La oposición pide a Torra que el juicio del 1-O no paralice al Govern

Los partidos de la oposición reclamaron ayer al Govern de Quim Torra que la celebración del juicio contra los líderes independentistas, que empieza dentro de una semana en el Tribunal Supremo, no paralice su gestión. El PSC avisó de que la vista no puede ser una “excusa” para abstraerse de sus obligaciones y Catalunya en Comú dudó que el Ejecutivo quiera aprobar las cuentas al no haber reanudado las negociaciones desde que la coalición de izquierdas las congeló hace 10 días. Ciudadanos parte de la premisa de que el Govern solo se dedica a agitar al independentismo y que ha renunciado a gobernar.

Salvador Illa, secretario de organización del Partit dels Socialistes, reconoció que la vista en el Supremo puede ser especial para muchos ciudadanos de Cataluña y del resto de España pero avisó de que eso no puede conllevar un “parón en la acción de Govern, que ya es muy escasa”. “Esperamos que no ocurra, y, si pasa, nosotros lo pondremos sobre la mesa”, dijo Illa cuando se le planteó que el president y varios consejeros prevén asistir al juicio.

Los socialistas insisten en que la única solución posible pasa por el diálogo y en ese sentido Illa admitió que la vista del procés es la “la evidencia del fracaso de la política” por lo que pidió avances en la reunión del Espai pel Diàleg, convocada para este martes. En cualquier caso, el PSC destacó que tiene la certeza de que el juicio se celebrará con todas las garantías, que se podrán escuchar las versiones y el tribunal dirimir si se incumplió la legalidad para dictar entonces se dictará sentencia. “Pero estamos convencidos”, remarcó, “de que se están cumpliendo las garantías propias del estado de derecho”, afirmó.

Ya hemos dicho que no es incompatible tener presos políticos con bajar las tasas universitarias o los precios abusivos de los alquileres”, dice Joan Mena, portavoz de los comunes

Frente a esta visión, Catalunya en Comú sostuvo ayer que el traslado de los presos, con tanta antelación, fue una “anomalía democrática” y pidió las “máximas garantías” en el juicio al constatar que el PP, con la justicia, “ha hecho y deshecho a su voluntad”. Pese a este análisis, Joan Mena, portavoz de los comunes, defendió que es compatible defender los derechos de los presos con trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos rebajando, por ejemplo, las tasas universitarias o los precios abusivos de los alquileres. Los comunes suspendieron hace 10 días las conversaciones al constatar las enormes diferencias que tienen con el Govern en inversión social y en política fiscal. Mena reveló ayer que desde entonces, no ha habido ningún tipo de avance.

El diputado deslizó incluso que los comunes empezaban a “dudar” de la “voluntad” del Ejecutivo de aprobar las cuentas al sospechar que se sienten cómodos con unas cuentas de “austeridad”. Mena recordó que los grupos independentistas tumbaron hace dos semanas en el Parlament su propuesta de aumentar la presión fiscal en el tramo alto del IRPF y gravar el impuesto de sucesiones. “Les pedimos un proyecto de presupuestos serio y creíble. Probablemente, están más próximos a aprobar las cuentas con el PP y Ciudadanos que no abrir una vía de negociación con nosotros”, dijo. Los populares presentaron la semana pasada en la Cámara un plan, que conciben como una “revolución fiscal”, que está en las antípodas de los comunes: supresión del impuesto de sucesiones y donaciones; la reducción del 5% del IRPF; la rebaja en dos puntos del impuesto de patrimonio y la supresión del impuesto de patrimonio hasta los 700.000 euros.

Las negociaciones con los comunes, en cualquier caso, no están rotas. Elsa Artadi, la portavoz del Ejecutivo, ya expresó la semana pasada su deseo de retomar esos contactos, que han quedado relegados ante la actividad frenética tanto de Torra como del vicepresidente Pere Aragonès —participó en varios actos de ERC y viajó a Suiza a entrevistarse con Marta Rovira— con motivo del traslado de los presos. “Cataluña necesita esas cuentas. Somos líderes en listas de dependencia, en alquileres abusivos y tasas universitarias. La responsabilidad es ahora suya”, dijo Mena.

El Govern y Ciudadanos tienen rotas sus relaciones desde que Arrimadas se negó a acudir al Palau a entrevistarse con Torra y desde que reclama con vehemencia la aplicación del artículo 155. Más allá del juicio del procés, su postura es que el Govern ha decidido no gobernar y que su único objetivo es mantener su modus vivendi y los “chiringuitos” del proces y agitar el independentismo. “El Govern no gobierna y sigue apostando por la unilateralidad y animando a los violento. El PSOE y Podemos sin cómplices de blanquearles”, afirmaron ayer fuentes de la formación naranja.

El juicio no puede conllevar un parón en la acción del Govern, que ya es muy escasa", avisa Salvador Illa, del PSC