Acciona dice que la propuesta de liquidación de ATLL es “un fraude”

El culebrón por la gestión de la empresa de aguas Aigües Ter Llobregat parece no llegar a su fin. En medio están los cerca de 350 trabajadores, que por el conflicto que mantienen la Generalitat con un consorcio liderado por Acciona, están dados de alta dos veces en la seguridad social: una por ATLL, la concesionaria que sigue gestionando la empresa pese a que una sentencia del Tribunal Supremo declaró nulo el contrato de la mayor privatización llevada a cabo en Cataluña (1.000 millones de euros para la gestión durante 50 años); y la otra por ATL, la empresa pública que debería haber empezado a operar el 1 de enero pero que todavía no lo hace por el conflicto que tiene abierto por la liquidación de la empresa.

Este jueves, Acciona ha tachado la segunda propuesta de liquidación de la Generalitat (que prevé una compensación de 53,8 millones de euros) de "claramente fraudulenta", y ha detallado las alegaciones que presentará para pedir una nueva propuesta de liquidación. La compañía asegura que dicha propuesta, planteada el pasado 28 de diciembre, únicamente incorpora algunos retoques y matices de carácter cosmético pero mantiene "la esencia confiscatoria" de la primera.

En este sentido, Acciona mantiene en 305,2 millones la compensación que debe recibir en virtud de la cláusula del contrato entre la ATLL y la Generalitat que establece la indemnización a abonar en caso de resolución del contrato durante el periodo de vigencia. Esta partida forma parte del total de 1.036 millones de euros que Acciona reclama a Cataluña, que incluye una reclamación por perjuicio económico por lucro cesante valorado en 769 millones, al que se le resta el importe neto de los conceptos por liquidación ordinaria del contrato.

De su lado, Pioneer Point Partners, el socio internacional de Acciona en el consorcio de la ATLL, ha afirmado este jueves en un comunicado que las acciones que está llevando a cabo la Generalitat para renacionalizar la ATLL son "injustas, ilegales e incluso fraudulentas". El inversor internacional además se muestra sorprendido por la actuación de la administración catalana con los inversores, que consideran chocantes por ser de un gobierno regional europeo. La compañía asegura que con esta actuación la Generalitat tiene poca visión de futuro si su objetivo es "convertirse en un Estado respetable de la Unión Europea".