunciantes consideran que hay un posible quebranto de al menos 201,8 millones para las arcas municipales. Primero, llevaron el caso a los gestores del Consistorio, de Ahora Madrid, pero ante la ausencia de respuestas claras, ayer dieron el paso hasta Anticorrupción.

El contrato, de mayo de 2014, estaba pensado para abaratar, como otros firmados en esa época, los costes municipales en el alumbrado, las fuentes ornamentales o el control de tráfico. Era un contrato de eficiencia energética: se hacían una serie de obras (cambiar instalaciones y las bombillas tradicionales por led, entre otras), de tal forma que el Ayuntamiento pudiera abaratar su factura energética hasta en un 60%, según los denunciantes. La licitación exigió un ahorro mínimo anual del 20% sobre las últimas facturas de la luz, que las concesionarias elevaron a entre el 30,33% y el 45,78%, dependiendo del lote (son tres, correspondientes al interior de la M-30, el este y el oeste).

La Corporación local pagó, mediante el canon anual que abona, las inversiones iniciales necesarias para cambiar las instalaciones a otras más eficientes energéticamente. Pero los ahorros que se generan por estos cambios se lo quedan las empresas. Para los denunciantes, esto supone que supuestamente “el Ayuntamiento está pagando indebidamente” las inversiones (66,8 millones), más los ahorros (unos 100 millones si se calculan con el 60% de los consumos desde 2016, tras las inversiones necesarias), que dan un total de 166,8 millones, 201,8 millones con IVA.

Los denunciantes, un grupo de antiguos ejecutivos interesados en las energías renovables, pusieron el asunto en conocimiento del Ayuntamiento de Ahora Madrid en julio de 2015. Pasaron los meses y no fue hasta finales de 2016 cuando el concejal de Economía y Hacienda de entonces, Carlos Sánchez Mato, puso en marcha un informe en el marco de la auditoría de la deuda, cuyos resultados anunció pero no llegaron a la Fiscalía en forma de denuncia.

Tras el cese de Mato, los denunciantes lo pusieron en conocimiento del concejal Jorge García Castaño, que se comprometió a investigarlo. Finalmente, tras la creación de la Oficina Antifraude, recaló en Carlos Granados, su responsable, que aceptó estudiarlo en diciembre de 2018. El pasado 17 de mayo, 17 meses después, anunció que cerraba el caso tras no observar “la existencia de fraude o corrupción”. Después solicitó un informe complementario.

Fuentes de la coordinación de la alcaldía reconocen que fueron informados del supuesto fraude en 2015. “Se nos puede reprochar que los mecanismos de lucha contra la corrupción no han sido lo suficientemente eficaces para, en un tiempo razonable, verificar las presuntas irregularidades denunciadas”. Este periódico ha solicitado al Ayuntamiento información sobre las liquidaciones anuales del canon y los ahorros generados sin obtener respuesta.