La Comunidad de Madrid reconoce la saturación en el metro, pero defiende que se mantiene el “confort”

La Comunidad de Madrid defiende que en el metro se están haciendo las cosas bien. “Metro es el medio de transporte mayoritariamente utilizado por los madrileños”, argumentan desde el gobierno regional, al frente del que está Ángel Garrido (Partido Popular). El Gobierno regional reconoce un aumento de entre 200.000 y 300.000 pasajeros diarios con respecto al año pasado. También que la gente va más apretada: “Conforme se ha ido recuperando empleo, en la hora punta hay más personas en el interior de los vagones”, ha explicado Pedro Rollán, portavoz del Ejecutivo madrileño, al que Garrido ha cedido la palabra para responder a esta cuestión. Un aumento de personas que, según la Comunidad, no ha incidido en “la pérdida de la situación de confort”.

Los viajeros no están de acuerdo. Las quejas por saturación de los vagones en hora punta son diarias. Usando los datos que aparecían en la Memoria de gestión de Metro 2017, EL PAÍS desveló que la compañía, para cumplir con los objetivos de viajeros transportados, calculaba introducir seis viajeros por metro cuadrado en sus trenes. Un número bastante más alto que el permitido por el contrato establecido entre Metro de Madrid y el Consorcio de Transportes. Tanto la empresa pública como el organismo público están controlados por la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP desde hace 24 años.

Metro de Madrid celebra este año su centenario, pero está pasando por un momento crítico pues tiene varios frentes abiertos y todos se entremezclan agravando la situación. Sirva como ejemplo la escasez de maquinistas. Desde la Comunidad han resaltado la contratación de 360 maquinistas realizada en 2015 por la entonces presidenta regional Cristina Cifuentes. Un anuncio que llegó en medio de una serie de protestas de los conductores denunciando la falta de personal. También han hablado del otro centenar de conductores que se incorporará a la plantilla, según anunció Garrido el pasado diciembre. De nuevo, coincidiendo con una serie de paros convocados por el colectivo de maquinistas.

Los trabajadores, tras años avisando del problema, inciden en que aún con esas incorporaciones, “faltarían en torno a 240 maquinistas”. Se trata de una masa laboral en la que no ha habido renovación constante por lo que muchos de sus miembros se acercan a la edad de jubilación. Sumando las altas anunciadas, los maquinistas de Metro de Madrid rondarían los 1.900; en 2013 el número superaba los 2.000. Por eso, tras una asamblea realizada la semana pasada, los trabajadores decidieron “por unanimidad” manifestarse el próximo 20 de febrero.

Desde el Gobierno regional también han incidido en la compra, anunciada el pasado octubre, de 60 nuevos trenes: “Se están planteando las condiciones para absorber la demanda de hoy y la del futuro”, consideran desde la Comunidad. El pedido de vehículos no llegará antes de 2020. Además, el número de trenes no ha dejado de disminuir: el año pasado había 2.322, casi medio centenar menos que en 2010. A la vez, el número de viajeros no ha dejado de aumentar desde 2013 –lo constata el número de viajeros y las previsiones de presupuesto contempladas por la empresa pública y el Consorcio-. Los números indican que Metro de Madrid tiene problemas para absorber la demanda actual, por eso satura los trenes, y que estos asuntos no se van a solucionar en un futuro cercano.

Por otro lado, la empresa pública tiene medio centenar de trenes paralizados para retirar el amianto presente en algunos componentes, grave asunto y origen de la crisis del amianto del suburbano. Metro ocultó durante más de dos décadas que había amianto en sus instalaciones, exponiendo a sus trabajadores. Actualmente hay cuatro empleados con la enfermedad laborar reconocida, dos de ellos han muerto.

Por último, la Comunidad ha celebrado “las fluidas y continuas”, relaciones entre Metro y el Consorcio Regional de Transportes. El Consorcio es el responsable de supervisar el cumplimiento por parte de Metro de Madrid de las tablas de frecuencia que establece el organismo. Los indicadores apuntan a que Metro no está cumpliendo, pero no hay constancia de ninguna acción por parte del Consorcio, que puede penalizar los incumplimientos con retenciones de hasta el 3% del presupuesto. Además, hay voces dentro de la empresa pública que apuntan a que las tablas no responden a criterios de gestión de la red y de los viajeros sino que están “pactadas” para que Metro pueda cumplir con ellas.

La Línea 2, cerrada sine díe

Desde el pasado 25 de enero, la línea 2 permanece cortada entre las estaciones de Sol y Retiro. Un incidente, ocurrido en las obras del complejo Canalejas que realiza la constructora OHL, afectó a la pared de un túnel de Metro. La empresa pública explica que se trata de una interrupción por causas ajenas a la empresa y que la incidencia se prolongará al menos durante varias semanas más. Una información que desde FACUA consideran “ lamentable”. “No son capaces de concretar una fecha, ni tan siquiera aproximada, de reapertura”, argumentan en un comunicado.

La organización de usuarios considera que “las estaciones afectadas son de vital importancia”, “un punto estratégico de transbordo” y “estaciones que prestan un servicio fundamental para la sociedad madrileña”. Por todo ello, demandan acciones a Metro. Pero también al Consorcio de Transportes que no encuentra “ningún problema para implementar servicios especiales para facilitar el acceso a eventos de naturaleza estrictamente privada y sin embargo, no dé solución a un problema en un servicio que, tan solo en la línea afectada, contabiliza más de 43 millones de desplazamientos al año y a la estación que más afluencia recibe de toda la red: Sol, que ha llegado a registrar más de 100.000 viajeros en un solo día”. Hacen referencia a los autobuses prometidos para cubrir ese tramo, que aún no se han puesto en funcionamiento.

Además, FACUA pide saber qué acciones se van a emprender desde Metro y la Comunidad contra OHL. Por ahora, lo único que se ha oído por parte del gobierno regional es el mantra: “El que rompe, paga”. Desde la Consejería se aseguró que la constructora se haría cargo de todas las consecuencias del incidente.