El TSJC pide investigar el lanzamiento de estiércol en los juzgados

Una veintena de juzgados catalanes han sufrido, en las últimas semanas, acciones vandálicas por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR). Según han explicado a EL PAÍS fuentes judiciales, la mayoría de ataques ha consistido en el lanzamiento de estiércol junto a la fachada de las sedes fiscales y judiciales y en la distribución de carteles en los que se denuncia que “la justicia española es una mierda”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Barrientos, ha pedido al jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, que le remita una “relación circunstanciada de incidencias” en la que se recojan “todas las acciones realizadas contra sedes judiciales”. El escrito también pide que se analicen los ataques contra domicilios de jueces o sus familias. Y reclama a los mossos que expliciten “las diligencias policiales abiertas” a raíz de esos hechos.

Algunos de esos ataques —perpetrados en horario nocturno o a primera hora de la mañana, antes en todo caso del horario de apertura de los juzgados— han sido publicitados en redes sociales por los propios CDR, que aparecen en fotografías y vídeos encapuchados junto a los juzgados. La iniciativa pretende denunciar el encarcelamiento de los políticos independentistas y el inminente juicio del procés en el Tribunal Supremo.

La “injusticia” española

En uno de los últimos ataques, los CDR de Ponent difundieron que habían arrojado estiércol en la puerta de tres juzgados de la provincia de Lleida: en Lleida capital, Balaguer y Cervera. “La injusticia española tiene presos políticos, exiliados, bloquea leyes y provoca huelgas de hambre. No aceptamos este sistema judicial apestoso”, escribieron en Twitter. Barcelona es la provincia que más incidentes de este tipo ha registrado. Tras esos episodios, el pleno del Consejo Fiscal aprobó una resolución de condena a los ataques. El órgano se expresó contra “cualquier tipo de presión en el ejercicio del servicio público que prestan fiscales y jueces, cuya principal perjudicada es la ciudadanía”.