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OPINIÓN i

Devaluación democrática

La Generalitat ha quedado en manos de los independentistas menos razonables, y, lo siento, con menor sentido democrático

Quim Torra, en la cabecera de la manifestación en Madrid.
Quim Torra, en la cabecera de la manifestación en Madrid. EFE

Este fin de semana en Madrid han asistido a una manifestación cívica del independentismo catalán. El Govern en primerísima fila, haciéndose suyo el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por una Constitución que, supuestamente, es la base jurídico-política de España, “el Estado represor”. Este fin de semana la imagen ha sido, contrariamente a la imagen que dieran Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de octubre 2017, la de policías nacionales explicando a unos jóvenes españolistas que lo bueno de la democracia es que, unos y otros, puedan expresarse libremente. Casa mal esta imagen con la del Estado represor.

En Cataluña las instituciones de la Generalitat han quedado en manos de los independentistas más obcecados, menos razonables, y, lo siento, con menor sentido democrático. Esta descripción molestará a muchos pero esta es la realidad que se percibe. Y solo ello explica que en Cataluña, el Govern no gobierne, que no adopte ni implemente políticas públicas. Más bien, se ha convertido en una gran agencia de performances procesistas, pagadas con el dinero de todos los contribuyentes. Unas instituciones en las que para entrar y solicitar algún servicio, debe atravesarse una especie de santuarios dedicados a los presos y a los “exiliados”; instituciones vestidas de amarillo, fotos y pancartas que ponen de manifiesto que se ha perdido la idea de neutralidad institucional. Las instituciones no deben tomar parte por unos o por otros porque, mal que les pese, representan los intereses de toda una comunidad política. Las instituciones en Cataluña, en contra de las bases de cualquier contrato social, se han hecho titulares de derechos fundamentales que, por definición, no les corresponden. Porque los derechos y libertades públicas son elementos esenciales de aquel contrato social precisamente para garantizar a la ciudadanía un espacio libre de la injerencia de los poderes públicos. Así, las instituciones no tienen libertad de expresión, ni de reunión ni de manifestación. Estos derechos son solo y exclusivamente de los ciudadanos y ciudadanas, desde el primer día en que dejamos el antiguo régimen para entrar en la etapa histórica del estado de Derecho democrático.

Los derechos y libertades fundamentales no son instrumentos maleables, al albur de las preferencias ideológicas de cada cual (tampoco de las del Sr. Maroto). Son instrumentos que definen a un estado y a una sociedad. En esta línea, la Constitución de 1978 recoge los derechos individuales y civiles ya clásicos, como los derechos de participación en sentido amplio y, a deferencia de otras constituciones europeas, reconoce como fundamentales derechos sociales como la educación, la sindicación o el derecho de huelga.

No, la Constitución de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos ni de los territorios que la conforman. Y no lo hace porque tampoco lo hacen los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que España es parte. La autodeterminación reconocida por Naciones Unidas en diferentes textos se circunscribe, hoy, a pueblos sometidos, en el sentido estricto del término. Por ello Cataluña no es un territorio que tenga el reconocimiento internacional, y por tanto, tampoco constitucional, a auto determinarse más allá de lo que ya supone el ejercicio de la autonomía política de la que se disfruta desde el Estatuto de Autonomía de 1979. Ni si quiera el tan abusado “poble” catalán es homogéneo en relación con la aspiración secesionista, ni se trata de un pueblo sometido a la represión del estado español. La autodeterminación es una aspiración política legítima pero no un derecho fundamental. Y, en democracia, la realización efectiva de toda aspiración pasa por convencer, persuadir y transaccionar, incluso teniendo mayorías amplias, porque en democracia los derechos de las minorías también deben protegerse.

Los derechos fundamentales son una de las piezas indispensables de cualquier Estado de derecho democrático. Cabe afirmar que son la razón de su existencia: el contrato social al que da forma jurídica el Estado de derecho persigue evitar la imposición de la voluntad de los fuertes sobre los débiles. Los derechos y libertades fundamentales se convierten en el vehículo de relación entre la ciudadanía igual de una determinada comunidad política, el pueblo soberano, y los poderes públicos que gestionan el poder que el soberano les confía.

Así las cosas, resulta muy extraño observar las imágenes de los principales responsables de la Generalitat, y algún exPresident, en primera fila y coreando una conocidísima canción. Parecería que están allí más como fans en un concierto que como responsables políticos de una comunidad que pasa por uno de los peores momentos de confianza, credibilidad y gobernabilidad de su historia moderna: Cataluña.

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