Colau acelera sin éxito contra el ‘top manta’ a un mes de las elecciones

La Plataforma de Afectados por el Top Manta —integrada por comerciantes, restauradores y hoteles y vecinos— considera que el Gobierno de Ada Colau ha “entendido”, a solo unas semanas de las elecciones municipales, cómo combatir la venta ilegal mediante operativos policiales que se colocan donde antes había manteros. Unas actuaciones por las que el Ayuntamiento siempre ha apostado, pero que se ha negado a llevar a cabo sin la ayuda de Mossos y Policía Portuaria. La oposición denuncia que Colau llega tarde y, además, traslada a los manteros a otras zonas. Algunos califican el operativo de puro “maquillaje”.

La Guardia Urbana de Barcelona, junto con los Mossos d'Esquadra y agentes de seguridad de Renfe y TMB, pusieron en marcha el pasado febrero —una semana antes del Mobile World Congress— un operativo de desalojo del zoco de venta ilegal en que se había convertido el intercambiador del tren y metro de plaza Catalunya. Entonces, el Consistorio pidió a la Generalitat que fuesen los Mossos los que tomaran la iniciativa en el desalojo al entender que era competencia de ellos por tratarse de una instalación ferroviaria. La policía autonómica exigía, en cambio, que fuese la Urbana.

Tras meses de discusión, fue el Ayuntamiento el que dirigió el operativo conjunto que hoy sigue en la zona evitando la presencia de manteros. La expulsión fue tan exitosa que el equipo de Colau puso en marcha otro operativo, el 24 de abril, en el Portal de la Pau, junto al monumento de Colón. En esta ocasión sin ayuda de Mossos, pero sí de la Policía Portuaria.

Ahora la zona del paseo Joan de Borbó se ha convertido en un verdadero hipermercado al aire libre de la venta de objetos piratas. Un lugar donde el pasado martes paraban hordas de turistas en bicicleta y un guía explicaba la presencia del top manta como un atractivo más de la ciudad.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por el Top Manta, Fermí Villar, cree que los dos operativos de plaza Catalunya y Colón se podían haber realizado mucho antes: “En la Barceloneta sigue el problema hasta el punto que los manteros han conseguido cambiar el flujo de los turistas hacia la playa. Ya no pasan por la acera de Joan de Borbó donde hay comercios y está suponiendo pérdidas de más del 50% de la facturación”.

El director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols, es muy crítico con el gobierno de Colau: “Darse cuenta en plena precampaña que hay que actuar contra el top manta es puro cinismo. La dejadez del gobierno municipal ha comportado que seamos la capital de la venta irregular y estas operaciones de última hora no son más que maquillaje”.

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona asegura que durante este mandato “la Guardia Urbana ha mantenido una densa actividad contra la venta ambulante irregular y, en ningún momento, se ha renunciado a una prevención sobre el espacio público donde está prohibida la venta ambulante no autorizada”. El Consistorio sostiene que la venta de productos falsificados supone la comisión de un delito “que debe ser perseguido por parte de los Mossos d'Esquadra, mientras que a la Guardia Urbana le corresponde imponer sanciones administrativas por infracción de la ordenanza en el espacio público y de convivencia y, si es necesario, decomisar el material”. El equipo de Colau mantiene que semanas después de ganar la alcaldía en 2015 se pusieron en marcha protocolos contra la venta ambulante. “No ha habido un crecimiento exponencial de vendedores en los últimos años, sino una reubicación que es consecuencia de las actuaciones policiales”, asegura una portavoz municipal. Afirman que la presión de la Guardia Urbana ha provocado que los manteros se desplacen de zonas como La Rambla, paseo de Gràcia, Portal de l’Àngel o la avenida Maria Cristina y se agrupen en otros puntos. “En la Barceloneta, en Joan de Borbó, la retirada de las furgonetas de Mossos, tras el atentado de 2017, provocó que la concentración se ampliara en esta zona. También la reducción de 29.000 horas extras de la policía portuaria en 2018 generó un impacto negativo en la zona”, sostienen.

Críticas de la oposición

La oposición a Colau se ha mostrado muy crítica. Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, sostiene que los comunes con su “inacción” han “avalado” la venta ambulante irregular. Marilén Barceló, de Ciudadanos, considera que se ha sido muy permisivo con los manteros: “Así no se les ayuda y se perjudica el comercio”. El concejal de ERC, Jordi Coronas, es tajante: “Llevamos cuatro años con este problema y la permisividad de Colau ha provocado un descontrol”. “Que Colau pretenda hacer en 20 días lo que no ha hecho en cuatro años es una vergüenza electoralista”, añade el líder del PSC, Jaume Collboni. El alcaldable del PP, Josep Bou, cree que Colau ha utilizado a la Urbana de forma “electoralista”. Desde la CUP, una portavoz critica al equipo de gobierno pero en sentido opuesto. “La cara más conservadora y retrógrada de BComú toma parte activa para que la seguridad sea un tema de la campaña electoral”.