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OPINIÓN i

Montserrat, mito y realidad

En estos momentos la mejor noticia de esta esta crisis es la creación de una comisión de transparencia que indagará denuncias sobre supuestos abusos a menores que afecten a los benedictinos

Turistas en el monasterio de Montserrat.
Turistas en el monasterio de Montserrat.

La salida a la luz pública de la denuncia de presuntos abusos sexuales que sufrió Miguel Hurtado cuando tenía 16 años (1998) por parte del monje de Montserrat Andreu Soler, responsable del grupo scout del monasterio, ha sacudido el imaginario catalán. Eran muchos quienes cruzaban los dedos para no ver salpicada a la abadía por el escándalo de la pederastia. El encubrimiento de dos abades —Cassià Just y Sebastià Bardolet— trató de echar tierra sobre el asunto y llegar a un acuerdo con la víctima. Los actuales responsables del monasterio aseguraron que, de producirse ahora, llevarían el caso ante la justicia civil. Lo cierto es que, cuando hace años tuvo conocimiento de lo sucedido, la jerarquía abacial adoptó una actitud de defensa corporativa y trató —en la mejor tradición eclesial— de cerrar el caso sin ruido. En este momento, la mejor noticia de esta esta crisis es la creación de una comisión de transparencia que indagará denuncias sobre supuestos abusos a menores que afecten a los benedictinos. Se trata de afrontar la realidad y dejar de blandir como arma el Montserrat mítico.

La jerarquía abacial desmintió hace 18 años lo publicado por este diario respecto a un grupo de monjes que cada vez hacían más explícitas manifestaciones de su sexualidad, a pesar de las denuncias de algunos compañeros y del acoso del que eran supuestamente víctimas integrantes de la comunidad. Un movimiento promovido desde el entorno jerárquico, tan propicio a cultivar imagen en base al mito, negó esta eventualidad con toda la artillería a su disposición. Manifiestos de personalidades cívicas y políticas quisieron poner au dessus de la mêlée al santuario mariano, como si en ello fuera el prestigio de la nación. Era empeñarse en no afrontar el problema y seguir la estela de Aureli Escarré, a quien el mito ha situado como el abad que tuvo que irse al exilio. La realidad, en cambio, ha mostrado que su mandato fue controvertido internamente.

Eran muchos quienes cruzaban los dedos para no ver salpicada a la abadía por el escándalo de la pederastia

Escarré hizo en 1963 unas célebres declaraciones a Le Monde en las que afirmaba: “En una gran mayoría, nosotros los catalanes no somos separatistas (…) Nosotros somos españoles, no castellanos (…) ¡Colectivamente nuestros hombres políticos no son cristianos!”. Un mazazo de afirmaciones que, paradójicamente, no obtuvo respuesta del franquismo. Su marcha al “exilio” de Viboldone, cerca de Milán, no se produjo hasta 18 meses después, en 1965. La laxitud temporal empleada con Escarré choca con la celeridad que el régimen franquista empleó en el caso Añoveros, en 1974. En aquella ocasión, el obispo de Bilbao fue puesto en arresto domiciliario tres días después de pronunciar su homilía en defensa de la identidad vasca. En cambio, dos días después de que aparecieran sus declaraciones a Le Monde, Escarré viajó a Italia y uno de sus secretarios escribió: “Repetidamente manifestó el temor, que parecía más bien un deseo, de que vería impedida la entrada en su vuelta a España”. Nada de esto sucedió. Y es que hasta que se descaró con sus declaraciones, Escarré era considerado “uno de los nuestros” por la dictadura nacional-católica. Recibía a Franco bajo palio y se codeaba con las llamadas primeras autoridades civiles y militares. El periodista Lluís Permanyer en Sagarra, vist pels íntims (Edhasa, Barcelona, 1982) explica un diálogo entre el escritor y el abad: “Paco [así llamaba Escarré a Franco] es muy católico”, afirmó el abad y el escritor replicó: ¿Sí? Pues hoy ha hecho fusilar a unos cuantos en el Camp de la Bota!”.

Durante su mandato, las denuncias en Roma por abuso de poder y mal hacer intra-monástico se acumulaban, pero alguna complicidad vaticana les ponía sordina o directamente las traspapelaba. Finalmente, en 1961 fue cesado sin ruido, muy eclesialmente. Gabriel Brasó con el beneplácito de la mayoría fue nombrado abad coadjutor con derecho a sucesión, lo que en lenguaje civil significa que era quien ostentaba el mando en plaza. Luego llegaron las célebres declaraciones. Escarré nunca tuvo que tomar la vía del exilio y murió y recibió sepultura en Cataluña. Pero triunfó el relato del mártir exiliado, que actuó de empalizada frente a las críticas de despotismo.

Pero eso ya forma parte de la historia. Actualmente, el monasterio sigue siendo un referente religioso y político-patriótico para muchos catalanes. Ahora bien, en lo tocante a los derechos humanos reconocidos por la justicia civil —la única reamente existente— es hora de afrontar los hechos. Lo demás hay que dejarlo para la literatura.

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