La Operación Chamartín se convierte en una batalla entre las izquierdas

IU y Más Madrid cierran la posibilidad de un acuerdo de confluencia pero la formación de Alberto Garzón asegura que el desarrollo urbanístico no impedirá pactos poselectorales

Proyección del centro de negocios de la Operación Chamartín. En vídeo, las declaraciones de Carmena este martes.Vídeo: AYUNTAMIENTO DE MADRID / EFE

La conocida como Operación Chamartín, que ha echado a andar tras 25 años de bloqueo, se ha convertido en el escollo insalvable de las negociaciones electorales en la izquierda. IU exigió el lunes su paralización como requisito para confluir con Más Madrid. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le respondió al día siguiente que “de ninguna manera” frenará un proyecto del que se siente “muy orgullosa”. Las dos partes cerraron la posibilidad de un acuerdo pero IU asegura que el desarrollo urbanístico no impedirá pactos poselectorales.

Cuando Ahora Madrid llegó al Gobierno municipal en 2015 paralizó la última reforma del desarrollo urbanístico del norte, del equipo de Ana Botella. El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), convecido de que la parálisis del proyecto era la peor opción, se ofreció a mediar. “Las posiciones eran muy distantes”, recuerda el decano de los arquitectos, José María Ezquiaga. A un lado de la mesa se sentaba la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, como responsable de Adif, titular del suelo. Del otro, la promotora Distrito Castellana Norte (DCN) –constituida por el BBVA y la constructora San José–. Enfrente, la alcaldesa Carmena, reticente. “El Ayuntamiento pensaba que la operación era puramente especulativa y que no tenía beneficios para la ciudad”, recuerda Ezquiaga. “Luego ha visto que era buena para Madrid”, opina.

Para el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), José Manuel Calvo, recurrir a esta actuación urbanística es más una “excusa” que una “razón” para no integrarse en la plataforma Más Madrid. El Gobierno municipal reformó el planteamiento de la etapa del PP y sostiene que las exigencias concretas de IU están ya recogidas en el proyecto revisado, que rebautizó como Madrid Nuevo Norte (MNN). Su compañero en el Gobierno municipal, el concejal de IU Carlos Sánchez Mato, cree que no es cierto: “Si quien antes daba aplausos [en referencia a DCN] sigue dándolos, es porque maximiza su beneficio”, afirma en conversación telefónica. “Con respecto al plan de Ana Botella hay menos metros edificables, pero han cambiado metros en una zona más cara por otra más barata”, asegura Sánchez Mato.

Un proyecto que se expande y se contrae

10.476 viviendas, 2.565 (24%) con algún tipo de protección. La idea inicial era construir 5.000 en 620.000 metros cuadrados, pero el proyecto fue engordando y llegó a planearse desarrollar hasta 20.000 en el plan general de 2002. Finalmente serán la mitad.

Oficinas, comercios y hoteles. El espacio reservado para el uso terciario era de 180.000 metros cuadrados en el proyecto de 1998. En 2002 el plan preveía una superficie de 2.129.849 metros cuadrados pero esa estimación se fue rebajando hasta los 1.608.778 previstos ahora.

Más de 18.000 millones de euros de impacto. El Ayuntamiento calcula que el desarrollo urbanístico del norte puede generar beneficios de 18.260 millones de euros en toda la región y que se crearán 241.700 241.700 nuevos empleos, de los que dos tercios repercutirán en el espacio metropolitano.

3.200 alegaciones. Después del arranque de la última tramitación administrativa del plan en septiembre pasado el Ayuntamiento abrió el plazo de alegaciones al proyecto. Se han recibido más de 3.000 aunque fuentes del Área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) aseguran que muchas de ellas están repetidas.

Los planes para el desarrollo del norte de la estación de Chamartín no han gustado nunca a la izquierda, que ha considerado históricamente el proyecto como un “pelotazo urbanístico”. “Tres de cada cuatro metros son públicos”, subraya el concejal crítico con el Gobierno de Carmena. “Es importante cerrar esa brecha del norte, pero no a cualquier coste”, insiste. Para su partido, el plan actual no garantiza el interés general, “sino lo que interesa al privado”.

Al plan, que ha pasado por acuerdos y desacuerdos entre gobiernos de distinto signo político y del mismo, querellas judiaciales y crisis económicas, se oponen también organizaciones vecinales. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y otras asociaciones inundaron el Ayuntamiento con más de 3.200 alegaciones, aunque fuentes de DUS aseguran que muchas estaban repetidas. “Es una operación básicamente especulativa y desde sus orígenes está sometida a los designios de la Constructora San José y del BBVA”, denuncia Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, “defraudado con el planteamiento municipal”.

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Villalobos relata que después de una negociación “tan honesta como dura” en la que los vecinos cedieron en sus pretensiones para buscar un resultado final beneficioso, el Ayuntamiento les sacó del diálogo. El resultado es que “se ha vuelto a las andadas de los acuerdos previos”. El representante de los vecinos resume sus preocupaciones: “El plan habla de vivienda con algún grado de protección, pero no vivienda social; se habla de espacio verde cuando lo que hay es una losa de hormigón y 20 torres que van a ahogar la zona; en caso de desarrollarse, hablamos de meter una cantidad de tráfico brutal en una zona ya congestionada; y además se apuesta por el norte de la ciudad con la complicidad del tejido financiero, y eso no se ve que tenga un reflejo en el sur, por lo que se acentúa el desequilibrio territorial”.

