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El Tribunal Supremo complica aún más el futuro del Atrium Beach

La Sala de lo Contencioso-Administrativo no admite los recursos de la empresa y el Ayuntamiento contra la nulidad de las licencias de obra

El Atrium Beach, a medio construir, en una imagen de 2011.
El Atrium Beach, a medio construir, en una imagen de 2011. ROSA FUSTER

El Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite los dos recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y la mercantil Hotel Luna S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que, en diciembre de 2017, declaró nulas las licencias de obra de 2006 y 2007 del complejo hotelero Atrium Beach, rebautizado después como La Vila Resort, localizado en primera línea de playa en el término municipal de La Vila Joiosa. El tribunal valenciano también había anulado el decreto de Alcaldía que dio el visto bueno al reinicio de los trabajos y ordenó, por tanto, la demolición de las obras no legalizables.

El Supremo ha considerado ahora que ninguno de los dos recursos tiene “fundamentación suficiente” y que tampoco se aprecia un “interés casacional objetivo”. Sobre el recurso del Ayuntamiento, el Supremo afirma que ni siquiera se concreta cuál es la cuestión de interés casacional” y en cuanto al recurso de la mercantil, la Sala opina que la cuestión planteada “es ajena a la hermenéutica del precepto cuya infracción se denuncia”.

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Las irregularidades en la construcción del complejo se detectaron en 2003 tras la muerte de tres trabajadores en dos accidentes laborales. En aquel momento trascendió que el hotel tenía un exceso de edificabilidad de 53.000 metros. Desde entonces se han sucedido un sinfín de procedimientos judiciales en diferentes instancias promovidos por el ex concejal de la localidad, Pedro Lloret. En 2012 el Supremo ya se pronunció por primera vez sobre la ilegalidad de las obras realizadas.

En todo este tiempo, la propiedad ha mantenido que las licencias están en vigor. Un portavoz de la empresa ha señalado a EL PAIS que “pueden retomar las obras cuando quieran porque tienen todas las licencias”. En este sentido, el juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante determinó hace poco más de un año que dichas licencias no podían darse por caducadas, después de que Pedro Lloret hubiera reclamado su caducidad. Y a ello se acoge Hotel Luna para insistir en que las licencias están en regla. Una resolución que, no obstante, fue sorprendente porque mientras el TSJ había anulado las citadas licencias, otro juzgado sostenía que no habían caducado.

Ahora, tras la última providencia del Supremo cabría pensar que la coyuntura aboca al inmueble a ser demolido. Sin embargo, las partes implicadas no coinciden en sus valoraciones.

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La primera en pronunciarse ha sido la empresa Hotel Luna que, en un comunicado, ha anunciado su intención de seguir recurriendo porque considera que la providencia del Supremo “es un mero trámite procesal más ante el que cabe recurso”. Ya han avanzado que lo presentarán “en tiempo y forma ante la instancia preceptiva” sin precisar nada más. Recuerdan además que este asunto fue favorable a sus intereses en primera instancia y que ahora se mantendrán “a la espera de instancias superiores”.

Hotel Luna subraya además que la decisión del Supremo “no pone en tela de juicio la continuación del desarrollo del proyecto” y recuerda que existen sentencias que han rechazado la caducidad de la licencia reclamada en los tribunales por Pedro Lloret. Ello, agregan, “ha refrendado judicialmente las tesis sostenidas por esta mercantil durante muchos años". Como en anteriores ocasiones, la empresa de La Vila Resort acusa a Lloret de “acoso contra el proyecto” al haber interpuesto “más de una veintena de contenciosos”.

El edificio ya no tiene licencia, según Urbanismo

El Ayuntamiento, la otra figura que recurrió ante el Supremo, no lo tiene tan claro. Su concejal de Urbanismo, Jaime Ramis, ha mostrado su “absoluto respeto” a la resolución judicial y considera que tras la misma, el edificio “ya no tiene licencia y pesa sobre él una orden de demolición”. Ramis, en declaraciones a este diario, ha subrayado que el gobierno local estudiará la providencia “y entiendo que después se requerirá a la empresa a que presente el proyecto de demolición”.

De cualquier forma el concejal de Urbanismo expresaba su convencimiento de que “esto no va a ser cosa de dos días ni el derribo se va a producir mañana” a pesar de que en su opinión “ya no caben más recursos” y que alguien, en alusión a Pedro Lloret pero sin citarlo, “pedirá la ejecución de la sentencia”.

El propio Lloret, por su parte, también se ha mostrado convencido de que el asunto ya no tiene más recorrido judicial. “En el caso de que se pudiera acudir a alguna instancia, sería engordar el asunto para que al final la resolución fuera la misma” sostenía. El ex concejal vilero cree que se ha llegado “a un punto de no retorno” y ha instado a hacer una reflexión “sobre la responsabilidad de quienes informaron favorablemente y quienes votaron a favor de algo que no era correcto”.

Las palabras del ex edil apuntaban no solo al gobierno local del PP que concedió las licencias, sino también al actual –formado por PSOE, Gent per La Vila y Esquerra Unida- “porque podían haber declarado la caducidad de las licencias y que se adaptase todo a la realidad actual, pero votaron en contra. Ahora estamos en un callejón sin salida”.

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