El rentable negocio de las terrazas: un euro al día por mesa en la Barceloneta

Una mesa al sol en la turística avenida Joan de Borbó de la Barceloneta le cuesta a los restauradores de la zona 1,04 euros diarios. Sus terrazas son las más caras de Barcelona, aunque el precio se compensa minuto y medio después de abrir el local. En La Rambla, el Ayuntamiento de Barcelona cobra por mesa 198,99 al año. En otras áreas de menos afluencia, la mesa va a 0,17 euros el día. El coste de la mesa es irrisorio, pero en la guerra entre el Gremio de Restauración y el Consistorio por la normativa de terrazas el precio no es lo más importante. Los empresarios luchan por mantener y ampliar el número de mesas. El Ayuntamiento, en cambio, aboga por no saturar la vía pública y defender los derechos de otros vecinos. Una guerra sin fin y sin ganadores.

En julio de 2016 el distrito de Ciutat Vella envió a varios técnicos a requisar mesas de los porches de la Boquería. La concejal del distrito, Gala Pin, denunciaba que de los 16 negocios que operaban, solo cuatro tenían licencia. Tras sanciones y mucha mediación, se estudió caso a caso y se concedieron licencias para 36 mesas. La paz se firmó el pasado julio, dos años después. Días antes, restauradores y consistorio anunciaban lo que parecía el fin de la guerra con una ordenanza nueva.

La norma que heredó Colau cuando llegó al cargo la diseñó el exalcalde Xavier Trias con el apoyo del PP. Con ella se eliminaban miles de mesas, pero Colau aplicó una moratoria y negoció con los restauradores. El principal escollo de la ordenanza de Trias era las distancias entre sillas, mesas y fachadas, pues se exigía 1,8 metros para que las personas con movilidad reducida pudieran pasar sin encontrar obstáculos. Otro problema era que a los locales con un aforo superior a 16 personas, contando la terraza, se les exigía dos baños y dos lavabos.

Una nueva ordenanza

Tras reunirse con los restauradores, Colau rediseñó la norma y permitía que las terrazas no tuvieran que estar obligatoriamente frente al local y que la distancia de paso para personas con movilidad reducida se redujese a 1,50. Lo del número de lavabos se limitaba a locales de nueva creación.

El problema llegó, no obstante, con el requisito de que, aunque la norma era efectiva para toda la ciudad, sería cada distrito el que la aplicase teniendo en cuenta sus peculiaridades. De hecho, no habían pasado ni cuatro meses desde su aprobación cuando el Gremio sacó a sus empresarios a la calle acusando a Pin de estar realizando una “supresión masiva de terrazas” en Ciutat Vella alegando “problemas de espacio público”. La concejal, por su parte, siempre ha asegurado que en el distrito hay muy poco espacio libre y es su obligación “garantizar que haya diversidad de usos en la vía pública”. La regidora mantiene que está cumpliendo a rajatabla la ordenanza.

El gremio encontró aliados en la oposición y PDeCAT, C’s, PSC y PP consiguieron el pasado miércoles constituir una comisión de seguimiento de la ordenanza de terrazas en Ciutat Vella. Durante el pleno acusaron al distrito de falta de transparencia y de diálogo. Pero si el gremio se considera perjudicado, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y ECOM, el movimiento asociativo integrado por organizaciones de personas con discapacidad física, también. Ambos denuncian que los criterios de accesibilidad de las terrazas “no pueden ser orientativos y flexibles tal y como permite la ordenanza y deberían ser iguales en toda la ciudad”.