El Gobierno de Carmena, que está revisando las alegaciones recibidas, quiere llevar la actuación urbanística al pleno antes del fin de la legislatura. El PP lo apoyará porque considera que “es bueno para la ciudad y los vecinos, ya que supondrá más equipamentos y una mayor calidad de vida”, según la concejal Paloma García. El grupo municipal socialista cree que el proyecto es mejorable pero está a favordel desbloqueo. Ciudadanos cree que podría ser más ambicioso pero también dará su . Los votos en contra vendrán solo de parte de su propio equipo, de IU, el sector Anticapitalista de Podemos y Ganemos.

A las líneas rojas que planteó IU el equipo municipal respondió con detalles que para la formación de Garzón supone “dar vueltas en círculos”. “Al no exponer ellos nada en cuanto a que se paralice la operación, entendemos que no se suman al proyecto de confluencia”, señalaron fuentes de la dirección regional del partido. “Nuestro enemigo es el avance reaccionario de PP, Ciudadanos y Vox”, señaló a este diario Sol Sánchez, portavoz y candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. ¿Llegarían a acuerdos poselectorales con Más Madrid, pese al proyecto, para frenar a ese “enemigo”? “Sin duda”, respondió.

25 años de bloqueo

1993, cimientos socialistas. La operación se gesta en 1991, con los socialistas Felipe González en el Gobierno central y Joaquín Leguina en la Comunidad y Agustín Rodríguez Sahagún en el Ayuntamiento (CDS). Sus primeros pasos llegan dos años después cuando el entonces ministro de Obras Públicas y Transporte, Josep Borrell, adjudicó el desarrollo a un consorcio liderado por el banco Argentaria (ahora, BBVA). El proyecto preveía cubrir las vías del tren y reformar la estación de Chamartín, y construir sobre 310.000 metros cuadrados propiedad de Renfe ocupados por vías y espacios muertos en el entorno de la estación. Ese año se constituye la entidad Desarrollo Urbanístico de Chamartín (Duch), participada por Argentaria (72%) y la inmobiliaria San José (27,5%).

1997, la operación empieza a andar. La "prolongación de la Castellana e integración de las áreas ferroviarias de Chamartín y Fuencarral" se integra en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y los tres gobiernos –central, regional y municipal– y Duch firman un convenio para crear el consorcio urbanístico "prolongación de la Castellana" y se constituye el Consejo Rector.

1999, luz verde al primer trámite. La Comunidad de Madrid y el Consejo Rector acuerdan modificar el PGOUM.

2000, denuncia ante la justicia. Los antiguos propietarios de los terrenos, a quienes expropiaron a mediados del siglo XX para construir la estación de Chamartín, llevan la operación a los tribunales. Piden revertir la expropiación, porque el plan general cambia el uso del suelo que la justificó.

2002, la burocracia avanza. El Gobierno regional (con Alberto Ruiz-Gallardón, PP) aprueba la modificación urbanística de prolongación de la Castellana, pese a las reticencias iniciales del Ayuntamiento (con José María Álvarez del Manzano.

2008, acuerdo entre administraciones. El Gobierno central (PSOE) y el local (PP), firman un convenio para la gestión y ejecución de la operación.

2009, espaldarazo de la justicia. La Audiencia Nacional rechaza la demanda de las 1.100 familias expropiadas que pedían su reversión. El Ayuntamiento aprueba el plan parcial de prolongación de la Castellana.

2011, fin aparente del periplo administrativo. El proyecto pasa por su último trámite en el Ayuntamiento antes de comenzar las obras.

2013, un juez paraliza el plan. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula parcialmente el plan urbanístico por permitir construir rascacielos de más de cuatro alturas.

2015, acelerón y frenazo. Las tres administraciones reforman el proyecto bajo el nombre Distrito Castellana Norte (DCN), con una inversión prevista de 6.000 millones de euros. En febrero el Ayuntamiento aprueba el plan para urbanizar más de tres millones de metros cuadrados y en abril el Tribunal Supremo ordena el TJSM revocar la nulidad de algunos aspectos del proyecto. Tras las elecciones y el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento (Ahora Madrid) solicita revisar la edificabilidad y la reducción del coste de infraestructuras.

2016, rebaja del proyecto y bloqueo. El Ayuntamiento plantea reducir a la mitad el área urbanizable (hasta 1,7 millones de metros cuadrados) y el número de viviendas a 4.600. En el pleno, junto a PSOE, rechazan la operación y Castellana Norte recurre la decisión.

2017, borrón y cuenta nueva. El Tribunal Supremo confirma la sentencia que anula la Operación Chamartín de 2011, pero en julio el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y DCN alcanzan un preacuerdo.

2018, acuerdo definitivo. Fomento, el Ayuntamiento y Distrito Castellana Norte llegan a un cuerdo en abril. El proyecto, revisado, prevé construir 10.500 viviendas y construir sobre 2,66 millones de metros cuadrados. En septiembre comienzan de nuevo los trámites administrativos.

2019, pendiente del pleno. El proyecto ha recibido más de 3.200 alegaciones. Después de estudiarlas, el Ayuntamiento quiere llevar el proyecto a la comisión del ramo en febrero o marzo para aprobarlo en el pleno municipal antes de las elecciones de mayo.

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