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El Govern pretende que los locales sufraguen la promoción comercial

Los propietarios pagarán por las actividades que impulsen las áreas de promoción económica y podrán exigir mejoras de seguridad o limpieza a los ayuntamientos.

Los negocios podrán exigir mejoras en limpieza
Los negocios podrán exigir mejoras en limpieza

El Govern parece haber dado con una fórmula para impulsar las áreas de promoción económica urbana (APEU), entidades reivindicadas históricamente desde el comercio y cuyo desarrollo lleva tres lustros encallado en la Generalitat. El Departamento de Empresa ha iniciado su tramitación y pretende que todos los propietarios de locales comerciales (en uso o vacíos) que estén dentro de un APEU estén obligados a pagar una cuota para financiar las actividades que impulse. Esas áreas podrán pedir a sus ayuntamientos que mejoren la seguridad o la limpieza, siempre que asuman el gasto extra, tal como marca la normativa.

La creación de las APEU, también conocidas por sus siglas en inglés (BID, Business Improvement District), ha sido largamente reivindicada por los ejes comerciales. Reclamaban una fórmula que acabara con lo que consideran una injusticia: el hecho de que el esfuerzo económico de una parte de sus miembros para promover comercialmente una zona o financiar su iluminación en Navidad acabara beneficiando al conjunto. Para acabar con esa queja, la dirección general de Comercio que dirige Muntsa Vilalta ha decidido obligar a todos los propietarios de locales con actividad económica que formen parte de un APEU a pagar una cuota económica, con el fin de pagar a la entidad gestora.

No se trata de una de una tasa pública, sino lo que se ha llamado “prestación patrimonial de carácter público no tributario”. El importe lo decidirán los socios de cada unidad gestora, pero se ha establecido una ratio según la cual el propietario que más paga nunca podrá desembolsar 21 veces más que el que menos. Los centros comerciales se considerarán como una unidad. El plan descarta que las áreas asuman potestades públicas que impliquen el ejercicio de la autoridad, como en el caso de la seguridad privada.

Para garantizar el pago, la Generalitat habilitará a los ayuntamientos a iniciar un proceso de constreñimiento contra aquellos propietarios que no paguen la cuota. Esas prestaciones serán la base de financiación de los APEU, que podrán buscar otros recursos por la vía de los patrocinios, las donaciones, las subvenciones o las ayudas públicas de las administraciones.

La constitución de las zonas de dinamización dependerán de los ayuntamientos, que deberán darles vida con votaciones en sus plenos. De hecho, los consistorios podrán crear de oficio este tipo de zonas económicas si lo consideran oportuno.

Pero habrá otras vías para impulsarlos. Por ejemplo, se tendrán que escuchar propuestas que procedan de al menos el 25% de los locales con acceso directo a la vía pública, siempre y cuando representen como mínimo el 25% de la superficie construida de los locales de esa zona. O lo podrán solicitar asociaciones empresariales territoriales con una antigüedad mínima de cinco años. No se ha puesto límites al tamaño de un APEU, pero cuando se proponga su creación se deberá elaborar un plan de actuación de entre tres y cinco años. La norma que perfila Comercio prevé que la figura sirva también para polígonos industriales.

Las entidades gestoras de esas zonas económicas podrán proponer a los ayuntamientos que mejoren la movilidad en su interior o que se apliquen medidas de vigilancia especial. En ningún caso, las gestoras podrán relevar a los gobiernos locales en la prestación de servicios.

Vilalta asegura que la puesta en marcha de los APEU se basa en la colaboración público-privada y reconoce que el proceso para preparar el borrador de la ley que los regulará “no ha sido fácil ante la necesidad de ser muy garantista”. Una vez entrada la memoria en el Govern, considera que el proyecto de ley podría ser aprobado durante el último trimestre del año para iniciar la tramitación parlamentaria. Si hubiera elecciones anticipadas en otoño, el procedimiento en la Cámara debería reiniciarse tras los comicios, lo que retrasaría su aprobación.

 

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