La corrupción con sordina

Al parecer, el ruido político causado por el conflicto territorial va a presidir la campaña electoral para las próximas elecciones legislativas españolas. Y bajo el ruido van a persistir los problemas que asolan secularmente el país, entre los cuales ocupa un lugar destacado el fenómeno de la corrupción.

Hace poco Transparencia Internacional —una organización que combate la corrupción a escala planetaria— dio a conocer los índices de percepción de la corrupción (CPI) de 2018. Como era previsible, España no sale muy bien parada en el CPI: en una escala que oscila entre 0 (máxima corrupción) y 100 (mínima corrupción) España tiene 58 puntos y ocupa la posición 41 de 180 países, muy lejos del podio que ocupan Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. En el contexto de Europa occidental, España tiene por delante 22 países y por detrás 8 (Malta, Italia, Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Hungría, Grecia y Bulgaria). A pesar de que entre 2017 y 2018 ganó un punto y escaló una posición, España es, junto con Malta, la “democracia plena” (en el sentido de The Economist) que tiene peor puntuación.

Los datos de Transparencia Internacional confirman lo que se sabe desde hace tiempo a través de otras fuentes. Los eurobarómetros, por ejemplo, indican que la corrupción percibida en España es mucho mayor que en el resto de la unión. En 2017, el 98 % de los entrevistados españoles declaró que en su país el problema de la corrupción es “habitual”, mientras que en el conjunto de la UE hizo esa afirmación el 68 %. Dos tercios de los entrevistados españoles aseguraron que la corrupción había aumentado, una sensación compartida solo por la mitad de los europeos. Etcétera.

Cuanto más corrupta sea España, más motivos tendrán los independentistas para marchar. Naturalmente, este razonamiento olvida un hecho elemental, que es la contribución catalana a la corrupción en España

Entre algunos círculos independentistas los datos de Transparencia Internacional fueron recibidos con alborozo. Cuanto más corrupta sea España más motivos tendrán los catalanes para irse. Este razonamiento olvida un hecho elemental, que es la contribución catalana a la corrupción en España. Un buen muestrario de los casos de corrupción en Cataluña lo ofreció en su día la CUP, que antes de hacer seguidismo parlamentario al centro-derecha y conceder a Puigdemont los últimos presupuestos aprobados en Cataluña, publicó un atlas de la corrupción bellamente documentado que llevaba por título Llums i taquígrafs.

Si Cataluña fuera un estado, ¿cómo puntuaría en el CPI? Hay razones para pensar que no mucho mejor que el resto de España. Al menos eso es lo que se desprende de los barómetros sobre la corrupción en Cataluña que publica la Oficina Antifraude. En 2010, el 61 % de los entrevistados afirmó que en Cataluña había mucha o bastante corrupción. En 2012, el porcentaje se elevó al 79,5 y en 2014 alcanzó un máximo del 82,3. En las últimas ediciones el porcentaje se ha relajado (74,2 en 2016 y 71,9 en 2018) pero sigue siendo muy elevado.

Los mismos que fueron descabalgados del Gobierno español por la sentencia del caso Gürtel esconderán la corrupción bajo la alfombra de la sagrada unidad de España

Uno de los datos más espeluznantes del barómetro de 2018 es la mayor tolerancia con la corrupción de los jóvenes catalanes. Según el barómetro, 1 de cada 10 jóvenes entre 18 y 29 años considera muy o bastante aceptable que un político dé su apoyo a un proyecto para beneficiar a un grupo económico que haya apoyado a su partido, mientras que entre los mayores de 30 años el porcentaje se reduce al 3,7 %. El director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, manifestó su preocupación por este comportamiento, que atribuyó a una posible “crisis de valores” y calificó de “fracaso social terrible”.

Es cierto que el Pla de Govern de Quim Torra contempla la “aprobación e implementación de un plan de prevención contra el fraude y la corrupción 2019-2021”. Pero también es cierto que ahora mismo no parece que el gobierno de Torra esté muy concentrado en gobernar, y en cualquier caso no hemos tenido más noticias de un plan que no figura entre las prioridades de la legislatura. Entre otras cosas, Torra no mencionó ni una vez la corrupción en su discurso para el debate de política general del pasado 2 de octubre.

En las elecciones del 28-A los mismos que fueron descabalgados del Gobierno por la sentencia del caso Gürtel van a ocultar la corrupción bajo el manto de la sagrada unidad de España. Nada nuevo para Cataluña: sin necesidad de suscribir la burda tesis de que el procés nació para tapar la corrupción, es verdad que desde hace tiempo el debate soberanista dificulta hablar en serio de la corrupción o de otros graves problemas que tiene Cataluña y que no desaparecerán con la simple independencia.

Albert Branchadell es profesor a la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.