Un juez investiga un fraude masivo en las elecciones de los Mossos

Un juez de Tarragona investiga un fraude masivo en las elecciones sindicales de los Mossos d’Esquadra. Las irregularidades se centran en el voto por correo recogido por uno de los sindicatos en liza, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL). La causa apunta ahora a la subdirectora general de recursos humanos del Departamento de Interior, Esperança Cartiel, que ha sido citada a declarar como investigada junto a delegados sindicales y funcionarios de Mossos por falsedad documental y prevaricación. Interior ha dejado en suspenso —contra el criterio del juez— el proceso electoral y los resultados del voto presencial, que dieron como ganador a Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC).

Albert es un mosso que, como algunos de sus compañeros, nunca ha tenido “mucho interés” en las elecciones al Consejo de Policía, el órgano de representación que media en los conflictos laborales entre la Generalitat y los funcionarios. Ni siquiera tenía pensado ir a votar. De modo que, cuando un delegado sindical y amigo le ofreció hacerlo por correo, no puso pegas. Albert rellenó un formulario y se lo entregó junto a una fotocopia del DNI. Lo que ignoraba —lo ha reconocido en su declaración como testigo— es que “debía presentar personalmente” esos documentos.

El presunto fraude en el voto por correo se ha destapado por casos como el de Albert. Está destinado en Puigcerdà, vive en Berga y, aun así, se supone que presentó la solicitud de voto en la comisaría de Mossos del aeropuerto de El Prat. Albert admite que nunca estuvo allí, a pesar de que la normativa de Interior es clara cuando dice que el mosso debe solicitar el voto “personalmente” mostrando su DNI o su número TIP (Tarjeta de Identidad Profesional) a los funcionarios, que a su vez trasladan los datos a la mesa electoral coordinadora.

El voto por correo ha apuntalado, tradicionalmente, la hegemonía del SAP. En 2015, el sindicato ganó seis de los doce asientos del Consejo de Policía. Sus rivales impugnaron los resultados por presuntas irregularidades: el SAP maniobró para celebrar las elecciones en verano, lo que restaba peso al voto presencial. La justicia anuló las elecciones porque la Administración había vulnerado el derecho a la igualdad de las organizaciones sindicales. Interior las convocó de nuevo para el 11 de marzo de 2019.

Todos estaban, esta vez, en alerta ante el voto por correo. Y más que nadie USPAC, que obtuvo indicios de irregularidades, en primer lugar, en la comisaría de Tarragona. Allí se recogieron solicitudes de voto de grupos enteros de mossos (de la prisión de Mas d’Enric, en El Catllar, o del 112, en Reus). Tres semanas antes de la votación, se querelló contra dos funcionarias por avalar cuatro peticiones de voto “presentadas por un delegado” y no por los interesados. “Se está cometiendo un acto ilegal”, señaló USPAC, que había avisado de esas maniobras a la subdirectora de recursos humanos. Cartiel se limitó a contestar por carta que la administración había actuado “de conformidad con el ordenamiento jurídico”.

Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, abrió una investigación pocos días antes de los comicios. Y cuando USPAC aportó indicios de irregularidades también en Barcelona, Girona y Lleida, el magistrado tomó una decisión que lo hizo saltar todo por los aires: ordenó a Interior “separar todo el voto por correo del voto presencial y no contabilizar ni escrutar el voto por correo en su totalidad”. El objetivo era evitar que, si unas papeletas se declaran finalmente nulas, todo el proceso electoral quedara contaminado.

El voto presencial (8.630 papeletas) dio como ganador a USPAC. La mesa electoral central pidió al juez que enviara a un secretario judicial para “garantizar” el cómputo del voto por correo. Pero Rus lo rechazó. Insistió en que no debía contarse por las “fundadas sospechas” de que la solicitud y emisión de esos votos “pudieran ser ilícitas”. Y recordó que su decisión no afectaba “al cómputo del voto presencial ni al desarrollo del proceso electoral”. Pese a las advertencias del juez, Interior adoptó, el 18 de marzo, una decisión drástica: dada la “imposibilidad” de contar los 4.625 votos por correo, suspendió el proceso electoral y evitó atribuir los resultados a las candidaturas a la espera de una decisión judicial que no llegará. El 20 de marzo, el juez recordó que “nunca ha acordado” suspender las elecciones y que es una decisión “exclusiva” de la Administración.

La lucha de poder está servida. USPAC trata de hacer valer ese auto para presionar a Interior: quiere que excluya el voto por correo y valide el presencial, que le beneficia. También presiona en el frente judicial: ha ampliado la querella por un centenar de casos y apunta al corazón del departamento: el fraude “no podría llevarse a cabo sin algún tipo de estructura o comunicación” de la subdirección de recursos humanos, competente para supervisar el proceso electoral. Es “imposible” que Cartiel no conociera la actuación irregular, según el sindicato, que ha logrado que el juez acuerde su citación como investigada.

En un comunicado, SAP-FEPOL denunció que la intención de USPAC es “silenciar la decisión de miles de miembros del cuerpo” y dijo que no haría más manifestaciones públicas hasta que haya “una resolución del procedimiento penal”.