La deuda que no cesa

La deuda de la Comunidad de Madrid se ha multiplicado por tres en los últimos diez años. Ha pasado de 11.380 millones de euros en 2008 a los 33.072 que reconoce el Banco de España en 2018. El endeudamiento crece veinte veces más rápido que el PIB de la región que en ese periodo sólo lo ha hecho un 9%. Cada nuevo madrileño debe hoy al nacer 5.000 euros.

Este proceso tan acelerado ha sido independiente de la situación económica general. La deuda ha crecido por encima de lo normal cuando España iba bien, cuando había brotes verdes, durante la crisis o la postcrisis. Esta fue la razón que llevó a poner marcha hace tres años y medio la Comisión de Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid. Si no había razones externas la causa podía estar en la gestión de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. La Comisión ha terminado su trabajo y en su última sesión aprobó un dictamen con las conclusiones.

Se han estudiado el Campus de la Justicia, el Canal de Isabel II, los hospitales de concesión privada, la autopista M45, el Metro Ligero Oeste y la financiación a los municipios a través del Plan PRISMA. Grandes inversiones de diversas Consejerías en diferentes años que como se indica en el dictamen tienen mismos modos, mismos procedimientos y una forma de gestión que se replica.

Son varias las conclusiones. Desde el punto de vista de la planificación se señala que no hay informes técnicos que justifiquen los proyectos. Desde el punto de vista socioeconómico que aunque hay grandes gastos y enormes sobrecostes, no hay mejora real en los servicios públicos. Es muy significativo, por ejemplo, que tras un gasto de más de 2.500 millones de euros en hospitales haya menos camas por habitante.

El sistema de contratación no ha sido transparente; concursos con deficiencias, siempre las mismas empresas con cláusulas que las benefician por la que no asumen riesgos. Gran parte de las empresas que han sido concesionarias de estos proyectos aparecen en los sumarios judiciales de las tramas de corrupción, por lo que la Comisión propone elevar a la Fiscalía Anticorrupción el dictamen para que analice si de él se desprenden ilícitos penales, civiles o administrativos. Casi todos los casos estudiados están judicializados ya individualmente; al elevar el dictamen completo lo que se lleva a la Fiscalía es una forma de hacer.

La última conclusión se refiere a la hipoteca social que estos gobiernos han dejado. Proyectos a veinte y treinta años, que por sistemas normales de gestión ya estarían pagados, pero de los que se deben todavía miles de millones que asumirán futuros gobiernos y próximas generaciones. Por esta razón se propone revisar estas concesiones, analizar la validez de los contratos firmados o, cuanto menos, renegociarlos.

Tras 57 reuniones y 90 comparecencias y preguntas las conclusiones son claras. Por delante queda la ejecución de las recomendaciones para que el problema cese y la asunción de responsabilidades políticas. No es poco.