Ofensiva contra los guetos en los colegios de Cataluña
Administraciones catalanas aprueban el Pacto contra la Segregación Escolar para garantizar la integración de clases sociales en los centros
La segregación escolar se ha convertido en un problema de primer orden en la escuela catalana. "Hoy hay más escuelas guetizadas", advertía en 2016 el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en un durísimo informe. Se refería el Defensor del Pueblo Catalán a los colegios que, por la alta concentración de alumnos inmigrantes que tienen en sus aulas, parecen guetos. Entonces, un centenar de escuelas catalanas, casi el doble que en 2006, tenían más de un 50% de alumnado extranjero.
El estudio del Síndic puso en alerta a toda la comunidad educativa y, auspiciado por Ribó, comenzó a gestarse un pacto institucional para poner coto a este fenómeno. Las idas y venidas de algunos actores y la inestabilidad política han retrasado la puesta de largo de un acuerdo que este lunes ha visto, por fin, la luz. El Pacto contra la Segregación Escolar, que cuenta con el favor del Govern y la oposición de PP, C's, CUP, el sindicato USTEC y la Federación de asociaciones de familias FAPAC, apuesta por revisar las cuotas que cobra la escuela concertada, garantizar la gratuidad a los alumnos más desfavorecidos y vetar la matrícula viva —alumnos que llegan y se matriculan en un centro en medio del curso— en aquellas escuelas de alta complejidad (con alto número de alumnado inmigrante, en riesgo de exclusión social y/o discapacitados).
"El problema número uno en la educación en Cataluña es la falta de igualdad de oportunidades", zanja Ribó. Y había que atajarlo. El plan cuenta con 189 medidas para reducir los índices de segregación escolar y una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del documento, que ha sido secundado por buena parte del arco político catalán, casi todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, sindicatos como CCOO y UGT y entidades de la comunidad educativa.
Las propuestas para abordar la segregación acaparan todas las etapas educativas, desde la preinscripción escolar. De hecho, el plan recoge una de las medidas anunciadas por el consejero del ramo, Josep Bargalló: un nuevo decreto de admisiones, que regule los criterios de acceso y redistribuya de una forma más equilibrada a los alumnos con necesidades educativas especiales para evitar los guetos escolares. Aunque el nuevo decreto todavía está en la cocina y no verá la luz hasta el ciclo 2020-2021, el Govern ya aplicará el próximo curso algunas medidas como la retirada de los puntos extra por enfermedades digestivas crónicas, celiaquía o tener familiares (padres, hermanos) exalumnos del centro. Las intolerancias alimentarias otorgaban 10 puntos adicionales y los vínculos familiares con el centro, otros cinco. Ambos criterios acordaron retirarse en 2017 pero la inestabilidad política retrasó dos años su aplicación.
Queda por delante, no obstante, incidir en otras propuestas de calado que debe contemplar el nuevo decreto de admisiones, como limitar la cuota de alumnos con necesidades específicas en los centros de alta complejidad o la no escolarización de matrícula viva en este tipo de escuelas. "Habrá un tratamiento idéntico para todas las escuelas del sistema educativo de Cataluña, una reserva de plazas que permita que los alumnos recién llegados no incrementen la segregación por el hecho de no estar equitativamente distribuidos en los centros", ha apuntado Bargalló tras la firma del documento.
El pacto también aborda uno de los temas más controvertidos del modelo educativo y en el que ningún consejero se ha atrevido a poner mano aún: las cuotas que cobra la escuela concertada. Estos importes, en teoría voluntarios, que abonan las familias chocan con el principio de gratuidad del sistema público, aunque los centros concertados justifican que los recursos públicos que reciben no alcanzan para sufragar la escolarización del alumnado. El plan prevé hacer una auditoría para cuantificar el precio real de una plaza escolar y, en cualquier caso, garantizar la gratuidad de la plaza concertada a los alumnos más desfavorecidos. También exige que se publiquen estos importes y los conceptos y aboga por avanzar hacia la eliminación de estas cuotas.
