Pilar de Lara cree que el objetivo de su sanción es “apartarla” del juzgado

La juez de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha esperado hasta agotar el plazo para recurrir la sanción del Consejo General del Poder Judicial de siete meses y un día (que implica pérdida de destino y su separación de las causas anticorrupción que instruye). Su abogado ha cursado el recurso esta misma tarde ante el Pleno del CGPJ. Se la castiga por falta "muy grave" en cuanto a “desatención y retrasos injustificados” en las numerosas causas que lleva, como la Pokémon sobre corrupción política o la Carioca sobre mafias de prostitución de las que formaban supuestamente parte agentes del orden.

Agustín Azparren ha puntualizado que, entre otros argumentos, en su recurso blanden que el objetivo de la última inspección que sufrió su desbordado juzgado de provincias y la propuesta de sanción del promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial ha sido el de "apartar" a la magistrada de su juzgado. Y en consecuencia, alejarla de unas causas que han provocado en la última década una gran sacudida social y política. En el recurso “tratamos de hacer considerar que se ha actuado con una finalidad, la de apartar a la juez del juzgado”, ha reconocido el letrado que defiende a De Lara en el expediente disciplinario abierto.

Hasta la última visita, de dos semanas, de los funcionarios del CGPJ, “da la impresión de que la inspección siempre había valorado correctamente la actuación de la juez”, explica Azparren: “Un expediente de seguimiento que se hizo al juzgado estuvo inactivo durante más de dos años". Además, sigue, en esta ocasión, mientras el promotor de la Acción Disciplinaria (el exalto cargo del Gobierno de PP Ricardo Conde) instruía el expediente sancionador, "se inadmitió toda la prueba testifical que habíamos propuesto, que lo que trataba es de probar el alto rendimiento y la dedicación de la magistrado", protesta su abogado. "Incluso se pedían las declaraciones de los inspectores del Consejo General del Poder Judicial para que explicaran por qué había sido el cambio de criterio", hasta un momento favorable a la juez y a partir de otro momento, contrario, ha incidido.

Azparren niega “falta de desatención”, al tiempo que insiste en que “la pena es desproporcionada, el fiscal pidió solo tres meses, y ella no tiene antecedentes disciplinarios”. “Nunca fue expedientada hasta este momento, a pesar de todos los años que lleva en el juzgado, con tantas causas. Lo normal es que recibiera muchas quejas o hubiera tenido algún problema y sin embargo desde 2007 nunca tuvo un expediente disciplinario”, protesta el letrado de De Lara.

El abogado de Pilar de Lara puntualiza que “cuando ocurre eso se suele imponer la sanción mínima, que suele ser de un mes y como mucho de tres meses, que es lo que pidió el fiscal en el CGPJ, pero nunca de siete meses y un día", una pena que "además supone pérdida de destino”.

Al respecto de por qué se la ha querido apartar, de si hay condicionantes políticos, Agustín Azparren vuelve a insistir en que “las dos propuestas de sanción que se hacen, uno es un traslado forzoso y otro es una pena de más de seis meses sin empleo y sueldo, y ambas implican la pérdida de destino”. “Aquí parece que lo que hay es un 'no nos gusta su forma de instruir' y la única solución que ven, entre comillas, desde el punto de vista disciplinario es imponerle una sanción que lleva implícita perdida de destino”, concluye.