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Blanes cierra un 60% de un campin construido en terrenos agrícolas e inundables

La clausura del Blanc d'Eïvissa culmina tras un largo proceso de trámites y sanciones

El càmping Bella Terra, a Blanes, también ha sido objeto de sanciones.
El càmping Bella Terra, a Blanes, también ha sido objeto de sanciones. Bella Terra

El Ayuntamiento de Blanes ha cerrado este martes la parte ilegal del campin Blanc d’Eïvissa. Tras años de intentos de legalización y sanciones, finalmente, la Policía Local ha precintado aproximadamente el 60 % de las instalaciones de este campin, que se ampliaron ilegalmente en terrenos agrícolas inundables y no urbanizables. Sus propietarios construyeron en ellos el bar-restaurante, la piscina y la zona deportiva y ahora han quedado inutilizables.

El Blanc d’Eïvissa, con una superficie de tres hectáreas y un total de un centenar de parcelas en la zona de Els Pins, fue levantando instalaciones en espacios no admitidos en el planeamiento urbanístico. A pesar de que entre el 2010 y el 2017 parecía que había una voluntad de apostar por los cámpines, finalmente no hubo apoyo político y la Agencia Catalana del Agua (ACA) se posicionó absolutamente en contra por tratarse de terrenos inundables. Esto acabó con las posibles aspiraciones de legalizar las ampliaciones hechas sin permiso.

En 2017, el consistorio multó a la sociedad By Pla, titular del campin, con 1,3 millones de euros por la comisión de una “infracción urbanística muy grave” consistente en “la actividad y uso de campin sin licencia y no legalizable”, por la ampliación de las instalaciones en terrenos agrícolas inundables. Un error de interpretación sobre esta sanción ha hecho que todavía este pendiente de cobrar. También multó a otros dos cámpines, El Pinar, que ya está cerrado y Bella Terra, que está en trámites.

En octubre de año, pasado el ayuntamiento emitió el decreto que ordenaba el cierre de la ampliación ilegal con fecha límite, a finales de noviembre. Entonces se debía ejecutar forzosamente el cierre. Antes de que se agotara, sin embargo, los dueños del campin entraron una petición solicitando tres meses más de plazo para que los clientes que estaban instalados en la zona que se debía cerrar pudieran recoger su material. Se les concedió una prórroga de 45 días para no perjudicar a los clientes que, según denunciaron muchos de ellos en una concentración el pasado 2 de noviembre, desconocían la situación ilegal del campin donde se alojaban.

El pasado 23 de enero debía hacerse el precinto definitivo, pero los dueños del campin no dejaron entrar a la Policía Local. Finalmente, este martes, mediante autorización judicial en cumplimiento del decreto de alcaldía del 21 de noviembre de 2018, se ha entrado y precintado todo el terreno ilegal. La Policía ha comprobado que la zona ya había sido vallada ayer por el dueño bajo supervisión notarial, y que todavía permanecen en estos terrenos 13 módulos, 15 caravanas y demás muebles y utensilios que sus propietarios solo podrán recuperar acompañados por la Policía. Saltarse un precinto policial es delito.

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