La cuñada de Carmela Silva declara con evasivas sobre su supuesto enchufe en el Ayuntamiento de Vigo

Después de dar plantón al tribunal y estar ilocalizable para que la Audiencia Provincial de Pontevedra pudiera notificarle por escrito su comparecencia como testigo en el juicio sobre su presunto enchufe en el Ayuntamiento de Vigo, Vanesa Falque Barral tuvo que ser conducida este miércoles por dos agentes de la policía nacional hasta la sala de vistas. Aun así, la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, cuyo contrato laboral entre 2008 y 2013, supuestamente irregular, se ventila en la sección quinta de la Audiencia con dos acusados por prevaricación y malversación, declaró con evasivas y sin concretar quién la había contratado: “No me acuerdo de nada” y “ni idea” fueron algunas de sus respuestas.

Su actitud obligó al presidente de la sala a responder a la testigo con varias llamadas de atención y advertirle que podía incurrir en un delito de obstrucción a la justicia. Falque insistió varias veces que no recordaba cómo consiguió el trabajo en la concesionaria municipal encargada de la gestión de los centros cívicos en Vigo y zanjó el interrogatorio diciendo que había logrado el puesto entregando su currículo en esta empresa para hacer encuestas. Sin embargo, tras las insistentes preguntas de la acusación, la testigo acabó dando alguna pista sobre en qué consistía su trabajo. Según ella, se limitaba a realizar llamadas para encuestas de satisfacción entre los ciudadanos aunque no tuvo que ver con los formularios e informes finales.

También comentó Falque que a pesar del poco tiempo que tenía para hacerlas nunca se sintió agobiada, una declaración que contrasta con la versión de la fiscalía, que sostiene que la cuñada de Silva no realizó encuestas durante los cinco años que duró su contrato sino que sirvieron de argumento para elaborar su nómina.

Este miércoles también declaró una perito que analizó las encuestas y afirmó que estas carecían de rigor metodológico y estaban por encima de los precios de mercado. La experta puso en duda que estos sondeos se pudiesen realizar en menos de una semana, en algunos casos con 1.000 llamadas, y su precio le pareció muy elevado.

Según la acusación del fiscal, Vanesa Falque fue contratada pese a que la empresa municipal no necesitaba sus servicios. La testigo había estado imputada en la causa por supuesto tráfico de influencias hasta junio de 2016, cuando la instructora acordó apartarla del caso por prescripción del delito. No así al funcionario municipal Francisco Gutiérrez y el gerente de Imesapi, Ramón Comesaña, que son juzgados por este tribunal por haberse prestado a falsificar el contrato de Falque por unas encuestas que ella nunca realizó. El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones y mantiene una petición de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para el primero, y de siete de prisión y 20 de inhabilitación para el segundo.

Las defensas han pedido la absolución de ambos acusados alegando que, en todo caso, los hechos serían subsidiarios de un delito de tráfico de influencias que estaría prescrito, tal y como se consideró en la instrucción respecto a Falque porque habían transcurrido tres años después de finalizar su contrato. El caso ha quedado visto para sentencia.