La financiación de las guarderías variará según la renta de los municipios

La Generalitat estudia dar un vuelco al modelo actual de guarderías con dos modificaciones de mucho calado: que las subvenciones que reciben los ayuntamientos para sostener estos centros no sea uniforme como hasta ahora, sino que varíe según el nivel de riqueza del municipio e implantar la tarificación social en toda Cataluña (que las familias paguen según su renta). Se trata de una propuesta elaborada por la Diputación de Barcelona, que el Govern asume. “La Generalitat no puede tratar a todas las administraciones ni a todas las familias por igual porque no son iguales”, justifica Carles Martínez, secretario de Políticas Educativas.

Uno de los pilares del modelo actual que dinamita la propuesta de la Diputación es cómo se reparte el coste de las guarderías públicas, que son principalmente de titularidad municipal. El acuerdo firmado durante el tripartito fijaba que la financiación de una plaza (unos 5.400 euros) debía ser a tercios entre Generalitat, ayuntamientos y familias. Pero con la crisis, Enseñanza recortó su aportación de 1.800 euros hasta fulminarla en 2015 y endosar su parte a las diputaciones, lo que le ha costado varias sentencias en contra.

“Pronto recuperaremos la capacidad de inversión y debemos plantearnos si mantener el antiguo modelo de los 1.800 o mejorarlo”, plantea el responsable de Educación de la Diputación de Barcelona, Rafa Homet. La Diputación propone que la subvención de la Generalitat sea modulada, de forma que el importe que reciba cada ayuntamiento varíe según su capacidad de generar riqueza. “La linealidad rompe la equidad. Tenemos que invertir más donde más se necesita; no es justo que Sant Cugat del Vallès reciba lo mismo que Badia de Vallès”, ejemplifica Martínez.

Pero el cambio que más notarán los bolsillos de las familias es la voluntad de implantar en todo el territorio la tarificación social, lo que implicaría que el importe del recibo de las guarderías dependa de la renta familiar, una medida implantada en muchos municipios durante la crisis. La Diputación propone que las familias asuman entre el 3 al 73% del coste de la plaza . Pero Enseñanza tiene dudas. “Hay que respetar su autonomía y pactar cómo se aplica”, sea con becas o descuentos.

Con todo, el objetivo de Enseñanza es llegar al 60% de la escolarización en guarderías públicas —en 2014 era del 23%, según un informe del Síndic de Greuges—, aumentando la presencia de alumnos de entornos vulnerables. “Si una familia no se puede permitir una guardería por motivos económicos es un problema porque es un colectivo donde hay que actuar especialmente, porque el acceso a una guardería mejora la cohesión social”, incide Martínez. Pero ello implica un aumento considerable de plazas y de inversión, que la Generalitat no concreta. “Hay que invertir más y hacer más guarderías, pero es una voluntad y cuesta decir si será en 10 o 15 años”, admite Martínez, que sí concreta la fecha de aplicación de la reforma: 2020.

Una década para revertir los recortes

Actualmente el coste de las guarderías públicas (265 millones anuales) recae mayormente sobre las arcas de los ayuntamientos, que asumen el 45% de este importe, seguidos de las familias (37%), las diputaciones (13%) y la Generalitat (un 5%, correspondiente a la red de guarderías de su titularidad).

El Govern ya se ha comprometido a recuperar la financiación de las guarderías si logra aprobar los presupuestos. Carles Martínez admite que se hará de forma gradual y calcula que no se alcanzará el gasto en guarderías anterior a los recortes (45 millones) hasta de aquí “unos siete o diez años”. Además, Enseñanza necesita fondos para devolver las ayudas recortadas a los municipios, incluso a los que no han denunciado y evitar así la vía judicial.

Pero las diputaciones, que estos últimos años han aportado unos 33 millones, no se retirarían de la financiación. La propuesta del ente provincial barcelonés propone que asuman proyectos específicos como la atención a los alumnos con discapacidad o la formación del profesorado. Pero se trata de un modelo que falta acordar con el resto de diputaciones provinciales.