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Apartada de la causa por presunto enchufe la cuñada de Carmela Silva

La juez alega prescripción del delito en el contrato de Vanesa Falque pero afirma que “las relaciones de parentesco de la investigada con la entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo” influyeron en su contratación

Caballero, Silva y José Blanco, en un acto del PSdeG en 2012.
Caballero, Silva y José Blanco, en un acto del PSdeG en 2012.ANXO IGLESIAS

La juez de Vigo Carmen García Campos acordó este martes archivar la investigación por presunto delito de tráfico de influencias contra Vanesa Falque, cuñada de la presidenta de la Diputación Carmela Silva, que fue denunciada por la Fiscalía por haber sido contratada en el Ayuntamiento de Vigo durante cinco años sin ir a trabajar. La magistrada acordó en un auto apartar de la causa a Vanesa Falque, atendiendo un recurso de su defensa en la que solicitaba la prescripción del delito, alegando que habían transcurrido más de tres años desde su contratación cuando se incoaron las diligencias.

En el mismo auto acordó continuar la investigación por los delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental, derivados de la contratación de Falque, en la que están implicados el edil socialista Santos Héctor Rodríguez; el funcionario municipal, Francisco Gutiérrez Orue y el responsable de la concesionaria municipal Imesapi que la contrató, Ramón Comesaña. La decisión de la jueza, con el informe favorable de la Fiscalía, que ya dejó también fuera de la causa a otro empleado de Imesapi, se produce apenas un mes después de declarar la causa compleja y prorrogar la investigación que arrancó por una denuncia de Xuntos por Galicia.

En el mismo auto donde archiva parcialmente la causa, la jueza argumenta con contundentes fundamentos jurídicos la investigación respecto a Vanesa Falque aunque haya prescrito. Según ella, consta plenamente documentado en las actuaciones que Vanesa Falque Barral fue contratada por la empresa Imesapi, firmando un primer contrato para sustitución de otra empleada el día 17 de junio de 2008 y un segundo contrato seis días después que se mantuvo en vigor hasta julio de 2013. La fecha de finalización del contrato laboral de Falque coincide con el de la adjudicación por parte del Concello de Vigo a la propia empresa, encargada de la gestión del servicio público municipal de los denominados Centros Cívicos vigueses, según el auto.

Para la magistrada, la declaración del responsable de Imesapi, Ramón Comesaña, afirmando que la empresa “no necesitaban de más personal en los citados Centros Cívicos que el que ya tenían, y que la contratación de Vanesa Falque le vino impuesta desde el Concello de Vigo, no constándole qué es lo que ella hacía”, son indicios suficientes de tráfico de influencias. Comesaña –subraya la jueza-, dijo que su empresa “creía que hacía lo que desde el Concello de Vigo se les decía que hacía, así como que dicha contratación, en tales circunstancias, se mantuvo durante cinco años”.

“No se sostiene el pretender que no existían indicios de ilícito penal” respecto a Vanesa Falque, argumenta la jueza. “Luego habrá que convenir que para cualquier otra persona anónima, carente de las relaciones que en este caso sí tenía la investigada por su parentesco con la entonces teniente de alcalde del Concello de Vigo, el acceder a un contrato de trabajo de cinco años de duración, cobrando puntualmente su nómina, en una empresa que no necesitaba de sus servicios y bajo los auspicios del propio Concello de Vigo sería una pretensión sencillamente ilusoria”, concluye la magistrada.

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