Detenido por instalar un programa espía en el móvil de su expareja
Los Mossos acusan al arrestado de un delito contra la intimidad, penado con cárcel
Ella tardó casi medio año en denunciar. El tiempo en el que ya no le pareció una casualidad que su expareja supiese dónde iba, con quién hablaba, qué mails enviaba. Que incluso le desapareciesen conversaciones de sus dispositivos electrónicos que estaba segura de que había guardado. Cuando a finales del año pasado acudió a la comisaría de los Mossos, sentía cierto temor y vulnerabilidad y padecía el deterioro de sus relaciones sociales, explican fuentes de Mossos. En marzo, su expareja fue detenido acusado de ponerle un software en el móvil para controlarla.
“No supo gestionar una ruptura y tomó las medidas menos adecuadas”, resumen fuentes policiales sobre lo que empujó a un hombre, de unos 30 años, de La Seu d'Urgell, en Lleida a instalar en el móvil de su expareja un programa espía. Se trata de Hoverwatch, diseñado por Refog. “Se enmascara como un control parental”, aseguran fuentes policiales, y cuesta unos 30 euros al mes. El programa permite casi todo: toma fotografías, activa la cámara y el micro a distancia, avisa de la localización de la persona, registra todo lo tecleado y buscado…
El control parental es el resquicio que tienen este tipo de aplicaciones para ser legales, explica el abogado especialista en delitos informáticos, Carlos Sánchez Almeida, después de que una sentencia del Supremo admitiese la supervisión de los padres sobre los hijos. “Pero incluso el control parental se permite solo en circunstancias excepcionales”, advierte. “El problema, sobre todo en temas de pareja, es que mucha gente se piensa que es lícito”, añade el letrado. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un delito contra la intimidad de la persona, con una pena de hasta cuatro años de cárcel.
Al principio la mujer pensaba que todo eran casualidades. “Iba a hacer gestiones con alguien relacionadas con un negocio que tenía, y veía o se cruzaba con su exmarido”, cuenta el subinspector César Jou, responsable del área de investigación de Mossos en el Pirineo. Pero cada vez empezó a ser más frecuente. Su expareja conocía pormenores de sus conversaciones privadas y se sentía intimidada. “Cuando ella preguntaba cómo sabía esos detalles, él le decía que se lo contaban los que creían que eran sus amigos”, indica el subinspector Jou. La situación la llevó incluso a alejarse de ellos, a desgastar sus relaciones sociales.
En ese clima de control e inseguridad, la mujer decidió un día pasar la noche en casa de una amiga. “Quedaron en que no se lo dirían a nadie y así estaría más tranquila”, recuerda el subinspector. Pero al poco su expareja la llamó, diciéndole que sabía que iba a dormir en casa de ella. La mujer, finalmente, apoyada por su entorno social acudió a los Mossos a denunciar lo que le estaba pasando.
Les llevó tanto su teléfono móvil como su ordenador portátil. Un análisis pericial detectó el programa espía. “No hay ningún icono ni nada que se pueda ver, requiere ese tipo de análisis para saber que está ahí”, explican fuentes policiales. Con la investigación, lo agentes comprobaron que el programa lo gestionaba la expareja de la mujer a través de un correo electrónico. Los agentes le detuvieron y él admitió en ese momento su culpabilidad, según fuentes policiales.
Los investigadores subrayan la gravedad del delito, que supone una vulneración de derechos fundamentales, aunque muchas veces los implicados no son conscientes. “Incluso en ocasiones hay que parar los pies a clientes que pretenden aportar pruebas conseguidas de esa manera, totalmente ilícita”, añade fuentes del mundo de la abogacía, sobre este tipo de comportamientos. El hombre detenido, que se encuentra en libertad con cargos, está a la espera de que se cierre la investigación y se dicte fecha de juicio, acusado de delitos contra la intimidad y la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.
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