Abren juicio oral al alcalde de Alcalá de Henares por una presunta prevaricación
El PSOE descarta la dimisión porque su código ético no contempla como delito grave convocar un pleno extraordinario con solo un día de antelación
El alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez Palacios, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. La juez que instruye el caso ha abierto juicio oral contra el regidor por los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos individuales. Rodríguez Palacios convocó en 2016 un pleno por la vía de urgencia con solo un día de antelación conociendo que dos concejales del PP no podían asistir. La cita iba a servir para la aprobación inicial de los presupuestos y sus votos eran intrascendentes porque el equipo de Gobierno (formado por PSOE, Somos Alcalá e IU) tenía mayoría suficiente para aprobarlos. El PSOE ha descartado la dimisión del regidor porque su código ético solo contempla ese extremo en “casos graves, violencia de género, corrupción o apropiación ilícita”.
El auto, fechado el 19 de diciembre, es el último trámite para convocar el juicio, que fuentes del PP estiman que se producirá en unos meses, por lo que podría coincidir con las elecciones municipales, fijadas el 26 de mayo y en las que Rodríguez Palacios vuelve a liderar la candidatura del PSOE en la ciudad complutense. Esta resolución confirma lo que la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá ya destacó en su procesamiento en octubre, en el que destacaba que existían “indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal” en la conducta del alcalde. El fiscal pidió el sobreseimiento de la causa en noviembre porque los hechos “no son constitutivos de delitos”. Los socialistas denuncian la “evidente intencionalidad del PP por dañar la imagen del alcalde, que no vulneró ningún derecho cuando estableció la urgencia del pleno”.
“Es la misma noticia que hace dos meses. El único cambio significativo es que el alcalde ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que está pendiente de resolución”, explica el PSOE de Alcalá en una nota de prensa. Para el PP se trata de una estrategia para burlar el código ético del partido. La secretaria de Organización del PSOE-M, Carmen Barahona, ha asegurado este jueves ante los medios de comunicación que su partido está “absolutamente tranquilo” con la noticia adelantada por ABC.
Código ético
Barahona ha anunciado que Rodríguez Palacios, que también preside el Comité Ético Regional, no está obligado a dejar la alcaldía porque el código ético del PSOE solo contempla la dimisión cuando un juez abre juicio oral “por un tema de corrupción, de enriquecimiento ilícito o de violencia de género”. Así lo indica el artículo 5.2 de dicha norma y el artículo 427 del Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos.
Sin embargo, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, dijo ayer, al ser preguntado sobre la cuestión en un programa de Telemadrid, que “si se abre juicio oral tomaremos medidas. Los estatutos están para todo el mundo y para cumplirse”. En opinión de su secretaria de Organización, el PP está denunciando en el ámbito penal un caso administrativo (aprobar los presupuestos de forma inicial). “Un Ayuntamiento no puede estar a expensas de las vacaciones de un concejal. Había quorum suficiente para realizar el pleno”, ha insistido Barahona.
La número dos de los socialistas madrileños ha explicado que tras el pleno se abrió un periodo de alegaciones y exposición pública en el que ni el portavoz del PP ni su partido hicieron alegación alguna. “Todo esto es una forma premeditada de dañar la imagen de un alcalde socialista. De judicializar la oposición de un partido, el PP, que cuando gobernó dejó la ciudad en la bancarrota y que ahora trata de ocultar su propia corrupción. Hay un concejal de ese partido en Alcalá para el que la fiscalía pide un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación y también se ha abierto juicio oral al alcalde de Meco por un tema de prevaricación”.
Fue el PP quien denunció el pleno extraordinario celebrado el 10 de junio de 2016, al entender que el alcalde actuó de mala fe. Los concejales fueron citados con solo 24 horas de antelación y, en opinión de este partido, la convocatoria por vía de urgencia no estaba justificada, mucho menos después de que el alcalde conociera que dos de sus concejales, entre ellos su portavoz, Víctor Chacón, no podían acudir por encontrarse de viaje fuera de España. Ambos ediles sí podían estar tres días después de la fecha marcada. La querella fue archivada en primera instancia, pero posteriormente la Audiencia Provincial ordenó la imputación de Rodríguez Palacios para que explicase las razones que le llevó a optar por una fórmula reservada a casos excepcionales.
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