Los acusados del 15-M aceptan las multas de la Fiscalía

Los juzgados de Julián Camarillo de Madrid han sido  lugar de encuentro, ocho años después,  para al menos  13 de personas que participaron en los altercados que se registraron  tras la manifestación del 15-M que dio origen al movimiento social del mismo nombre, que sacó a las calles de España a decenas de miles de personas en 2011. Al menos 13 de ellos aceptaban a media mañana las peticiones de fiscal que sustitía las penas de prisión por los delitos  de desórdenes públicos, daños y resistencia a la autoridad por multas de hasta 180 euros por cada uno de ellos. Según el escrito inicial de acusación  de la Fiscalía, cuando acababa la manifestación convocada aquel 15 de mayo, los  procesados se enfrentaron a la policía y participaron en el "lanzamiento de botellas”, “destrozo de escaparates y mobiliario público”, “incendio de papeleras”, “colocación de barricadas” e, incluso, “puñetazos” y “patadas” a agentes. Ahora tendrán que abonar 4.516 euros entre todos ellos. "La petición inicial de la Fiscalía era exacerbada y el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, ocho años, ha posibilitado aplicar la atenuante por dilación indebida de la causa", indicó el letrado de uno de los acusados, Jaime Sanz de Bremond.

Los abogados de dos de los acusados en declaraciones a los medios a la salida de la vista oral, que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid, y a la que han acudido trece de los acusados indicaban que cada uno de ellos ha sido llamado ante el juez a mostrar su conformidad con los diversos acuerdos a los que había llegado la fiscal con cada una de las defensas. Una conformidad que solo implica el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados "formalmente", según el abogado Jaime Sanz de Bremond. "Se han registrado una serie de circunstancias que han posibilitado llegar a acuerdos entre la fiscal y los acusados. Algunos hubiesen querido celebrar el juicio para demostrar su inocencia  pero han preferido, por el bien común, llegar a un acuerdo general de la acusación pública con todas las defensas", puntualizaba Sanz de Bremond. Al menos uno de los condenados tendrá que pagar una multa de 360 euros y 3.639,71 en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados en los establecimientos Fnac y Candy Queen de Madrid.

A pesar de la generalidad del acuerdo, cada caso era distinto ya que los acusados no se enfrentaban al mismo número de delitos. Cada uno de ellos ha sido condenado a diferentes multas como autor de uno o varios delitos de desórdenes públicos, daños y resistencia contra la autoridad, tal y como ha indicado el letrado Sanz de Bremond, para señalar que "todos ellos han sido condenados a penas que aunque fueran privativas de libertad se han sustituido por penas de multa, con la mínima cuota diaria establecida en el Código Civil (2 euros al día)". Las penas oscilaban entre los 45 y los 75 días privados de libertad que han sido sustituidas por multas de 90 a 180 euros dependiendo de los delitos de los que eran responsables.

Otro de los abogados, José Luis León, ha explicado que cada pena por atentado y desórdenes públicos ha sido fijada en mes y medio de cárcel sustituible por multa de 3 meses a dos euros diarios, en total 180 euros, la mínima que se puede imponer. Esto ha sido posible gracias al reconocimiento de una atenuante "muy cualificada" por dilación del procedimiento, debido a que los hechos que se juzgan son del año 2011.

"Jurídicamente, es un éxito", ha afirmado León, para señalar luego que los clientes no tendrán que pasar por semanas de juicio, tal y como estaba programado, sino que "hoy se soluciona todo". "Ellos personalmente no están muy contentos porque les han condenado por algo que no han hecho", ha agregado. Según León, no se tenía que haber condenado a nadie por estos hechos "porque estaban provocados por la misma Policía".

La Fiscalía de Madrid había solicitado penas de entre 18 meses y seis años de prisión para un total de 14 jóvenes. La suma total de las penas solicitadas alcanzaba los 74 años de cárcel.