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Barcelona recauda 69 millones con su plan contra el fraude fiscal

Desde 2016, el foco está centrado en los grandes contribuyentes: centros comerciales, empresas de suministros o constructoras

Obras en la plaza de las Glòries de Barcelona.
Obras en la plaza de las Glòries de Barcelona.

El plan de lucha contra el fraude fiscal del Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lleva recaudados 69 millones desde 2016. El ejecutivo detectó en 2015 que la gestión tributaria se centraba en los pequeños contribuyentes, cuya recaudación está automatizada y las alarmas saltan al mínimo incumplimiento. Por ejemplo, cuando no se paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de circulación. Desde 2016, la prioridad han sido los grandes contribuyentes: centros comerciales, empresas de suministros o constructoras.

El plan de Colau para combatir el fraude ha supuesto también duplicar el número de inspectores (de seis a 12), incrementar el personal de atención ciudadana y un plan de formación. Cambiando el foco de las inspecciones, de particulares a grandes contribuyentes, el Consistorio ha ingresado dos millones de euros de grandes superficies por cuestiones como no declarar la superficie de los pasillos de los centros comerciales. El Ayuntamiento también ha recaudado casi cinco millones de empresas de suministros (las distribuidoras de electricidad no declaraban el impuesto que grava el 1,5% de su facturación), 10,7 millones de constructoras que no declaraban el coste real de las obras, o 12,2 millones de empresas que facturan más de un millón de euros y no pagaban correctamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

“El Ayuntamiento era muy eficaz con los pequeños contribuyentes y en cambio no éramos tan eficaces con los grande”, explica el gerente de Economía, Jordi Ayala. El responsable municipal apostilla, no obstante, que la morosidad entre los ciudadanos es mínima: se cobran el 94% de los recibos.

Ayala insiste en celebrar que, además de recaudar más, lo que más valora el Consistorio es “que pague quien tiene que pagar”. “No se trata tanto de exprimir a quien ya paga, sino de que cumpla quien no lo hace”, apunta. El gerente de Economía recuerda que si no hubiera fraude, “todos podríamos pagar menos impuestos”. “Se trata de reducir la brecha fiscal”, concluye.

La idea del Ejecutivo de Colau es ampliar estas inspecciones a otros grandes contribuyentes. Después de las distribuidoras de electricidad, se inspeccionarán las comercializadoras, las distribuidoras y comercializadoras de gas o las de telefonía.

Otro frente son las flotas de vehículos: el equipo de Hacienda trabaja para conseguir regularizar la situación fiscal de empresas que tienen las flotas matriculadas en otros municipios.

En el caso de grandes fundaciones y entidades religiosas, el Consistorio ya anunció hace unos meses que estudia si puede cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, tal y como apuntaba una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia.

El Consistorio también ha indicado que quiere poner la lupa en las plusvalías que generan las compraventas entre sociedades inmobiliarias o los beneficios de grandes empresas de explotación de ocio vinculadas al turismo.

Cruce de datos

Otra de las fórmulas para aumentar la recaudación de grandes contribuyentes ha sido cruzar datos con otras administraciones. Por ejemplo, con la Agencia Tributaria de Cataluña, y recaudar deudas (multas) de residentes fuera de Barcelona.

Con la Dirección General del Catastro, el Ayuntamiento de Ada Colau también ha firmado un convenio de actualización de los datos y con la Federación Española de Municipios se notificarán multas al extranjero. En este capítulo, con la Agencia Tributaria, los inspectores municipales también trabajarán para revisar declaraciones de operadores de alojamientos turísticos.

Reclamación a empresas de suministros

Los llamados Ayuntamientos del cambio, gobernados por los comunes o Podemos (Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid, Cádiz, Santiago de Compostela, Coruña y Rivas) han escrito una carta al Ministerio de Hacienda pidiéndole que compruebe si las empresas de suministros pagan lo que les toca.

El origen de la carta son las inspecciones a las suministradoras de electricidad de Barcelona, que permitieron descubrir que en cuatro años no declararon 150 millones de facturación: se les aplicó el 1,5% de la tasa de suministro (por utilización de espacio público) y la ciudad recaudó 2,2 millones de euros.

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