El acuerdo contempla también otra de las medidas anunciadas por Bargalló acerca de la financiación de los centros concertados: aquellos que asuman más corresponsabilidad en lo que se refiere a una escolarización equilibrada, también recibirán más recursos. El Govern quiere repartir los recursos públicos en función de la realidad socioeconómica de los centros, lo que implica, de facto, que algunos centros concertados con más alumnos desfavorecidos, inmigrantes o recién llegados, verán incrementado su concierto económico.
Las medidas que recoge el Pacto serán de obligado cumplimiento para todos los centros y, de hecho, el documento contempla medidas disciplinarias para aquellas escuelas, públicas o privadas, que no cumplan las directrices establecidas.
Con todo, será preciso mejorar la financiación de todo el sistema —el Pacto apuesta por llegar al 6% del PIB, como marca la Ley de Educación de Cataluña, aunque el gasto en educación se encuentra ahora en torno al 2%—. De hecho, algunas medidas expuestas requieren de una inversión presupuestaria que, por lo pronto, el Govern no podrá garantizar —los Presupuestos de este año no se han aprobado—. Por ejemplo, la reducción de ratios en los centros de alta complejidad o una inyección extraordinaria de recursos a este tipo de colegios —ya se aplica un incremento, pero el documento señala que debería ser mayor—. "La esperanza esuqe, una vez acabado el proceso electoral actual, podremos tener presupuestos y partidas para sacar adelante acciones más contundentes del pacto. Este es el compromiso", ha valorado Bargalló.
Pacto descafeinado
Pese a ser un acuerdo pionero y único hasta la fecha en Cataluña en la lucha contra la segregación, el Pacto nace descafeinado por la ausencia de algunos actores políticos y sociales. De hecho, para sortear la ausencia de partidos como Ciutadans y la CUP, sindicatos como Ustec o entidades como la Fapac, se han creado dos estadios de compromiso y adhesión al acuerdo. De esta forma, son el Síndic, el Gover, las patronales de la concertada y los municipios de más de 10.000 habitantes los que firman y se comprometen a desplegar las medidas. Y luego, en un segundo escalón, se crea una comisión de seguimiento del Pacto en el que intervienen los grupos parlamentarios que dan su apoyo (PSC, ERC, Junts per Catalunya y Catalunya en comú), centrales sindicales como CCOO y UGT y otras entidades de la comunidad educativa.
El abordaje de la concertada ha sido uno de los puntos conflictivos y el redactado final no cumple las expectativas de una parte de los actores políticos y sociales de Cataluña, contrarios al sistema educativo mixto (red concertada y pública)."Lejos de proteger la educación pública como el único garante del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, el documento se centra en proponer medidas de carácter económico para consolidar los centros privados concertados. Que estos centros reciban financiación pública es la fórmula que implica que las administraciones públicas colaboran a mantener la segregación", ha denunciado FAPAC en un comunicado. La CUP también ha criticado la falta de "concreción" sobre las partidas presupuestarias que requiere la implementación del Pacto y ha rechazado el papel que adquiere la concertada en este contexto. "Sumarse al Pacto significa legitimar la dobre red educativa, ya que no se entrevé ninguna intención de minar el poder de la concertada ni de limitar sus privilegios", ha advertido la formación en un comunicado.
Ciudadanos, el principal partido de la oposición, tampoco ha secundado el acuerdo. "Hicimos tres sugerencias que no se aceptaron. Una era sobre contemplar medidas para reforzar el inglés, otra sobre la gratuidad de los libros de texto y otra sobre la enseñanza en español, porque la enseñanza monolingüe en catalán es perjudicial para los castellanohablantes. No se aceptó ninguna y no podemos firmar algo en lo que no se nos ha tenido en cuenta", zanja la diputada Sonia Sierra. El PP, por su parte, alega que tampoco firmó el documento porque coharta la libertad de las familias. "Con el pacto, lo que se busca es que sea la Administración la que decida dónde escolarizar y eso va en contra de la libertad de las familias a escoger el centro donde llevar a sus hijos", apunta.
Sobre la firma
