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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

¿Qué hacer en Cataluña?

La situación de prisión provisional sin fianza de los acusados por el proceso independentista es un punto doloroso, contrario incluso a posiciones moderadas y que debería terminar, ya

Ángel García Fontanet
Josep Rull y Jordi Turull este viernes a su llegada a la sede del Tribunal Supremo en Madrid.
Josep Rull y Jordi Turull este viernes a su llegada a la sede del Tribunal Supremo en Madrid.Francisco Seco (AP)

El último sondeo electoral del CEO indica que ERC y JxC —que no puede decirse que vayan de acuerdo— quedan, en el mejor de los casos, lejos de la mayoría absoluta. Con la CUP, excepto para posturas extremistas, no se puede contar ni por ahora ni para un futuro previsible. Unas nuevas elecciones no serán solución y, sin embargo, la actual situación no puede continuar: el Govern no gobierna, el Parlament no legisla y parece como si estuviésemos en una autoaplicación del artículo 155 de la Constitución.

No obstante, no faltan algunos hechos positivos: lo avala las nuevas maneras del Gobierno Central, que sería un error no aprovechar a la vista de las otras alternativas presentes (PP y Ciudadanos) y el inaugurado diálogo entre la mayoría de los partidos catalanes que habría de profundizarse.

La experiencia histórica enseña que es con el PSOE cuando Cataluña ha obtenido las mayores cotas de autogobierno, antes y después de la Guerra Civil. Más allá, por ahora, quedan los sueños. Ahora, el gobierno de Madrid ha de hacer una oferta legal pero de máximos que facilite un nuevo sistema jurídico. Los años transcurridos desde el inicio del procés no han sido en balde y de su examen sereno y objetivo se deducen algunas consecuencias provechosas:

1) El proceso catalán es de naturaleza popular, multitudinario y pacífico. Las diversas manifestaciones han sido familiares, festivas, sentimentales y siempre, alejadas de toda violencia. Ni una sola víctima mortal. Esto, entre otras causas, ha producido la inhibición de toda la comunidad internacional. No hay víctimas, piensan, no hay problema. Así de duro. Chandra Bose, nacionalista hindú de los años 40 del siglo pasado les decía a sus partidarios: “traedme sangre y yo os daré independencia”. El problema catalán, dado que Cataluña goza de un generoso autogobierno dentro de un sistema democrático que ocupa un lugar destacado en el ranking mundial, internacionalmente no lo es. Y lo que corresponde es pasar página. Todo intento de internacionalizar el conflicto está condenado al fracaso. Si Occidente no intervino cuando la Guerra Civil (1936) ni después de la derrota del fascismo (1945) ¿va a hacerlo ahora? Sobra la respuesta. Todo quedará, como máximo, en buenas palabras, gasto público, rasguños a Madrid y brindis al sol. El poder de España, a día de hoy, en el mundo occidental es muy grande. Tomemos nota.

2) Desde el independentismo y simultáneamente, se defienden dos tesis contradictorias y que, mutuamente, se anulan: que los actos de proclamación de la independencia constituyen hechos fundacionales y decisivos para Cataluña y/o que fueron, simplemente, simbólicos, aparentes, de broma, de farol, en resumen, jurídicamente intrascendentes. Ni tan siquiera fueron publicados en el Diario Oficial de la Generalitat ni parece que vayan a serlo. ¿En qué quedamos? O caixa o faixa y, siempre seriedad.

3) El inicio del juicio oral contra los políticos catalanes se acerca. Sería un error empeñarse en que España no es un Estado democrático o que en él no se respeta la separación de poderes, que el Tribunal Supremo o el procés están politizados o que la sentencia ya está dictada. Como razonamientos jurídicos tienen poco recorrido. Los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se presume, que son personas rectas y justas. Lo tienen demostrado, lo contrario sería una catástrofe inaudita; y todos debemos colaborar en que así sea, evitando declaraciones que puedan entorpecer el libre funcionamiento de los Tribunales. Nos va mucho en ello. La futura sentencia cabe pensar, en el peor de los casos, que será condenatoria por sedición y moderada. Parece obligado analizar la aplicación de la cláusula atenuatoria del artículo 547 del Código penal que posibilita que se imponga una rebaja de la pena en uno o dos grados. Además, quedan, para en su momento y caso, las vías del indulto y de los beneficios del régimen penitenciario. El Tribunal Supremo es consciente de la situación y, a buen seguro, que ponderará también las resoluciones de los tribunales europeos en el asunto de las euroórdenes, máxime si se atiende a que aquella resolución será examinada probablemente por jueces supranacionales. Los acusados catalanes no son unos delincuentes natos, clásicos, usuales, son algo distinto y discernirlo constituirá uno de los temas principales del futuro debate procesal. Una cosa es defender que no cometieran ningún tipo de infracción penal y otra, muy diferente, que los implicados en su condición de catalanistas convencidos y de buena fe realizaron (con pérdida del sentido de la realidad, por ambición, error, incompetencia o falta de seny), unos actos atentatorios del orden constitucional y de la ordenada convivencia entre los ciudadanos de un Estado democrático en el que los cambios, por las vías legales, están absolutamente permitidos.

4) La situación de prisión provisional sin fianza de los acusados. Se trata de un punto doloroso, contrario incluso a posiciones moderadas y que debería terminar, ya. Pero seamos honestos: cabe pensar, razonablemente, que los acusados residentes en el extranjero con su actitud (humanamente explicable) han proporcionado el mejor argumento para el mantenimiento de la prisión para el resto de los acusados, el riesgo de fuga, que ellos ya han materializado.

¿Qué hacer, ahora? Sencillo y complicado: aceptar la realidad y administrarla con responsabilidad. Actuar en público conforme con lo que se reconoce en privado. A lo hecho pecho. Aprender es de sabios y es necesario realizar las pertinentes adaptaciones para lograr una mayoría parlamentaria operativa y un acuerdo, para nuestro tiempo, con el Estado. Los partidos y las instituciones tienen que confiar más en los ciudadanos: entienden más de lo que pudiera parecer. Valor.

Àngel Garcia Fontanet es magistrado jubilado

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