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El ‘procés’ paraliza la renovación del 90% de los órganos del Parlamento catalán

Los grupos admiten que la tensión política hará difícil un consenso para sustituir a los cargos con el mandato vencido

Josep Catà
Rafael Ribó, en la Sindicatura de Greuges, en 2012.
Rafael Ribó, en la Sindicatura de Greuges, en 2012.Massimiliano Minocri

De los 33 organismos públicos en Cataluña que tienen cargos cuya designación depende del Parlament, solo hay tres que tengan todos los cargos de su consejo en vigor. En el resto, un 90%,  la mayoría de los miembros están en funciones al haber caducado su mandato, o directamente han renunciado. En total, hay 106 cargos públicos en Cataluña cuya renovación está pendiente, algunos de ellos tan importantes como el Síndic de Greuges, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya o el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El presidente de la cámara, Roger Torrent, empezó este miércoles los contactos con los partidos para que desbloqueen los nombramientos, al menos los que no tengan tanta connotación política. Los partidos son conscientes de que el consenso para los puestos más delicados no llegará hasta que pase el ciclo electoral.

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La tensión política y la parálisis en el Parlament en los últimos años han hecho imposible que surgiesen nombres de consenso para renovar los cargos, y los consejos de los organismos públicos se han ido vaciando o tienen a sus consejeros en funciones a la espera de ser sustituidos. Los más antiguos, especialmente en los consejos sociales de las universidades públicas, están pendientes de renovar desde 2014. Solo se estuvo a punto de conseguir un acuerdo sobre el consejo de la CCMA (los seis miembros están vacantes y el presidente ha renunciado), el ente que gestiona la radio y televisión pública catalanas. El acuerdo entre Ciudadanos, Junts per Catalunya y ERC se rompió justo después de las elecciones andaluzas, y a la espera de una nueva ley que regule los cambios en la cúpula de los medios públicos.

Para muchos de estos cargos vacantes, que son de asesor y que no tienen una retribución determinada (dos tercios de estos cargos no cobran), solo es necesaria una mayoría simple en la cámara, y Torrent quiere empezar por estos para desbloquear los nombramientos. Es el caso de los consejos sociales de las universidades o del presidente de la Agencia Catalana de Protección Social (un organismo de nueva creación). La intención de Torrent es que se puedan hacer paquetes de nombramientos para que los partidos puedan negociar. Otros cargos, que requieren mayoría absoluta o una mayoría de dos tercios, pero que no tienen una gran connotación política y son responsabilidades más técnicas, entrarían en esta primera negociación.

Es en los cargos más importantes y con más connotación política que los partidos chocan. Destaca sobre todo el del Síndic de Greuges, que ocupa desde hace 15 años Rafael Ribó, y cuyo mandato caducó a principios de marzo. Los partidos tienen ahora un mes para proponer un sucesor, pero es necesaria una mayoría de tres quintas partes del Parlament para designarlo. Al no existir este consenso, los partidos admiten que será muy difícil tener un nombre antes de que termine el ciclo electoral (comicios generales en abril y municipales y europeos en mayo). Y, al no haber un régimen sancionador que obligue a desbloquear este nombramiento, se prevé que la negociación se alargue, y deje a Ribó en el puesto en funciones. La retribución para este cargo es de cerca de 130.000 euros anuales, por encima de los consejeros, del presidente de la Generalitat y del Gobierno.

"Las dificultades seguirán, por el actual clima político. Le hemos dicho a Torrent que haga llegar a los demás partidos la necesidad de que el Síndic sea alguien que no esté significado por su defensa del separatismo", dijo el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, a la salida de su reunión con el presidente del Parlament. Según Carrizosa, Ribó es "un figurón, un santón del separatismo", al que acusa de "no hacer nada para impedir que haya lazos amarillos y propaganda independentista en los edificios públicos". Precisamente, Ciudadanos denunció ante la Junta Electoral Central la presencia de estos símbolos, y el órgano resolvió que, antes de este miércoles por la tarde, tienen que retirarse.

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Además del Síndic, destacan como órganos con los cargos vacantes el Consell de Garanties Estatutàries (cinco de sus seis puestos caducados) o el de la Sindicatura de Comptes (cuatro de siete). El caso más claro sigue siendo el del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, con tres de sus seis miembros vacantes, más su presidente, cuyo mandato está caducado, y el consejo de gobierno de la CCMA, que tiene a todos sus miembros con el mandato caducado y que carece de presidente, tras la renuncia de Brauli Duart. El consejo asesor de contenidos y programación de la CCMA también tiene sus 16 plazas vacantes.

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Sobre la firma

Josep Catà
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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