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La oposición a Colau fuerza a investigar los ‘chivatazos’ a manteros

PDeCAT, Ciudadanos, PSC y PP acusan al gobierno municipal de alertar a los vendedores antes de los operativos policiales

Alfonso L. Congostrina
La Guàrdia Urbana después de uno de los desalojos en Plaza Catalunya.
La Guàrdia Urbana después de uno de los desalojos en Plaza Catalunya.Carles Ribas

La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona ha forzado esta mañana al equipo de gobierno de BComú a abrir una investigación para esclarecer si dos educadoras sociales del Consistorio alertaron, a principios de enero, a los manteros de la zona de Colón y del intercambiador de plaza Catalunya que en minutos iba a tener lugar un operativo contra la venta ambulante protagonizado por la Guardia Urbana y los Mossos. De esta manera, los vendedores ambulantes pudieron huir antes de la intervención.

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La investigación la ha forzado una propuesta del PDeCAT en la comisión de Seguridad mediante la cual se pedía a la alcaldesa que el “Ayuntamiento presente un informe” sobre los polémicos hechos en un plazo máximo de dos meses. La propuesta ha contado con los votos favorables del propio PDeCAT pero también de Ciudadanos, PSC y PP y los votos en contra de Bcomú, ERC y el concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé por lo que el equipo de gobierno deberá confeccionar el documento.

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Los hechos tuvieron lugar el 16 de enero. A las tres de la tarde Urbana, Mossos y policía portuaria se preparaban para intervenir contra la venta ambulante junto al monumento a Colón. Los agentes comprobaron como dos mujeres se acercaban a los vendedores ambulantes y estos recogían las mantas y abandonaban el lugar antes de que los policías intervinieran. Dos horas más tarde, los policías fueron a intervenir en el intercambiador de Metro y Renfe de plaza Catalunya y mientras se preparaban para hacerlo comprobaron como las mismas mujeres también alertaron a los manteros. Los Mossos las identificaron y estas aseguraron ser trabajadoras sociales a sueldo del Consistorio que atienden a los manteros.

Los sindicatos de la policía municipal acusaron al gobierno de Ada Colau de poner trabas al trabajo policial y de alertar a los vendedores ambulantes de este tipo de operativos. Una acusación que el comisionado de seguridad de Barcelona, Amadeu Recasens, se ha apresurado a desmentir esta mañana durante la comisión. “Ni siquiera yo tengo la información detallada de cuando se va a producir un operativo de este tipo. He revisado grabaciones donde aparecen las dos trabajadoras y no son relevantes. No aparece nada que me lleve a abrir ningún tipo de investigación. Si hubiese algo yo sería el primero en exigir un expediente disciplinario. A partir de ahí el resto son teorías conspirativas”. Recasens ha alertado que si abre una investigación también se debe ampliar a aquellos que “difunden rumores y calumnias”.

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El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha pedido una investigación, a puerta cerrada, dentro del Ayuntamiento, donde se puedan volver a escuchar los “canales de audio 1 y 31 de la intervención policial” de la Guardia Urbana. Jordi Martí, del PDeCAT, ha acusado al gobierno municipal de defender los intereses de los vendedores ambulantes y dejar que sobrevuele “la sombra de la duda en las actitudes municipales”.

El concejal de Ciudadanos Paco Sierra ha acusado al equipo de gobierno de convertir la ciudad en un escaparate para “las mafias”. Por su parte, la socialista Carmen Andrés ha acusado al gobierno de no investigar el asunto y ,en cambio, la concejal de la CUP, Maria Rovira ha considerado “normal” que las educadoras avisaran a los vendedores.

 

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