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Doble reprobación a la alcaldesa en el último pleno del mandato

El PP consigue apoyos para censurar la gestión de BCcomú

Colau, en el último pleno del mandato.
Colau, en el último pleno del mandato.

Y van la octava y la novena reprobaciones a la gestión del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El ejecutivo se llevó ayer en el pleno una doble reprobación. Primero, impulsada por Ciutadans y con el apoyo de PDeCAT, PSC y PP, por su política de vivienda (la cuestión que la llevó a la alcaldía por su pasado como activista). Y después, presentada por el PP y con los votos de los mismos grupos, por su gestión general a lo largo del mandato.

Los populares habían intentado en otras ocasiones reprobar toda la gestión, pero no habían tenido apoyo. Con las elecciones cerca, ayer no les costó después de que su líder, Alberto Fernández Díaz, hablara de “una ciudad donde el delito es capital”, acusara a Colau de ser “una alcaldesa manostijeras en recortes, manirrota en gestos y sorda en escuchar”. Algunos grupos advirtieron de que quien juzgará la gestión de Colau serán las urnas el 26 de mayo.

Pero la oposición se cebó especialmente en la reprobación por las políticas de vivienda. Abrió fuego la líder del partido naranja, Carina Mejías, asegurando que la política de vivienda de Colau “hace aguas por todas partes”. Recordó que han subido los desahucios, los precios del alquiler, la lista de espera para un piso social, para los de emergencia... y reprochó a BComú haber construido menos pisos de los que prometió.

Solo ERC —que recordó que PDeCAT y Ciutadans aprobaron en su día el plan de vivienda de Colau— y la CUP rechazaron sumarse a la reprimenda. Mientras, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner aseguró haber invertido como nunca en construir nuevos pisos (500 millones de euros) y en comprar (50 millones). El edil señaló que entre compras, obra nueva y rotación del parque, el gobierno ha entregado 2.600 llaves y ha activado 4.600 viviendas.

Reprobación a Mejías

La sorpresa llegó al final del pleno, cuando el Gobierno pidió apreciar la urgencia para votar una moción que no estaba prevista y con la que buscó reprobar a la jefa de filas de Ciutadans, Carina Mejías, por sus críticas a la placa colocada ante la comisaría de Via Laietana que recuerda las torturas durante el franquismo. La impulsó Barcelona en comú y consiguió el apoyo el apoyo de PDeCAT, ERC, el PSC y la CUP tras horas de negociaciones.

El texto reprueba “el discurso de Mejías por haber aprovechado la instalación del atril para banalizar la represión franquista, confundir la policía franquista con la actual y generar un clima de hostilidad hacia la placa”. Además, la moción reconoce a los ciudadanos represaliados, apoya las políticas de memoria y reconoce la tarea de los cuerpos policiales que actúan hoy en la ciudad.

La concejal vio “una venganza personal” en la moción y acusó a los grupos que la votaron de “utilizar los malos ratos de quienes sufrieron torturas para manchar a la policía”. Mejías también aplaudió la carta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska en la que advierte a Colau de que es “peligroso identificar instituciones democráticas con un régimen político del pasado”.

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